VII Época - 26

DEMENCIA REPRESIVA DEL PODER POLÍTICO

La Junta de Andalucía pide cinco años de cárcel por una protesta laboral pacífica

La Junta de Andalucía, ejerciendo como acusación particular, pide en un juicio cinco años de cárcel para una limpiadora y dos sindicalistas que solidariamente la acompañaban por una protesta laboral. Están acusados de irrumpir en una Delegación territorial autonómica para exigir la readmisión de la trabajadora, despedida tras 11 años empleada en subcontratas.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020. Un grupo de manifestantes se había concentrado delante de la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía de Granada. Protestaban por el despido de Vanesa Sánchez, en ese momento trabajadora a tiempo parcial (21 horas) en la empresa Rydalca, subcontratada por la Junta para encargarse de la limpieza en Granada de la Delegación Territorial de Turismo, después de haber estado 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza de esa misma delegación. No era la primera manifestación, ya que desde hacía más de un año se concentraban todos los viernes para exigir la readmisión de la trabajadora despedida; delegada sindical, además, del SAT en la empresa.

Pero ese día de marzo, tras un año de protestas sin ser atendidos ni recibidos ocho manifestantes entraron en el edificio y subieron hasta la tercera planta, la de Dirección. Una vez allí, todo ocurrió pacíficamente, sin violencia alguna contra las cosas y mucho menos contra las personas que estaban trabajando, con el despliegue de una pancarta contra el despido de la limpiadora, los gritos reivindicativos de rigor contra la Junta de Andalucía y su delegado territorial y de llamamientos a la solidaridad y entendimiento de los presentes y, finalmente, la colgadura de la pancarta en lugar visible desde el exterior. La propia Junta reconoce en su escrito de acusación que en las diligencias practicadas no quedó acreditado que se hubiesen producido daños ni materiales ni a las personas que se encontraban en ese momento en la delegación territorial, por lo que no solicita una responsabilidad civil a los acusados.

Ante la demente petición y amenaza de la Junta de Andalucía para llevarla a la cárcel durante cinco años, la trabajadora, de la limpieza de 41 años, Vanesa Sánchez, con dos hijas a su cargo y que ahora trabaja en cuatro empresas para conseguir 40 horas a la semana y un sueldo con el que sacar adelante a su familia, señala que todo esto no es más que una barbarie por parte de la Junta. «Yo no he matado a nadie, ni he robado ni he roto nada. Solo he reivindicado mi puesto de trabajo», aseguró un día antes de sentarse en el banquillo de los acusados en este mes de febrero.

Nada de esto puede ser tolerado. Ni la consumación del despido libre por la vía infame de considerarlo ‘improcedente’, ni las subcontratas y privatización de servicios públicos en condiciones que propician y promueven la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores, ni la aceptación a trámite por un Juzgado de semejante petición de pena por un delito inexistente, ni que se marchen de rositas quienes llevan más de un año ejerciendo abuso de poder y violenta agresión a una trabajadora y a las compañeras/os solidarios en lucha contra el despido. El juicio, suspendido inicialmente a principios de febrero, se ha señalado ahora para el 6 de junio en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada.

Fuente de la Crónica: SAT de Andalucía

Comentario: La Campana

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