Tres ONG ecologistas demandan judicialmente al gobierno español Lo acusan de inacción ante el cambio climático

15 de septiembre: Las organizaciones no gubernamentales ecologistas “Ecologistas en Acción” y “Greenpeace” y la generalista de cooperación “Oxfam Intermón” acudieron a los Tribunales españoles para demandar al Ejecutivo, ya que consideran que “su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es escaso”.

30 de septiembre: El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso planteado por las ONG contra el Gobierno de España por su “inacción” contra el cambio climático. Ese mismo día, el presidente español, Pedro Sánchez, declara solemnemente en la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad: “Frente a la emergencia climática, la inacción no es una opción”.

Las tres ONG, tras expresar su “confianza en la justicia” (NOTA: se referían, claro está al aparato judicial del estado español, ante quien habían presentado la demanda), han reiterado que “recibimos la decisión del Tribunal Supremo de admitir nuestra causa con ilusión y esperanza”.

¿Qué esperanza?, ¿Esperanza en qué?

Es de suponer que las tres ONG ponen su ilusión y esperanza en obtener del Tribunal Supremo una sentencia favorable a sus tesis y que condene al gobierno español por su política ‘gravemente insuficiente’ frente al cambio climático y “no ajustada a los acuerdos internacionales suscritos por España respecto de este asunto”, en particular, en lo que se refiere a las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC). En este documento se plantea que todos los países firmantes, entre ellos España, deberán fijar una reducción de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 para poder mantener el objetivo acordado en el Acuerdo de París de no superar el aumento global de la temperatura del planeta en 1,5º a final de siglo. Sin embargo, las previsiones actuales del gobierno español sitúan la reducción en un 23% y una descarboxilización tardía, que solo podría llegar a ser efectiva en 2050.

Como señalábamos en la cabecera de este breve comentario, el mismo día en que el Tribunal Supremo resolvía la admisión de la demanda ecologista contra el gobierno, el presidente español, Pedro Sánchez, estaba interviniendo en la Cumbre sobre Biodiversidad de la ONU. Ante los ‘líderes mundiales’ señaló con la contundencia habitual en estos casos: “Frente al cambio climático, la inacción no es una opción”.

También en esas fechas se hacía pública la 5ª edición del informe “Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad Biológica”, en el que se señala que no se han logrado ninguno de los objetivos del Plan Estratégico para la Biodiversidad Biológica, considerado el marco de acción autoimpuesto por la comunidad internacional en 2010, con ánimo de “salvar la riqueza natural de la Tierra”. Según declaraciones de los autores del Informe: “las naciones (¿ ?) del mundo han fracasado en la salvaguarda de la biodiversidad del planeta”.

En cualquier caso, las consecuencias de está brutal pérdida de biodiversidad pone incluso en riesgo el futuro de la alimentación global de gran parte de la población mundial. Según el informe, la escasez de especies vegetales destinadas al consumo humano es cada vez más acuciante, en tanto que sólo 15 plantas proporcionan el 90% del total de las calorías mundiales, con una gran dependencia de los monocultivos de arroz, maíz y trigo. Además, el 30% de las plantas comestibles están dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN), que las sitúa en riesgo de extinción. No sólo no se reducirán las hambrunas, sino que con toda probabilidad se agravarán y extenderán, con particular rigor en los países y regiones geográficas más afectadas por el cambio climático.

Y esta es una de las preguntas que cabe hacer: ¿Depende la solución al cambio climático y la agresión suicida a la biosfera, de la voluntad de los ‘líderes mundiales’ o de la virtud de los sistemas judiciales estatales? Todo indica que no. Más aún, la razón, la ciencia, la experiencia actual e histórica, el análisis social, incluso la simple observación empírica, señalan con claridad a los factores causantes genéticos de esos males: el modelo de producción y uso de los recursos naturales bajo el régimen económico capitalista y el régimen político jerárquico o autoritario (sea en la forma de estados nacionales, coaliciones o de entidades supranacionales más o menos consolidadas, como puede ser la ONU).

Así pues, las tres ONG ponen su esperanza e ilusión en quien no deben, esto es, en quien representa una de las columnas más firmes de la desastrosa organización actual. No olvidemos que el sistema judicial es uno de los pilares mayúsculos de las democracias capitalistas, tal y como enseña el catecismo oficial del régimen. Comportándose de este modo, también ellas serán más parte del problema que de la solución a la que aspiramos y necesitamos.

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