VII Época - 17

LA CGT, AL BORDE DEL ABISMO

El Secretariado Permanente de la CGT ha convocado, para el 18 de enero de 2024, una plenaria confederal. Esta había sido fijada para el 20 de diciembre, pero el SP ha decidido retrasarla sin más explicaciones de que así lo habían pedido algunas territoriales y sectoriales, sin añadir ninguna información de a qué entes se refiere o el motivo que han aducido para retrasar la reunión.

En esta plenaria aparece, dentro del punto 6.- Organización, el subpunto “Desfederación del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid (a petición de Madrid Castilla-La Mancha y Extremadura)”. Supongo que en la inclusión de este punto así expuesto no debe haber ninguna segunda intención y que ese “a petición” no se refiere estrictamente a la solicitud de inclusión del punto en el Orden del Día ni quiere decir otra cosa que “a propuesta”, que lo que debe decidir el Comité Confederal es si asume como propio el acuerdo de desfederar al sindicato y no la simple toma de conocimiento de una decisión adoptada y cerrada ya por MCLMEX. Las adhesiones las aprueba el Comité Confederal y, por lo tanto, lo mismo pasa con las, afortunadamente, escasas o casi inexistentes desfederaciones. Quizás venga a cuento recordar que el Comité Confederal, hace años, decidió la desfederación de Administración Pública de Valencia -por incumplimiento grave de acuerdos- y de dos sindicatos sevillanos como consecuencia de agresiones.

Para argumentar su decisión, MCLMEX remite a la Plenaria un dosier de 75 páginas. Lamentablemente se echan en falta en esas páginas tanto las actas de las reuniones en las que se tomaron las distintas decisiones contra el sindicato afectado como los escritos del sindicato oponiéndose a las acusaciones contra él vertidas y argumentando su posición. Esta documentación es imprescindible para valorar lo sucedido de la forma lo más serena posible y, a través de ella, podríamos observar con claridad si una de las quejas reiteradas del sindicato es cierta o no: que no se les ha dejado entrar en las reuniones en las que se tomaban aquellas decisiones (expulsión del afiliado, inhabilitaciones, cartas a las empresas, etc.), con lo cual se habría impedido, de una forma consciente, premeditada y antilibertaria, que se pudiesen refutar o atenuar las acusaciones que se formulaban contra el sindicato.

El detonante de todo parece ser, según la documentación aportada, la decisión de MCLMEX de que el STYC debería proceder a dar de baja a un afiliado porque había sido condenado por un tribunal por abusos contra un menor. Reunida la Asamblea General del sindicato, esta decidió no proceder a la expulsión. Ante estos hechos, resulta imprescindible dilucidar de quién es la facultad de acordar la expulsión de un afiliado, y esta cuestión está inequívocamente prevista en los Estatutos de la CGT en su artículo 31: “La Asamblea del Sindicato tiene la facultad de proceder a la baja, siempre mediante decisión razonada y mayoritaria, sin perjuicio del derecho que tiene el afiliado o afiliada para recurrir dicha decisión con los mecanismos correspondientes que marcan estos Estatutos.” Entonces igualmente está claro que la decisión de MCLMEX, al no aceptar la decisión de la Asamblea del sindicato, lo que hace es dejar en papel mojado este artículo de los Estatutos si aceptamos que otro ente distinto a la Asamblea puede expulsar a un miembro de la CGT y sancionar al sindicato que no admita la expulsión. Solo por esto, el proceso debería ser considerado viciado e invalidado desde un principio.

En este momento es conveniente que se tome en consideración que MCLMEX ha actuado con el único argumento de una sentencia, sin atender a otras consideraciones. Es importante recordar que, para la CGT, el valor de una sentencia judicial es relativa dado lo que opinamos sobre el papel de los jueces en esta sociedad. Por eso es importante que el asunto hubiera sido visto por la Asamblea General: en ella, los cegetistas pudieron oír al compañero afectado y valorar si la “verdad judicial” era absoluta. Y llegaron a la conclusión de que no. Y los demás tenemos la obligación de respetarlo, porque en aquel foro era en dónde estaban todos los argumentos posibles que posibilitaron el examen del caso. Los demás, incluyendo MCLMEX han tomado las decisiones, por decirlo así, de oídas.

