YA EMPIEZAN A CAER PIEDRAS (LEGISLATIVAS) SOBRE LA CLASE TRABAJADORA

La traición del sindicalismo reformista y la politiquería oportunista no descansa.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Estado español, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos institucionales CCOO y UGT, la publicación del Real Decreto 18/2020 del 12 de mayo (BOE, 13.05.2020), blinda los intereses de la patronal en un nuevo pacto contra la clase trabajadora.

Esta ley es un paso más en todo el recorrido normativo desde el inicio del estado de alarma, en el que el Gobierno ha terminado haciendo suyos los intereses y propuestas de la patronal. El decreto avala la continuidad de los ERTE por fuerza mayor para las empresas que no pueden reanudar su actividad, posibilita que las que ya han aplicado un ERTE puedan cambiar la suspensión de los contratos por reducciones de jornadas según la oferta y la demanda, posibilita la prórroga de los ERTE y sus medidas complementarias ante situaciones excepcionales como la actual por Covid-19 y autoriza la tramitación de un ERTE por causa de fuerza mayor retrotrayendo los efectos a la terminación del primer ERTE. Para las empresas en situación de prórroga del ERTE por fuerza mayor que no pueden reanudar su actividad, se mantiene la exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social

En relación a la salvaguarda del empleo durante los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE, este tiempo queda recortado en el Real Decreto porque estos meses computarán desde que se produzca la reanudación de la actividad, aunque la misma sea parcial, al tiempo que fija que la salvaguarda del empleo se modulará en función de las circunstancias del sector y en particular con aquellas empresas con una alta estacionalidad en el empleo. Tampoco se verán afectadas las empresas en riesgo de concurso de acreedores, lo que, a no dudar, dará lugar a situaciones de abuso empresarial a la hora de determinarse cuándo una empresa está en situación de riesgo.

Por todo ello, la CGT de Pontevedra rechaza este acuerdo por entender que estas medidas, lejos de asegurar el empleo y proteger a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por un ERTE, lo que hacen es priorizar los intereses y los beneficios de las empresas.