Las familias del bloque La Dignidad, de Móstoles, siguen viviendo en la calle un mes después del desahucio
Cuando se cumple un mes del desalojo por la fuerza del Estado de 18 familias que habitaban el bloque La Dignidad en Móstoles, ante el desprecio del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que siguen sin ofrecerles alternativas adecuadas a la gravedad de cada caso, se han visto en la necesidad de vivir en la calle. En el momento de su ocupación por 54 familias sin hogar y en situación económica precaria, el edificio se mantenía cerrado a cal y canto para todo uso desde hacía más de ocho años.
El 18 de agosto, el colectivo solidario, Stop Desahucios Móstoles, organizó una manifestación que partió desde el bloque, con el fin de seguir visibilizando la situación de las personas arrojadas por las autoridades a la calle. Al terminar la manifestación, la asamblea de los desahuciados decidió plantarse frente a los juzgados, dispuestos a exigir soluciones a las autoridades. Sin embargo, al día siguiente, la policía les obligaba a levantar la acampada, y aunque esa misma tarde-noche volvían a colocar sus tiendas de campaña en el lugar, en los días siguientes, la policía volvió a amenazar a los acampados con multas y amagos de cargas, por lo que de nuevo, hubieron de desmontar las carpas.
José Torralbo, portavoz de Stop Desahucios Móstoles, ha defendido que “estas familias extremadamente vulnerables han sido desahuciadas sin ningún tipo de alternativa, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Comunidad de Madrid y cuando vienen a dormir al parque, que es el único sitio que tienen, también quieren desalojarlos de aquí … vulnerando el derecho fundamental a la vivienda”, por más que el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid tienen viviendas en la ciudad, vacías y cerradas.
Para Stop Desahucios Móstoles, el impedimento al acceso a una vivienda viene de lejos. Es el propio Ayuntamiento quien ha incumplido las mociones que fueron aprobadas en Pleno municipal: una de 2016 donde se aprobaba que a estas familias se las buscaría una alternativa, y otra de 2019, que aprobaba que cuando hubiera resoluciones de Naciones Unidas, el Ayuntamiento buscaría alternativas habitacionales para las familias. Ante el incumplimiento de estas resoluciones, las familias “agotaron todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir el desahucio”, sin embargo el Juzgado número 1 de Móstoles impuso el desalojo violento.
La asamblea de las familias y Stop Desahucios de Móstoles, han decido reanudar las protestas, hasta lograr una solución habitacional para estas familias, muchos de cuyos miembros padecen graves problemas de salud y en situación económica desesperada.
Un testigo (Móstoles)