VII Época - 33

PROSTITUCIÓN

Bajo el imperio del dinero y la autoridad del estado “abolicionismo” y “regulación” son dos caras de la misma moneda falsa

El PSOE registró en el mes de abril en el Congreso una proposición de ley que, según aseguran sus promotores, busca “abolir” la prostitución en este país, por el procedimiento de modificar el actual Código Penal.

La propuesta del PSOE registrada en el Congreso se fundamenta en considerar delito “promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento” … “destinar con ánimo de lucro un inmueble a la prostitución, aún consentida o promovida por la(s) persona(s) prostituida(s)” … y responsabilizar como autores de un delito a “quienes convienen la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero”. Todo ello, bajo el oscuro criterio de que la mujer prostituta es siempre una víctima del delito cometido por el cliente, pero en ningún caso una persona consciente y activa, por siempre relegada a la condición de ‘irresponsable’, de aquello que hace. Será en todo caso el cliente que paga por sexo, sea en dinero o en especie y beneficios, quien únicamente merecerá el reproche penal y social correspondiente a una ‘actuación’ (la suya, no la de la persona prostituida) “incompatible con los derechos humanos”. En las previsiones de los autores de esta iniciativa punitiva, la siempre ignominiosa prostitución sufrirá un grave golpe si desde el poder se amenaza y ejecutan con todo rigor penas severas de cárcel, multas y publicidad a los clientes.

En discrepancia con esta iniciativa del socialismo gubernamental, otros colectivos del movimiento político (estatalista) feminista consideran que la ‘abolición’ legal de la prostitución no es deseable ni justificable. Antes bien, para estos grupos, el ejercicio de la prostitución deberá ‘regularizarse’ legalmente en España, pues consideran a las personas que la ejercen, sea en régimen de ‘autónoma” o ‘asalariada’, como “trabajadoras sexuales”, equiparables en su labor a las que ejercen en cualquier otra actividad laboral. Todo ello, sin entrar en las espinosas cuestiones de la prostitución ocasional, la libertad sexual, o la utilización del cuerpo femenino, en tanto que objeto de deseo, en otras actividades lucrativas o en trueque de beneficios varios, etc, etc.

Con todo, estos colectivos políticos feministas, al igual que el PSOE apelan también al Estado como si este fuese el ‘amoroso amante de la felicidad de sus ciudadanos, garante de su orondo bienestar’ (valga la ironía, por más que señale bien a las claras la mentira del tinglado gubernamental, jerárquico y autoritario) que difunde su propaganda. Como antes decíamos, asumen el ejercicio de la prostitución, pero a condición de considerar su actividad equiparable -tanto legal, como ética, política y socialmente- a la de cualquier otro sector económico y mercantil. Y, con ello, reconocer a sus ‘trabajadoras sexuales’ los derechos y deberes previstos en la legislación, de modo que, llegado el caso, la Inspección de Trabajo y magistraturas correspondiente puedan actuar evitando los mayores casos de abuso, trata, explotación, humillación, etc.

Ante esta aparente -recalcamos lo de aparente- rivalidad ideológica entre dos facciones del movimiento político feminista hegemónico, ¿qué cabe concluir?

En primer lugar, lo obvio. La reducción del debate a esta falsa polémica -más mediática y política partidista que social-, no podrá acabar bien, ni para las prostitutas, ni para la sociedad, ni para nadie. Máxime cuando se obvian y ocultan otros planteamientos sobre el tema, en los que organizaciones, como por ejemplo, “Mujeres Libres” (1935 – 1939), trataron de organizar autónomamente ‘liberatorios de prostitución’ como espacios libres de toda influencia estatal y normativa jurídica o penitenciaria. Espacios centrados en la investigación y el tratamiento médico psiquiátrico o psicológico, necesarios según los casos, y, orientación y capacitación como trabajadoras y, sobre todo, en la afirmación ética y solidaria con la mujer prostituida y en la ayuda moral y material sostenidos a partir del momento en que la prostituta abandonase su condena, libre y conscientemente.

