SINIESTRALIDAD LABORAL
¡HAY QUE PARAR ESTA SANGRÍA INCESANTE!
Al menos seis trabajadores han fallecido en Galicia en accidente laboral en los últimos doce días. Un muerto cada dos días.
28 de mayo – Fallece Jesús D. R., veterinario de Tragsatec, vecino de Lugo, a consecuencia de un accidente laboral mientras realizaba tareas de saneamiento ganadero en una explotación de la zona de Chan de Vilar, en As Nogais (Lugo).
1 de junio – J.P.R., conductor de camión vecino de Ortigueira, muere tras sufrir un accidente laboral en la planta de residuos de Xiloga, en As Somozas (Ferrol). El camión que conducía se precipitó por un terraplén tras una maniobra.
3 de junio – Ese día, un joven coruñés, Álex P., maquinista en prácticas del tren Alvia Ferrol-Madrid, tras colisionar el tren con un vehículo todoterreno que había caído sobre la vía desde un paso elevado en el municipio de La Hiniesta (Zamora).
5 de junio – Herida grave una trabajadora atrapada en una máquina hidráulica en el polígono industrial As Gándaras (O Porriño). En principio, el 112 llegó a informar del fallecimiento de esta persona, si bien el personal de Urgencias consiguió reanimarla y trasladarla con vida al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permanece.
9 de junio – Un obrero del naval, Pablo M. S., vecino de Ardán (Marín), trabajador de una subcontrata para la empresa Nodosa, falleció aplastado por una compuerta de gran peso, cuando realizaba en un astillero en Vigo labores de mantenimiento y soldadura en un buque.
En respuesta a este suceso, la plantilla de Nodosa, tanto de los talleres de la ría de Vigo como de la de Marín-Pontevedra, interrumpió su jornada laboral, realizando un paro de 24 horas en señal de luto y protesta contra las deficientes condiciones de seguridad y prevención en la empresa. Inicialmente, los empleados se mantuvieron concentrados ante la puerta del astillero marinense con su ropa de trabajo y elementos de seguridad, como chalecos y cascos.
Además del paro, más de un millar de trabajadores de las factorías del naval en el puerto de Vigo, han secundado una manifestación que ha atravesado la avenida de Beiramar, finalizándola con una concentración de protesta delante del edificio de la Xunta, en la que se aloja la Consellería de Traballo. La misma acción de protesta se llevó a cabo en Pontevedra, donde más de un centenar de trabajadores se dirigieron hasta la Subdelegación del Gobierno, dónde celebraron una concentración.
10 de junio – Muere el copiloto de un camión, vecino de Ferreira de Pantón, y resulta gravemente herido el conductor al precipitarse el vehículo que conducían desde un puente en Portomarín (Lugo). El camión transportaba unas tres toneladas de explosivo goma-2 para las obras de la autovía de Palas de Rei
12 de junio – Un joven ganadero, Rubén R.I., muere tras quedar atrapado entre una grúa elevadora y una viga del techo en la explotación ganadera A Peniña, en el lugar de San Miguel de Cora, en el municipio pontevedrés de A Estrada
En España, la siniestralidad laboral se ha disparado en el primer trimestre de este año y todo anuncia que seguirá aumentando pese al estado de alarma y la paralización de importantes sectores del tejido productivo. Sólo entre enero y marzo, se han producido 181 muertes en el trabajo (más de dos fallecidos al día), 41 más que en el mismo periodo de 2019.
Por mucho que nos escudemos en el estruendo monotemático de los medios de comunicación, oficiales y privados, en torno al Covid-19, ¿Cómo puede admitirse que esta sangría apenas salga a la luz, cuando nadie ignora que la abrumadora mayoría de los accidentes laborales, son el fruto, calculado e interesado, de una deplorable política legislativa de prevención y la ineficiencia gubernamental, ambas al servicio de la economía de las empresas y no de la salud y la vida de los trabajadores?
Un buen camino, sindical y solidario, para intentar frenar esta sangría y defender la vida, fue el emprendido los días 9 y 10 por las plantillas de Nodosa y subcontratas del naval en las rías de Vigo y Marín-Pontevedra, responsabilizando de la macabra estadística, tanto a las empresas como al gobierno. A las empresas, como responsables de las condiciones de trabajo y precariedad laboral. Al gobierno, como autor de las leyes de Prevención y Seguridad laborales, que ni previenen daños ni ofrecen la seguridad laboral necesaria.