VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTAS DELICTIVAS, BAJO RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y AUTONÓMICO

Comunicado (extracto) de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes, Tenerife, y del Espacio Contra las Desigualdades Sociales. Por la Justicia Social y Ambiental, sobre la grave situación y vulneración sistemáticos de los derechos humanos que, bajo responsabilidad del gobierno central (PSOE y Unidas-Podemos) y autonómico de Canarias, (PSOE, Si Podemos y ASG), se está llevando a cabo en el Campamento de Las Raíces, situado en La Laguna, Tenerife.

Desde hace más de un mes, unas 1500 personas (entre ellas alrededor de 50 menores) se encuentran retenidas en este sitio inhóspito, al norte de Tenerife. Les tienen retenidos en una de las zonas más frías, lluviosas y ventosas de la isla, sin abrigo suficiente, sin comida suficiente y de mala calidad (que les está provocando intoxicaciones), sin agua caliente, sin atención médica ni psicológica de calidad, sin cumplirse los derechos humanos fundamentales y dejándolas expuestas a múltiples factores que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Además, reciben malos tratos físicos y psicológicos por parte de la empresa de seguridad del recinto. Todos estos hechos han sido denunciados por las personas acogidas y por el personal contratado por ACCEM, la empresa encargada de este Campamento.

El Gobierno de España, haciendo uso de Canarias como su Colonia en África, ha convertido al Archipiélago en una cárcel de destierro para los miles de personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor.

Grande-Marlaska, ministro de Interior y responsable directo de este Campamento de la Muerte, ha declarado que no permite la movilidad de estas personas porque no tiene competencias, debido a que “las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no sólo de España”. Es algo obvio que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está tratando en este caso a Canarias como un territorio aparte del resto del Estado Español, haciéndonos creer que no está en sus competencias el traslado dentro de sus propias fronteras de las personas migrantes. Sobre el papel es obvio que es el único responsable y que cuenta con la total posibilidad legal para hacerlo. Algo que, por otro lado, ha sido desmentido por Ylva Johansson, de la Comisión Europea, quien señaló en varios medios de comunicación que el Gobierno español tiene total poder de decisión a nivel interno, dentro de su territorio.

Lo está haciendo, además, con la complicidad de ACCEM, una ONG que no sabemos cuánto dinero se está llevando por la gestión de este campamento, pero sí sabemos que en el 2019 recibió del Estado 10.673.730 euros para ayudar a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, según los datos del «BOE» núm. 103, de 30 de abril de 2019… ¿10 millones de euros para maltratar a la gente? ¡El negocio de las migraciones y las fronteras!

Es de vergüenza que un gobierno que se dice de izquierdas esté vulnerando de manera tan clara los derechos humanos de miles de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad, que están totalmente bajo su responsabilidad.

Por todo esto, denunciamos, que en este campamento se están vulnerando los derechos humanos y, por ello, EXIGIMOS:

– El cierre inmediato del Campamento de Refugiados de Las Raíces.

– Que el Gobierno español y el autonómico, ambos del PSOE y Unidas Podemos, se hagan cargo de esta situación de forma responsable y respetuosa con los derechos humanos, que vulneran, y permitan el libre tránsito de las personas encerradas en Canarias por todos los territorios del estado español y Europa.

– Que revisen las instalaciones de Las Raíces para confirmar la permanencia en él de menores no acompañados.

– Que se exijan responsabilidades a la empresa ACCEM por la gestión nefasta de la acogida que están llevando a cabo (con dinero público), la cual está teniendo como consecuencia la vulneración, de formas múltiples, de la salud de las personas acogidas.

– Que se exijan responsabilidades a la empresa de seguridad Segurmaxim por maltrato físico y psicológico, así como abusos de poder, que se están dando dentro del Campamento.

– Que se exijan responsabilidades a la empresa Serunion por la mala calidad de la comida y se pida una Inspección de Sanidad debido a las intoxicaciones alimentarias ocurridas el 13 de marzo del 2021.