ADA COLAU, PRIVATIZA EN BARCELONA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

Adjudica casi 100 millones del SAD a un fondo radicado en un paraíso fiscal

Como ocurre con prácticamente todos los servicios públicos municipales, el gobierno de Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona, en lugar de municipalizarlos para que dejen de ser fuente de beneficio privado, ha adjudicado para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) dos millonarios contratos a empresas privadas. El primero de 96’3 millones por dos años a Servisar, filial del grupo DomusVi. El segundo, de 99 millones, también por dos años, a la empresa cooperativa Saura. (Fuente: Kaosenlared 5 11 2020).

Pese a la justicia de sus reivindicaciones y pese, también, a su capacidad de movilización y aparente influencia en la “agenda de las preocupaciones y el debate público”, la gran mayoría de los movimientos sociales de este país, cayeron en el error evitable -¡no sería por falta de avisos, ni de experiencia histórica!- de confiar en el hecho de que un cambio vía electoral llevaría al gobierno a los “suyos” y que estos, una vez con el ‘poder’ en la mano, graciosamente, le devolverían el favor del voto, dando solución a las reivindicaciones más urgentes.

A estas alturas, pocas dudas pueda haber de que el hecho de otorgar esa confianza fue un error mayúsculo, cuando no una traición en toda regla.

Al calor de esa credibilidad, vemos como día a día enflaquecen y decaen importantes movimientos sociales. Desde el 15M al movimiento feminista, de los colectivos contra los desahucios a las Marchas de la Dignidad, del movimiento anti-globalización al ecologista, de las distintas agrupaciones sectoriales en Defensa de los Servicios Públicos (cada una el suyo particular) hasta las coordinadoras antiprivatizadoras y defensa del Sistema público de pensiones … pierden vigor, capacidad y fuerza a ojos vistas.

La dejación en la responsabilidad propia de lucha y movilización -sólo retóricamente exhibida, pero no defendida en los hechos-, les aboca ahora a la impotencia actual. Cuando ya era sabido que nadie les iba a sacar las castañas del fuego no siendo ellos mismos.

Ejemplos de esta situación, como el que encabeza esta crónica, se nos ofrecen a diario. Cada cual más ostentoso, cada uno más humillante que el anterior, sobre todo para los que se empecinan en defender la credibilidad social respecto de aquellos personajes, grupos, partidos o instituciones que de ningún modo pueden merecerla, no tanto por su personalidad -en el caso de los individuos-, que puede ser más o menos honrada y sincera, como por el lugar al que aspira y, en su caso, la poltrona en que llega a sentarse.

La semana pasada, esos políticos “suyos” (los anarcosindicalistas nos negamos siempre a ese juego, por eso nunca decimos “nuestros”) le regalaron a los que confiaban en ellos y de ellos todo lo esperaban, la humillación de ver como se incumplen todas las promesas y el tener que asistir impotentes a que los gobernantes “de izquierdas, progresistas y feministas” asuman como “política propia, verdadera y fehaciente” el impulso, a cargo (saqueo, una vez más) del presupuesto público, de los planes privados de pensiones.

Ahora le toca el turno a la corporación municipal del Ayuntamiento de Barcelona, presidida por la alcaldesa, Ada Colau (de la Coalición electoral “En Comú Podem”, organizada por los partidos políticos Catalunya en Común y Podemos). Su firma aparece bajo la adjudicación de un millonario contrato para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a Servisar filial que pertenece a la multinacional francesa DomusVi, que tiene como principal accionista al fondo de inversión Intermediate Capital Group. La matriz se encuentra en la isla de Jersey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal para España. El contrato a Servisar asciende a 96,3 millones por dos años, según informa el digital Metrópoli Abierta.

Actualmente, el SAD atiende en Barcelona a unas 24.000 personas. El precio total de la licitación era de 199’3 millones de euros. Servisar se hizo con los lotes 2 y 4, correspondientes al Eixample y Gràcia (lote 2) y a Sant Martí y Sant Andreu (4). Los otros dos lotes (1y 3) han ido a parar a manos de Suara, una empresa cooperativa que gestionará la atención domiciliaria en el resto de distritos de la ciudad por dos años con coste de 99 millones de euros.

La Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) ha puesto el grito en el cielo por la adjudicación y continuidad de la privatización del servicio, cuando nada obligaba a ello. Hay que recordar que DomusVi está en entredicho por su gestión de residencias en la crisis sanitaria del coronavirus, con decenas de muertos y equipamientos intervenidos. En abril, Infolibre publicó que acumulaba más de 150 fallecimientos en ocho centros. DomusVi está siendo investigada, además, por un presunto maltrato a mayores.