En segundo lugar, poner de manifiesto la debilidad argumentativa de ambas posiciones, que no dudan en escamotear en sus discursos las nefastas consecuencias que inevitablemente acarreará confiar en el Estado y defender el prejuicio de la Autoridad política como si se tratasen de instrumentos útiles para alcanzar el logro de una sociedad armoniosa, igualitaria y libre, y no como lo que en realidad son, funestos y poderosos enemigos de toda dignidad, justa igualdad y libertad, individuales y colectivas.

Por parte de los abolicionistas, ¿cabe mayor contradicción que negar a las prostitutas la capacidad de ‘consentimiento’ (tildándolo siempre, como falso, inducido o enajenado frente al cliente) al tiempo que, en la llamada ‘ley del sí es solo sí’ se considere esta figura jurídica como el elemento central sobre el que pivota la consideración de un punible delito en una relación sexual?

Por parte de las ‘regulacionistas’, ¿cabe mayor contradicción que considerar como ‘trabajo’ y ‘persona trabajadora’ toda actividad lucrativa, independientemente del ‘tipo’ de riqueza social que construye y producto que se fabrica, por ejemplo, la guerra, la explotación de otros seres humanos, la trata, el robo? ¿Acaso son estas actividades, otras formas de ‘trabajo’ que sí debemos aceptar sin más? ¿En el concepto de ‘trabajo’ que hemos de defender no intervienen para nada la conciencia rebelde o la ferviente lucha -ética, filosófica, social- hacia una organización social que libre a todo individuo del sufrimiento impuesta a beneficio de otro o de la herida de opresiones intolerables?

En tercer lugar, señalar que los términos en que se está produciendo actualmente este debate en torno al abolicionismo / regularización de la prostitución por el aparato del Estado, mientras se mantiene vigente el régimen de organización económica y de producción capitalista, son inaceptables de raíz. Ni la historia, ni la experiencia, ni la razón amparan semejantes soluciones, que acabaron siempre en un fiasco universal.

Mientras ese régimen exista y su dominación se mantenga, toda solución al más mínimo problema social -sea la guerra, la explotación laboral, la miseria, la injusticia insomne, la desigualdad … o la prostitución- será siempre una falsa y ominosa ‘solución’.

No faltan ejemplos históricos, pasados o recientes, de las consecuencias reales de estas falsas, pero también crueles e hipócritas, ‘soluciones’ al fenómeno de la prostitución. Entre ellas, baste con citar la abolición legal de la prostitución en España durante la II República, entre 1935-1936, después bajo la dictadura de Franco, entre 1963 y 1975 y, de seguido, durante los primeros de Democracia, entre 1975 y 1995. Entre medias de estas ‘prohibiciones’ y ‘aboliciones’ (siempre más retóricas y fraudulentas que reales), los periodos de a-legalismo y apaño normativo a la carta de los poderosos del momento. Cuando las prostitutas pobres -la abrumadora mayoría, frente a unas pocas de altos pagos- podían ejercer su oficio esclavo gracias a la ‘tolerancia’ de la autoridad, a expensas de sufrir de vez en cuando (cuando a ‘alguien’ del régimen interesaba, por la razón que fuese) redadas, detenciones, palizas y humillaciones, que las llevaban a la cárcel o a siniestros centros especiales de ‘integración’, abocadas siempre a la miseria y a la sordidez más extremas en cuanto llegaban a la mediana edad.

La prostitución es una realidad tan incuestionable como rechazable, que nunca acabará mientras se mantengan sus causas estructurales y, en concreto, mientras las sociedades estén fracturadas por la desigualdad económica, la opresión política o la humillación social de unos sobre otros.

Claro está, que por más que seamos conscientes del hecho de que mientras el capitalismo y el autoritarismo estatal pervivan, no habrá solución alguna -ni definitiva ni siquiera paliativa- al problema esclavizante de la prostitución no quiere decir que como sindicato anarcosindicalista o, sencillamente, como personas que nos declaramos en rebeldía frente a toda injusticia nos resignemos a ello y, mucho menos que lo aprobemos. Al igual que ocurre con tantos otros hechos sociales ignominiosos, como la guerra, las fratricidas fronteras o la miseria, tan antiguos como la prostitución misma. Pero esto, habrá de ser motivo de otros artículos, al igual que la crítica detallada a las propuestas del movimiento político feminista institucional, entregado doctrinalmente al poder gubernamental.

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