VII Época - 23

INFAMIA EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS

La violencia impune del gobierno español sobre cientos de migrantes

Desde hace meses, cientos de migrantes solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid viven en una situación desesperada, que cada día va a peor. Las autoridades españolas las mantienen confinadas y hacinadas en condiciones deplorables -desatención médica e higiénica, racismo y desprecio institucional e insalubridad extrema- en la zona de tránsito internacional del aeropuerto madrileño de Barajas.

Cuando un viajero llega a la zona de tránsito internacional del aeropuerto y quiere pedir asilo, la legislación nacional y europea de extranjería, establece que se ha de abrir por el Ministerio correspondiente (en este caso, la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior español) un procedimiento exprés para admitir o no su solicitud y permitir su entrada en territorio nacional mientras se estudia su petición.

Esta es la brecha legal que utilizan estas personas para intentar quedarse en Europa y pedir protección internacional sin tener que recurrir a las peligrosas rutas en patera o cayuco o meterse en los bajos de un camión. Compran un billete de avión con destino a un país que no exija visado de entrada, pero que en el trayecto haga escala en Barajas y, una vez el viajero en la zona de tránsito, presentar la solicitud de asilo en España, sin continuar viaje.

Desde este verano, cientos de personas han venido utilizando la prevista escala de su avión en Madrid (en su mayoría procedentes del aeropuerto marroquí de Casablanca con destino formal a diversos países latinoamericanos en los que no se exige visado de entrada) para pedir asilo. Este hecho venía siendo habitual, aunque hasta este año suponía un porcentaje reducido del total de las decenas de miles de peticiones anuales que se venían registrando en España, 118.000 en 2022 y 163.000 en 2023. Así, en 2023 se atendieron 2.861 solicitudes de asilo en el aeropuerto madrileño, y ahora, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 15 de enero, en apenas mes y medio, ya se presentaron solo en Barajas 847 peticiones, en su gran mayoría de personas procedentes de Somalia (aunque con pasaportes comprados en Kenia), pero también senegaleses, marroquíes e indios y, en menor proporción, hispanoamericanos.

Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta ofrecida por el Ministerio del Interior español -como se sabe, en su decir, ‘el más progresista y feminista’, medallista al por mayor en la “defensa de los derechos humanos’-, resultó infame para todas esas personas a las que se sometió a un maltrato y violencia inadmisibles. Limitándose a justificar la afrenta infringida, con la inadmisible excusa de que tramitar 847 peticiones de asilo y entrevistar a “tan alto número de personas” en mes y medio (20 al día) y atenderlas como se debe, desborda la capacidad del Ministerio del Interior y del gobierno español entero, pues no tiene ‘personal suficiente”.

Ya en el mes de julio de 2023, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyos equipos jurídicos suelen asistir a las personas que acaban en esta trastienda aeroportuaria, elevó una queja ante los juzgados de control de Madrid, después de que hubiera detectado a 250 personas hacinadas en las estancias del aeropuerto, incluidas familias con menores, todas ellas en condiciones deplorables y durante tiempo indefinido. Ante la denuncia, los jueces y el Defensor del Pueblo visitaron las instalaciones el 20 de diciembre y corroboraron el motivo de la queja. El Defensor del Pueblo señaló que “las personas se encuentran hacinadas y carecen de las mínimas condiciones de higiene y salubridad”. Con todo, la respuesta que siguió del gobierno español fue ruin.

Seis meses después de la denuncia de CEAR y del Defensor del Pueblo, la violencia estatal contra estas personas migrantes, lejos de disminuir, se ha agravado notablemente. Aunque el ministro del Interior, Grande-Marlaska -con el desparpajo que le es habitual y haciendo gala de la impunidad con que el presidente del gobierno le encubre-, haya asegurado en el Congreso, que esta situación “excepcional” ya “está en vías de solución”, por más que en estos últimos meses, cientos de personas, continúen sufriendo condiciones insufribles vejatorias. Los baños y servicios sin limpiar durante días, en las estancias en que están ‘alojadas’ cientos de personas, en medio de la basura y suciedad que se acumulaba. Pese al paso de los días y semanas, nada se les ofrece, ni siquiera lo más elemental, en régimen de desatención extrema. Ni cepillo de dientes, ni compresas para las mujeres, ni mudas, las más de ellas durmiendo sobre el suelo en colchonetas ocupadas hasta por tres miembros de una misma familia. Llegó la situación al punto de que la Cruz Roja, que empleaba a 12 personas para asistir a los recién llegados y tenía subcontratada la limpieza, tuvo que anunciar que se marchaba temporalmente, pues “no se puede trabajar en esas condiciones”.

Llegó el día que la sala, las colchonetas y ropas aparecieron infestadas de chinches, ante lo que los funcionarios del ministerio, sacando de la sala a gritos a los migrantes -que apenas entendían lo que se les exigía- y los llevaron a una estancia de la Terminal 1, donde los cientos de migrantes, hubieron de pasar las siguientes noches en suelo, sin sábanas siquiera.

Varias ocurrencias del Ministerio del Interior para intentar disimular el desastre, acabaron peor que empezaron, agravando siempre la situación. Así, con la intención de descongestionar el hacinamiento en Barajas, el Ministerio decidió trasladar a 50 de los solicitantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. Sin embargo, la Fiscalía recurrió la medida por basarse en una aplicación indebida de la Ley de Extranjería y obligó a revocar las órdenes de internamiento, en las instalaciones semicarcelarias del CIE.

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