25 septiembre: Jornada de Acción global por el clima

Apenas unos miles de personas participaron en la movilización internacional

El viernes pasado, 25 de septiembre, unas pocas decenas miles de personas participaron en la movilización internacional y varios centenares han salido a la calle en todo el Estado español, uniéndose bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”. Las organizaciones convocantes atribuyen al momento excepcional que se está viviendo por la COVID-19, la reducida participación en los actos convocados.

La movilización, organizada por Alianza por el Clima y 2020 Rebelión por el Clima (plataformas de las que forma parte Ecologistas en Acción) y Juventud por el Clima–Fridays For Future España, se sumaba a la convocatoria internacional del Día de Acciones por el Clima propuesto por la red internacional de Fridays For Future.

Esta acción pretendía retomar en nuestro país la agenda internacional contra el cambio climático que ha venido precedida de grandes movilizaciones durante 2019, en las que participaron cientos de miles de personas. Para ello, se habían diseñado movilizaciones diversas y descentralizadas, que lograron reunir a varios centenares de personas en una veintena de localidades, bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”. En A Coruña, única ciudad gallega que participó en la convocatoria se realizó una performance con el mensaje ‘Xustiza climática’.

El manifiesto internacional de convocatoria, señalaba, en primer lugar, la necesidad de urgir a las instituciones públicas y privadas, internacionales y nacionales, así como a los gobernantes de cada país para que adopten medidas que frenen el deterioro acelerado que sufre el planeta por el cambio climático. En segundo lugar, el manifiesto pone el acento en los cinco pilares que las organizaciones consideran claves para afrontar la transformación a un modelo económico y productivo más sostenible y respetuoso con las necesidades de la población humana mundial: la preservación de la biosfera y los recursos naturales, el equilibrio y medioambiental del planeta y evitase el cambio climático, reduciendo drásticamente el uso de combustibles fósiles.

Tal manifiesto y declaración no es, ni fue aceptado en su momento, por numerosas organizaciones sindicales y sociales -entre ellas la CGT de Pontevedra (que redactó un manifiesto propio sobre esta cuestión)-, tras considerar que no cuestiona las verdaderas causas y auténticos responsables de la dramática situación en que se encuentra el planeta, planteando como solución o ‘alternativa’ al capitalismo y gobernanza mundial actuales, una suerte de capitalismo ‘verde’ al amparo de un reformismo institucional, protagonizado por una ONU reformada y otras entidades internacionales representativas de la investigación y el conocimiento científico.

Fridays for Future, la organización internacional que había iniciado y definido la convocatoria de esta Jornada, señala en su llamado: “Los próximos meses y años serán cruciales (…) Si queremos minimizar el riesgo de disparar una cadena irreversible de reacciones más allá del control humano, necesitamos actuar ahora. Por todo esto, es vital que la crisis climática no quede olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se considere la máxima prioridad”.

A Fridays. For Future se sumaron otras organizaciones políticas y ecologistas, algunas de las cuales redactaron su propio manifiesto, con mayor o menor éxito de difusión y representatividad de los asistentes.

Por su parte, las organizaciones medioambientalistas Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón consideran que el compromiso del gobierno español para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es insuficiente y reclaman mayor ambición, por lo que han presentado el 15 de septiembre una demanda judicial contra el Gobierno de España por inacción ante la crisis climática y vulneración de los compromisos internacionales que el estado español había adquirido para luchar contra la crisis climática. Existen precedentes de demandas judiciales de esta naturaleza y por este motivo contra estados, como sucedió en Holanda (sentencia en 1995 de un tribunal holandés en relación a las altas emisiones contaminantes registradas aquel año condenatoria para el gobierno y favorable a la organización ecologista Urgenda).

El desencadenante de esta denuncia ha sido el porcentaje de reducción emisiones anunciado por el Gobierno, que, según los demandantes, estaría «muy por debajo del compromiso internacional». Así, mientras los compromisos del Acuerdo de París y las recomendaciones de los científicos de la ONU (IPCC) hablaban de una reducción del 55% de las emisiones para el año 2030, el Ejecutivo de coalición ha planteado una disminución del 23% para finales de década. Asimismo, el plazo de descarbonización y neutralidad de emisiones del Gobierno estaría en el año 2050, mientras que los grupos medioambientalistas reclaman que la fecha se adelante como mínimo al año 2040.