VII Época - 19

OPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL COLECTIVO ECOLOGISTA FUTURO VEGETAL

Quince miembros del grupo ecologista Futuro Vegetal fueron detenidos el 21 de diciembre, en un operativo de la Policía Nacional que se desarrolló en paralelo en varias ciudades españolas. Con estas 15 ya serían una treintena de activistas del colectivo detenidas desde el 1 de diciembre. Todas ellas, tras ser interrogadas por la Policía Nacional, ya han sido puestas en libertad, aunque con cargos, acusadas de integrar una “organización criminal”.

Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil y acción directa no-violenta que lucha contra la Crisis Climática y por la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas; consideran a la ganadería el mayor usuario de tierras del planeta y el principal impulsor de la deforestación en el mundo, responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte mundial combinado.

Para señalar a los responsables de la emergencia climática y ecológica, Futuro Vegetal ha llevado a cabo en España y Francia distintas acciones directas de desobediencia civil no-violenta en este último año. Destacan su participación en el corte de la carretera M-40 de Madrid, en abril; el cierre de una pista del aeropuerto de Barajas durante 3 horas; las acciones protagonizadas en el verano en Ibiza, donde accedieron a la zona de seguridad del aeropuerto o la irrupción de activistas en el Congreso de los Diputados el 30 de enero. También, el pasado 16 de julio dos activistas arrojaron pintura en el yate privado de una de las mujeres más ricas del mundo, Nancy Walton, en Ibiza. Se sumaban así a la campaña convocada por Extinction Rebellion Ibiza, para pedir la prohibición de los jets privados por su alto impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. El 5 de noviembre, dos miembros del grupo se pegaron a los cuadros de ‘La maja desnuda’ y ‘La maja vestida’ de Goya, realizando una pintada con el lema “+1,5º” entre ambas pinturas como protesta contra el calentamiento global.

Las detenciones llevadas a cabo en este mes de diciembre culminarían una operación que ha implicado a la Guardia Civil española y a la Gendarmería francesa, con el balance de más de una treintena de detenidos, coincidiendo con la celebración de la cumbre climática COP28, en Dubai. La mayoría de los detenidos lo fueron en diversas ciudades españolas, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Granada, Cádiz, Alicante, Murcia, Lleida, Madrid, Soria y San Sebastián y dos de ellos, en Laruns, Francia, acusados de un acto de sabotaje cometido contra una gasolinera durante la madrugada del 8 de septiembre. Según el video difundido por Futuro Vegetal, se trataba de “una acción en solidaridad con E.S, ciudadano argentino encausado por un acto contra una multinacional de suministro de energía de electricidad y gas, propietaria de la gasolinera”.

Aunque las fuentes policiales que dan cuenta de las detenciones no especifican las acusaciones a las que se enfrentan los miembros del grupo ecologista, desde el propio colectivo se asegura que en la calificación realizada por la policía ante los juzgados se les acusa de “ser una organización criminal”, lo que, aplicando la “Ley Mordaza” vigente agrava extraordinariamente la amenaza de penas severas de prisión de hasta 8 años de cárcel, para castigar actos de desobediencia civil y acción directa no-violentos, anteriormente considerados faltas no sancionables con penas de cárcel tan graves.

En el acta de detención de uno de los activistas, llevada a cabo en Madrid el pasado 7 de diciembre, se describen los siguientes hechos, presuntamente cometidos: «constituir, coordinar y dirigir una organización criminal, así como participar activamente en las acciones de la misma consistentes en delitos de «desórdenes públicos, daños y contra la seguridad del tráfico», que -siempre, según la opinión de la policía- merecen la calificación penal provisional de «constituir, coordinar y dirigir una organización criminal».

Sin embargo, esta acusación les parece a los miembros del Futuro Vegetal “una barbaridad” policiaco-judicial, que pretende encubrir con una “macro-operación policial” el objetivo político ilícito de desarticular por la vía de la represión penal al colectivo ecologista, Futuro Vegetal. Desde el colectivo consideran que “es absurdo reprimir a activistas climáticas no violentas” y que “la criminalización de la protesta que está haciendo la Policía Nacional es irracional y desproporcionada”.

El portavoz de Futuro Vegetal, Bilbo Bassaterra, admite que “los activistas saben que se enfrentan a detenciones o multas cuando llevan a cabo acciones directas, que implican desórdenes públicos o daños al patrimonio”, en ambos casos restituibles y leves en su magnitud y concordantes con la “desobediencia civil”, reconocida como un derecho por la ONU y la legislación internacional de Derechos humanos. «El ejercicio de desobediencia civil no es un delito, sino un derecho reconocido por la ONU», asegura el abogado Bassaterra.

Señala el portavoz que “ahora, la acusación de pertenencia a organización criminal se sumaría a estos cargos de desórdenes públicos o daños al patrimonio y podría conllevar penas de cárcel que «dependen de la gravedad de los delitos que se nos imputen. Si son leves serían penas de 3 a 6 años y si son graves serían de 4 a 8 años, pero esto nos parece muy improbable». Así el ecologista y profesor de Filosofía Moral de la Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann, se enfrenta a 21 meses de cárcel por arrojar pintura biodegradable en una protesta frente al Congreso de los Diputados en 2022.

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