Miles de empleadas del hogar siguen sin cobrar el subsidio de paro

El Ministerio de Trabajo privatizó y externalizó su gestión

Va para cinco meses que se aprobó y dio comienzo la gestión de la ayuda y, sin embargo, según cifras del propio Ministerio de Trabajo, no se han resuelto ni la mitad de los expedientes y solicitudes. La prestación extraordinaria fue creada a finales de marzo, pero ahora, ya en la primera semana de septiembre, el Ministerio de Trabajo asegura que ha reconocido y ordenado el pago de 17.200 subsidios extraordinarios de desempleo a empleadas del hogar, de un total de 32.000 solicitudes recibidas. Las cifras reales, aportadas por los colectivos de defensa de las trabajadoras del hogar, desvelan una realidad mucho peor y dramática, tanto en el número de personas que quedan en situación de desamparo como en la evidencia de la incompetencia actual de la clase política hoy gobernante.

La prestación extraordinaria fue creada como medida excepcional y de emergencia en los momentos más duros de la pandemia, a finales de marzo (Real Decreto 11/2020), y supuso la primera vez que se reconocía el acceso a una prestación por desempleo a este colectivo, pero, tras externalizar y privatizar la gestión de esta ayuda a través de la empresa pública Tragsa, la medida se ha estrenado con grandes retrasos, que las trabajadoras aún piden solventar.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, hasta el momento (primera semana de septiembre) se han reconocido y gestionado 17.200 solicitudes, pero otras 14.800 estarían aún a la espera. Estas cifras no coinciden con las aportadas por la mayoría de los colectivos, asociaciones y entidades sindicales de las empleadas de hogar, tras señalar que el número de solicitudes presentadas fue muy superior a las 17.200 señaladas por el Ministerio. Así, Edith Espínola, miembro del colectivo de empleadas domésticas SEDOAC, tras una reunión celebrada el 25 de agosto con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, señaló: “En [esa] reunión nos informaron de que había 52.000 solicitudes [no 17.200], de las que habían pagado cerca de 20.000”.

Además del vergonzoso baile de cifras, la misma cifra de 52.000 solicitudes estaría aún muy por debajo del número de empleadas de hogar con derecho real y legítimo a solicitar el subsidio, pues la caída del empleo y más aún el número de trabajadoras arrojadas al paro como consecuencia de la pandemia es mucho mayor. Decimos “derecho real y legítimo”, pues el Ministerio restringió la posibilidad de solicitarlo a quienes tienen contrato documentado (un 40% no lo tienen) y además exige para iniciar el trámite una documentación que gran número de trabajadoras no logra reunir por si mismas, máxime cuando la atención presencial al público en todas las administraciones está siendo deliberadamente desmantelada por el gobierno.

Una vez más, se pone de relieve la decisión del actual gobierno de coalición y las administraciones públicas autonómicas de proceder al desmantelamiento paulatino de la Administración General del Estado (AGE) como servicio público y de atención presencial a los ciudadanos, en favor de vías telemáticas y externalización y de negocio para las Gestorías privadas. Este es uno de los aspectos en los que, viniendo ya de atrás, se utiliza la excusa de la pandemia para agravarlo e integrarlo en lo que llaman “nueva normalidad”.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), encuesta del segundo trimestre del año, que incluye también a empleadas en situación irregular, en España había 483.000 trabajadoras domésticas, 93.000 menos que el trimestre anterior. En el último censo del INE del 2019, se había cifrado el número de empleadas del hogar en unas 600.000, de las cuales una tercera parte no cotizarían a la Seguridad Social (sea por su situación documentaria irregular, sea por no conseguir que las familias para las cuales trabajan les hagan un contrato en condiciones).

Todos los colectivos de empleadas del hogar presentes en aquella reunión reclaman que se regule con urgencia el derecho estructural de las empleadas domésticas al desempleo, ya que son el único colectivo excluido de esta protección y su inclusión plena en el Régimen General de la Seguridad Social. Mientras estas dos reivindicaciones, ya en si mismas urgentes, no se cumplan, los colectivos exigen que “se amplíe el subsidio extraordinario más allá del mes de junio».

Por su parte, las organizaciones de trabajadoras del hogar preocupadas por la situación de la mujer emigrante -el colectivo más representado en el sector-, señalan que no habrá cambios en su situación real de pobreza, bajos salarios, ausencia de contratos, desprotección ante los abusos, mientras no se derogue la Ley de extranjería como base para una vida digna.