UNIDAD ¿A COSTA DE QUÉ?
El pasado mes de abril, las organizaciones anarcosindicalistas CGT, CNT y SO anunciaron públicamente un pacto para la unidad de acción de las tres organizaciones, pacto concretado en la defensa de las pensiones públicas, la defensa de la igualdad en los centros de trabajo y el fin de la represión desatada contra los movimientos sociales y el movimiento obrero. Este acuerdo viene a poner fin, en principio, a más de veinte años de desencuentros, cuando no a enfrentamientos -agresiones incluidas en algún caso- entre miembros de estas organizaciones.
Ni que decir tiene que este pacto ha causado un gran impacto entre la militancia del anarcosindicalismo, ya que es una noticia largamente esperada por muchos, entre los que me encuentro. De hecho, esta revista, La Campana, que nació, si no recuerdo mal, a raíz de los enfrentamientos que desembocaron en el V Congreso de la CNT, ha venido defendiendo la imperiosa necesidad de la reunificación libertaria y que no nos podíamos permitir el lujo de unos distanciamientos que nunca podrían beneficiar a la clase obrera, sino que, al contrario, solo podrían beneficiar al capitalismo y a los partidos que lo sustentan, por muy “progresistas” que se hagan llamar.
Sin embargo, no puedo más que mostrar mi decepción ante el pacto suscrito, decepción que se pueden resumir en dos aspectos: el contenido del pacto y el cómo se ha llegado a él, por lo menos por la parte de la CGT.
El pacto se establece para la movilización en defensa de las pensiones públicas, la defensa de la igualdad en los centros de trabajo y el fin de la represión desatada contra los movimientos sociales y el movimiento obrero; es decir, tres puntos que podrían ser suscritos por un montón de organizaciones con la que no iríamos ni de broma hasta la próxima esquina. Bien es cierto que se indica en un preámbulo que las tres organizaciones queremos “construir una sociedad libertaria, en la que la explotación y la opresión hayan desaparecido”, pero no lo es menos que esta declaración no incluye ningún tipo de acuerdo que pueda coadyuvar a ese fin, que concrete las señas de identidad de estas organizaciones (anticapitalismo, acción directa, apoyo mutuo, federalismo) para ponerlas en común ni que establezca mecanismos de coordinación concretos ante las agresiones o para combatir esta sociedad injusta. En definitiva, el pacto no parece más que uno de las docenas de acuerdos que se suscriben periódicamente entre organizaciones sindicales, salvo que en esta ocasión estas son organizaciones rojinegras.
Hay que destacar que no se establece ningún pacto de no agresión, ni siquiera ninguna declaración de repudio o rectificación de agresiones mutuas anteriores. Yo recuerdo, por ejemplo, como fuimos agredidos físicamente en la inauguración del monumento a Durruti en León por parte de miembros de la CNT o como SO rompió públicamente con la CGT a raíz de unos acontecimientos internos de esta organización en la que se inmiscuyó sin motivo alguno SO a través de su secretario general, que por cierto ahora forma parte -no sabemos por qué- del Consejo Editor del Libre Pensamiento, revista publicada por la CGT. Estos son ejemplos concretos, pero hay que tener en cuenta docenas de casos -son muchos años de enfrentamiento- acaecidos por toda la geografía española y que no se liquidan por este acuerdo, por muy esperanzador que pueda parecer. Las relaciones de ámbito local son muy importantes y la animadversión no se liquida por muchas declaraciones y pactos que se hagan por las alturas.
Y digo “por las alturas”. ¿Por qué? No sé cómo se ha llegado a este acuerdo en las otras organizaciones, pero en la CGT ha sido una absoluta sorpresa para su afiliación. ¿En qué reunión de la CGT se ha informado de la posibilidad de este acuerdo? ¿En qué reunión se ha abordado el alcance y los términos de dicho pacto para que la organización pudiera suscribirlo? ¿Cuándo el Secretariado Permanente ha sido autorizado para llegar a esta entente? No tengo más que recordar que, en todos los congresos habidos de la CGT se han presentado ponencias partidarias de la unidad anarcosindicalista y, lamentablemente, todas y cada una de ellas fueron rechazadas por el Pleno del Congreso respectivo. También en el último Congreso celebrado en Zaragoza fue rechazada una propuesta similar. Bien es cierto que estoy seguro de que no fueron rechazadas por lo magro, sino por los términos o el contexto en que dichas propuestas fueron formuladas, pero precisamente por esto es imprescindible que dichos términos hubieran sido debatidos por el conjunto de la Confederación -habría que haberlo hecho aunque se tratase de llevar a cabo un acuerdo de Congreso, para ver precisamente si el acuerdo se cumplía en sus justos términos o no- y este debate no se ha llevado a cabo. El Secretariado Permanente de la CGT, de nuevo, no se ha contentado con suplantar al Comité Confederal en esta cuestión, sino que ha decidido, en nombre de toda la CGT, algo que esta no ha debatido ni acordado. Con un acto totalmente autoritario, ha pactado con el resto de organizaciones rojinegras un acuerdo sin trascendencia en su contenido, pero esencial por el mecanismo elegido para asumirlo.
La organización confederal no puede aceptar este funcionamiento y debe enfrentarse a los que están asumiendo el rol de dirigentes y asumen funciones que no les son propias. La virtud principal del acuerdo rojinegro es el de afianzar, en el caso de la CGT, el autoritarismo dentro de su seno. Es un costo demasiado grande el que ha pagado la organización por este pacto y un aviso para navegantes confederales. De nosotros y nosotras depende cambiar este rumbo o el desastre está servido. Seguiremos diciendo en nuestros folletos que “nadie decide por ti”, pero estaremos mintiendo: por ti decide el Secretariado Permanente de la CGT.