VII Época - 34

PROSTITUCIÓN / 2

El estigma de la víctima o la voluntad enajenada

Es bien conocido el vivo debate mediático que suscita en el movimiento feminista ya institucionalizado la pregunta de ¿cómo abordar desde la autoridad del Estado la cuestión de la prostitución, sobre todo femenina?

Para unos, la prostitución ha de abolirse por ley, considerando un delito su promoción, su práctica o su uso por el pagador (como parece proponer el PSOE en su última iniciativa legislativa, en favor de una reforma del Código Penal).

Para otros, ha de regularse, asimilándola en la legislación general a otras formas legales y socialmente reconocidas de ‘actividad mercantil” entre particulares y ‘laborales’, como ‘trabajadoras sexuales’ (sea bajo el régimen de asalariadas y/o de autónomo). Señalo ‘entre particulares’ porque, al menos en lo que conozco, ningún colectivo con cierta influencia se plantea en la España de hoy, la prostitución pública (gestionada directamente por el estado o bien en régimen de colaboración público-privada), aunque se apuntaron tímidos intentos en relación a la ‘prostitución con fines terapéuticos’, a la que tendrían derecho personas con ciertas discapacidades y dificultades.

Ambos grupos del feminismo actual -tanto los ‘abolicionistas’ como los ‘pro-legalización regulada’-, consideran que es el Estado (con sus parlamentos, leyes, códigos penales, gobiernos, aparatos de justicia, cárceles, comisarías) el instrumento adecuado y único capaz de resolver el drama social y gravosa conflictividad construidas o puestas de relieve por la existencia de la prostitución. No entra en los cálculos ni en la razón de las personas y grupos que defienden este planteamiento el analizar, poner en cuestión y ni siquiera valorar, la naturaleza y función social del Estado autoritario. Se limitan a señalar que cualquier solución factible -a este o cualquier otro problema social, como puedan ser la guerra, la explotación laboral, la desigualdad social o la destrucción de la biosfera- ha de producirse en el marco del Estado y con su apoyo o beneplácito. Por supuesto, ni la experiencia histórica ni el mero ejercicio de la razón crítica, avalan semejante doctrina. Al contrario. Lo que la historia y la ciencia más elemental señalan es que, en relación a todos esos problemas, el poder político, económico, ideológico que ostentan los Estados interviene siempre como un factor protagonista, pero nunca jamás con dignidad, virtud ética o en favor de los grupos sociales, colectividades e individualidades oprimidas y expoliadas

Es por ello, que encabecé mi anterior artículo sobre la “prostitución” (La Campana VII Época, nº 33 del 22.04.2024) con el título “Bajo el imperio del dinero y la autoridad del estado, abolicionismo y regulación son dos caras de la misma moneda falsa”. Y lo terminé, anunciando nuevos textos en los que ir desgranando las falacias presentes en el discurso del “movimiento político feminista institucional, entregado doctrinalmente al poder gubernamental”. Empecemos por el ‘abolicionismo’, como un ejemplo magnífico de cómo una ‘solución de estado” (incorporada al corpus legislativo) deriva fatalmente en un estropicio ideológico, en un daño irreversible a las verdaderas víctimas del problema que se pretende atajar y en un desprecio insoportable a la propia condición humana, siempre con la posibilidad de rebeldía y enfrentamiento a las esclavitudes, por brutales que sean, que los poderosos de todo signo intenten y logren imponer.

Uno de las hipótesis de principio que fundamentan la propuesta ‘abolicionista por ley, a través del Código Penal” es la de considerar a todas las mujeres prostitutas como ‘víctimas’, impotentes por si mismas de librarse del régimen de esclavitud y sufrimiento al que están sometidas, y, por tanto, incapacitadas para ofrecer su ‘consentimiento’ a unas relaciones sexuales, aún a cambio de dinero o favor de cualquier clase.

Semejante doctrina, al menos en el ámbito jurídico y del derecho positivo, pone en entredicho, cuando no la anula, la figura del ‘consentimiento’ entre adultos, incorporado a la Ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (ley del “si solo es sí”) como el quicio que permitiría a los magistrados juzgar si estaban frente a un delito merecedor de reproche penal o ante el puro ejercicio de la libertad sexual entre adultos.

Se niega entonces a la mujer que ejerce la prostitución la posibilidad radical de ofrecer su ‘consentimiento’, la posibilidad de decir “sí”, ya que ese “si” sería en cualquier caso ‘enajenado”, “secuestrado por un poder irresistible” (en este punto se suele apelar al ‘patriarcado’) y ‘forzado de modo extremo”, ¿por quién? … por el ‘cliente ocasional’, el ‘putero’, el ‘usuario pagador”.

Tan drástica estigmatización de la voluntad de la mujer prostituta (en la que no cabe libertad alguna, en tanto que secuestrada por su condición) como de la voluntad del varón cliente (en la que no cabe dignidad ni probidad algunas, en tanto que infamada por el dinero y/o el poder ostentados), llevan inexorablemente a la impugnación general de la voluntad de las mujeres en otros muchos aspectos y también, claro está, de los hombres. (continuará)

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