HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

El Sergas en coma, “atendido” por los Fondos Buitre

De los 4.025 millones de euros del presupuesto sanitario de la Xunta de Galicia, el 8,8%, unos 354 millones se van cada año en conciertos privados y en el pago a las empresas privadas que gestionan los hospitales de Vigo (Álvaro Cunqueiro y POVISA). Para hacernos una idea aproximada de lo que significan estas cifras, calculemos que con este dinero se podrían contratar a 2000 médicos, 4.000 enfermeras y 3500 auxiliares administrativos.

  El Hospital Álvaro de Vigo es el primer y último hospital construido en Galicia con el modelo de colaboración público-privada, por el que la empresa construyó la infraestructura adelantando la financiación y la Administración lo va pagando después a plazos, con intereses. El presupuesto de la obra fue inicialmente de 375 millones de euros y la concesión por 20 años, durante los cuales el Sergas viene pagando un canon anual de más de 40 millones y unos 30 más por la gestión de los servicios no clínicos, que le ha otorgado en concesión.

Todo esto ocurrió en 2015, en medio de multitudinarias protestas y manifestaciones del pueblo vigués. La gran manifestación del 3 de septiembre de 2015 reunió a cerca de 200.000 personas, procedentes de toda la comarca. Lo mismo volvió a ocurrir el 29 de diciembre de 2018, sin que se lograse torcer la voluntad privatizadora de la Xunta, sobre un centro hospitalario que presta servicio a más de 600.000 personas de toda el área. Las manifestaciones, tanto generales como las convocadas por trabajadores y usuarios del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), no cesaron a lo largo de 2019, reivindicando mejoras y la necesidad de que se reviertan los recortes y regrese al ámbito público la gestión del Álvaro Cunqueiro, en todos sus servicios.

Cuando la Xunta de Galicia, en aquella ocasión y hasta hoy, decidió la concesión de la construcción y gestión del citado hospital a una “unión de bancos, constructoras y gestoras sanitarias” (bajo el rótulo empresarial de “Concessia”), significó un “tremendo negocio” para ese conglomerado e, inevitablemente, en justa correspondencia, un “mal negocio” para todos los gallegos, quizá con la excepción de aquellos que legítimamente aseguran representarnos -en virtud de las elecciones políticas- y, por las razones que sean, desvían abiertamente el presupuesto entregados a su encomienda hacia bolsillos privados.

Según la Asociación galega para a Defensa da Sanidade Pública, en todos estos últimos años, Concessia, fue “recortando los recursos contemplados en el contrato de concesión firmado con el SERGAS” con el objetivo de “incrementar sus ganancias”. A juicio de esta Asociación, “la colaboración público-privada” para levantar estas instalaciones supuso también un sobrecoste “para las arcas públicas gallegas, puesto que paso de 450 millones de euros a 1.350 millones a pagar en 15 años”.

Ante el suculento negocio que representa el H. Álvaro Cunqueiro, dos fondos “buitre” (grandes grupos financieros, que anteponen el interés privado y la ganancia económica al servicio -sanitario, educativo, agua, vivienda, etc- que han de prestar las sociedades en las que invierten) han entrado con fuerza en el accionariado de Concessia.

Primero fue, en 2019, el “fondo buitre luxemburgués, River Rock”, que compró el 16,67% de las acciones que tenían siete entidades financieras a través de Concessia, al que hay que sumar en 2020 la entrada en la propiedad, tras la compra por Meridiam de un 43, 44% de las acciones (vendidas por su titular actual Acciona, junto a otras concesiones en la Autovía A-66, Hospital de Toledo, Zona Regable del Canal de Navarra, mantenimiento del nuevo edificio de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona y otras). Meridiam” es otro “fondo buitre” con sede en París, con oficinas en diez países: Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Luxemburgo, Turquía y Senegal, por más que la telaraña vampiresa de sus “negocios” se extienden por decenas de países, en todos los continentes.

Inevitablemente, estas maniobras especulativas a cuenta de los recursos sanitario públicos, supondrán sobrecostes brutales para el SERGAS, problemas asistenciales para la población del área de Vigo y un negocio redondo para las empresas, ahora propietarias de la concesión.

La semana pasada, el presidente de la Xunta de Galicia anunció la licitación del nuevo hospital, “Montecelo” que sustituirá en Pontevedra al ya existente y que requerirá una inversión inicial de 130 millones de euros. De momento se ‘ignora’ el modelo real de gestión que tendrán las nuevas instalaciones, si público, si privado o si, como el Hospital Álvaro Cunqueiro, de “colaboración” público-privada, que finalmente pueda ser ofrecido en subasta a los “fondos buitre” que ya estarán ojo avizor.

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