A partir de este momento, no hemos ido más que de desastre en desastre: unas inhabilitaciones realizadas urbi et orbe, saliéndose totalmente del ámbito propio de la territorial; lo mismo con las comunicaciones a las empresas o los bloqueos de las cuentas bancarias. MCLMEX solo puede actuar en su ámbito, es decir, solo puede tomar acuerdos que la afecten exclusivamente a ella; en este caso, solo puede decidir inhabilitaciones para cargos propios, sin inmiscuirse en nombramientos que afectan a entidades ajenas. Por ejemplo, no puede inmiscuirse en cargos electos de secciones sindicales estatales o de federaciones sectoriales y lo ha hecho. Sería lo mismo que si la Federación de Transporte inhabilitase al secretario de MCLMEX para este cargo por pertenecer a su federación; en definitiva, sería instaurar el derecho de veto y convertir la militancia orgánica en una carrera de obstáculos interesada y cainita. Todo lo anterior sin entrar a valorar la injusticia que supone inhabilitar a compañeros y compañeras por cumplir una decisión emanada de la Asamblea de su propio sindicato, contraria a los deseos de la territorial.

Entre otras evidencias de la falta de posibilidad de defensa del sindicato y de las personas inhabilitadas (ahora, al parecer, expulsadas), no está de más el recordar que veinte compañeros y compañeras solicitaron la correspondiente comisión de garantías que, se supone, les permitiría exponer sus argumentos. De esto hace ya casi un año y aún están esperando que se formen dichas comisiones. Ante estas malas artes con las que se manejan unos cuantos cargos orgánicos, no es de extrañar que algunos hayan optado por recurrir a la justicia burguesa, dado que no era posible encontrarla dentro de la CGT. Otras decidieron, ante ataque tan descomunal, expresar sus opiniones a través de las redes sociales, opiniones que han supuesto nuevos motivos para ser puestas en la picota con acusaciones de todo tipo. Pues bien, no se puede olvidar que estas acciones -las judiciales y las redes sociales- son consecuencia directa del bloqueo partidista de los mecanismos que tenemos aprobados para la resolución de conflictos. Pedir que se utilicen las vías orgánicas cuando estas están cerradas a cal y canto es, por lo menos, ingenuo, y, seguramente en algún caso, hipócrita.

No sabemos qué pasará en la plenaria de enero, pero sea como sea, ya se ha abierto en la CGT una herida dificilísima de restañar. Las consecuencias internas y externas del conflicto, sea cuál sea la decisión final, son de una gravedad extrema. Externamente, las patronales y los sindicatos amigos de las patronales pueden estar contentos y aplaudir con las orejas: la probable pérdida de prestigio y representatividad en el sector es incuestionable. Telemárquetin, ferroviarios, correos, etc., son sectores en los que la CGT había conseguido una implantación notable que ahora se perderá, ya por vía directa de la expulsión, por el abandono de parte de la militancia por el hartazgo o por el propio descrédito orgánico entre la clase trabajadora. Internamente, porque el sostenimiento de este conflicto ha abierto heridas que no cerrarán fácilmente: el rencor se habrá adueñado ya de los espíritus de un numeroso grupo de militantes, militantes que no dejarán pasar la ocasión de revancha si esta se presenta. Un panorama nada alentador.

El jueves 18 de enero, la organización tendrá la oportunidad de abordar la cuestión con serenidad y generosidad. Si no lo hace así, si se deja llevar por las banderías, habrá dado un paso hacia el suicidio colectivo, ya que, de ahora en adelante, cada reunión, cada propuesta, cada cuestión que se plantee no se analizará con la mirada y la mente claras, sino mediatizada con el color del cristal de la banda o grupo de adscripción, convirtiendo cada decisión en campo de batalla para la venganza personal o de cuadrilla.

No se puede otra cosa que desear acierto a la plenaria de enero. Así lo pide la razón, pero también el corazón. La CGT siempre ha sido contraria a la pena de muerte, así que cuesta trabajo pensar que condene a la pena de muerte confederal a miles de afiliados y afiliadas. Si esto finalmente ocurre, si no es el principio del fin, está muy cerca.

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