RONDA DE BUITRES

Guerra comercial entre las farmacéuticas por la vacuna de la Covid

Tras la experiencia de estos nueve meses de medidas ‘contra la Covid’, ya los poderosos del mundo (los consejos de administración de los grandes consorcios internacionales de las finanzas o la industria, en simbiosis perfecta con los gobiernos de los países dominantes) saben que hagan lo que hagan, por atroz que sea, lo harán impunemente. Ya ni siquiera necesitan ser cínicos, ni disimular la verdadera naturaleza de sus fechorías, pues todo indica que ahora mismo sus víctimas, desorganizadas y desorientadas, apenas lograremos reaccionar.

Tal ocurre con la ‘guerra comercial’ desatada entre las multinacionales de la investigación biomédica y farmacéutica para vender ‘su’ particular vacuna contra la Covid. Una pugna infame, que se lleva por delante, en primer lugar, la máscara.

El 9 de noviembre, la farmacéutica norteamericana Pfizer, asegura en rueda de prensa, que dispone de una vacuna contra el covid-19 con una eficacia de más del 90%, de la que se podrá disponer a partir de finales de año. Cuando la noticia llega al mercado bursátil internacional, las acciones de la compañía y su filial alemana, BioNTech, suben como la espuma.

Ese mismo día, 9 de noviembre, el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, vendió el 62% de sus acciones de la compañía por valor de 5,6 millones de dólares (unos 4,7 millones de euros), según certifica la Comisión del Mercado de Valores de EEUU. De acuerdo al documento, Bourla vendió 132.508 acciones a un precio de 41,94 dólares, cerca de su cotización máxima.

También, ese mismo día, con el mercado bursátil disparado en favor de Pfizer, vendió sus acciones en la empresa la vicepresidenta ejecutiva de Pfizer, Sally Susman, que se embolsó 1,8 millones de dólares en la operación, según documentos del regulador bursátil.

Por más que todo evidenciaba que se estaba delante de una operación comercial y financiera de carácter especulativo -jugando con la angustia creada en una población mundial a la que se mantiene amedrantada- , sin ninguna garantía ni evidencia sobre la utilidad de la vacuna, apenas dos días más tarde, el 11 de noviembre, la Unión Europea firma un acuerdo con Pfizer para adquirir hasta 300 millones de dosis de su ‘futura’ vacuna contra la covid-19. Se suma así esta compañía a los tres contratos ya firmados por la Unión Europea con otras tres farmaceúticas: AstraZeneca (300 millones de dosis), Sanofi-GSK (300 millones de dosis) y Johnson & Johnson (200 millones de dosis), mientras se mantienen conversaciones avanzadas con CureVac y Moderna.

Apenas cuatro días después, el 15 de noviembre, otra empresa bio-farmacéutica estadounidense, Moderna, anuncia que su vacuna experimental contra la covid, tiene una eficacia del 94,5%, superior al 90% del que había presumido su rival, Pfizer.

Al calor del miedo y angustia provocados en la población mundial por la Covid, esta empresa, Moderna, anunció el pasado mes de julio, también en rueda de prensa comercial y no científica, prometedores resultados con la vacuna. El anuncio produjo una inmediata subida en bolsa de sus acciones de un 30%, lo que aprovechó su consejero delegado para vender 72.000 acciones de la empresa y conseguir 4,8 millones de dólares. Por el mismo camino anduvo el presidente de Moderna que obtuvo 1,9 millones de dólares.

Ante este escenario de descarnada pelea por el beneficio económico, sin importarles lo más mínimo la salud ni el alivio de las gentes, también el gobierno español pone su granito de arena, para consumar el saqueo general. Sin esperar validación científica conforme en estos casos se han seguido y se siguen los protocolos previstos para la aplicación universal de medicamentos o vacunas, que se ejerce la transparencia necesaria en el seguimiento de los grupos sometidos a investigación, el ministro de sanidad de España, Salvador Illa, declara el mismo día 11 de noviembre, que «el gobierno espera que esta semana o la siguiente pueda firmar nuevos contratos con la farmacéutica para las primeras dosis del remedio, que podrían llegar a principios del año que viene, incluso, si todo va muy bien, a finales de este» hasta lograr «adquirir unos 20 millones de dosis en total, para inmunizar a unos 10 millones de personas en España a principios de año, y que estas vacunas serán gratuitas», aunque todavía no se supiese cómo mantener las vacunas a 75º bajo cero hasta el momento de su suministro a los pacientes.

Hasta la fecha, ningún organismo administrativo de ningún país, ni mucho menos la Organización Mundial de la Salud, ha otorgado validez a los resultados anunciados. Es decir, nos encontramos ante un acto de propaganda, puro y duro, de estas multinacionales, en una pelea descarnada con otras, por hacerse con los contratos multimillonarios de los Estados.

En base a estos primeros hechos y la evidencia de que la gigantesca estafa social en que está derivando la gestión de la pandemia, propondré a mi sindicato, la CGT de Pontevedra, que añada a su conocida tabla reivindicativa en aras de lograr una Sanidad pública (ni estatal ni privada, sólo pública en su titularidad, organización y gestión):

– Creación de un comité científico bio-médico y químico-farmaceútico autónomo, con acreditada independencia de la industria farmacéutica, que evalúe la validez, eficacia y calidad de las vacunas ahora mismo en investigación o disponibles.

– Exigencia de centros de investigación bio-sanitaria y farmacéutica públicos, sin intervención de intereses privados, financieramente protegidos y sostenidos con fondos públicos suficientes. Control público de sus patentes.

– Creación de una industria pública capaz de fabricar los medicamentos considerados como esenciales, entre ellos, las vacunas. Control público de su gestión y producción, destinándola a las necesidades de la población mundial.

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