Granada, 2023: de la Cumbre de la Alhambra a la Cumbre Social
Una “Cumbre Social” que reproduce los modos y doctrina de la “Cumbre política”
Más de 40 organizaciones, entre ellas la CGT, han hecho público un comunicado con motivo de la manifestación que tendrá lugar en Granada bajo el lema “Otra Europa es posible”, en el contexto de la denominada “Cumbre de la Alhambra” de la Comunidad Política Europea, organizada por la Presidencia española de la UE.
Somos conscientes de que un manifiesto suscrito por tantas entidades de todo tipo ha de representar un importante esfuerzo de entendimiento colectivo que, por fuerza, ha de soslayar aspectos reivindicativos y de acción sindical o social considerados relevantes de la personalidad y filosofía básicas de cada uno de los firmantes.
Sin embargo, la inclusión en este manifiesto de grupos políticos institucionales, incluso de gobiernos en ejercicio, pervierte inevitablemente todo el esfuerzo que se haga. Pues, en cualquier caso, ninguno de ellos, pondrá en cuestión la pertinencia del régimen político-económico en el que el partido político firmante participa y a cuyo poder (coacción y violencia) aspira. Esto es, por un lado el régimen político estatal (en nuestro país, bajo el modelo de democracia representativa) y, por el otro, en perfecta y esencial simbiosis con el primero, el régimen económico capitalista.
En este aspecto, el manifiesto que comentamos, exhibe un planteamiento tan equivocado como dañino, repleto de palabras vacías que, en su ruido demagógico, encubren la insinceridad más vergonzante. Por si hubiese dudas, el propio lema “Otra Europa es posible” lo deja meridianamente claro, pues bajo ese eslogan cabe cualquier cosa. No siendo suficiente, que acto seguido, el manifiesto trate de acotar esa Europa posible con palabras a las que se otorga un significado claro y ‘positivo’, pero que en absoluto lo tienen, empezando por el propio sustantivo que encabeza la frase: una Europa ecologista, feminista, social, pacifista, democrática, decolonial …
En el manifiesto se pregona abiertamente que la solución a los problemas sociales o ecológicos vendrá de la mano de la clase política gobernante, pues a ella se apela. Dando por supuesto que “Otra clase política es posible”, sin modificar ni poner en cuestión las fuerzas y agentes que están en el origen y la persistencia de esos mismos problemas y, a cuyo mandato, el político de turno ha de estar atento.
Aunque la lista podría extenderse a cada uno de los epígrafes ‘reivindicativos’ que se enumeran, basten unos pocos ejemplos para ilustrar el uso y abuso de este lenguaje vacío y tramposo.
Dice el texto “Una transición energética justa con financiación pública responsable”. Dicho de otro modo, bastará que unos dirigentes políticos ‘honestos’ se pongan al frente del gobierno, para que las petroleras se rindan, la industria atómica entregue sus armas, la Banca mundial renuncie a sus lucrativas inversiones … de modo que la transición energética devenga “justa” (y no en interés privado, como lo está siendo ahora mismo) y la financiación pública sea “responsable” (y no prevaricadora, como anuncian, ahora y siempre, los presupuestos generales de los Estados, con sus partidas ministeriales de la guerra, economía, interiores penales y mordazas, industrias …).
Dice el texto en otro apartado: “Garantizar los derechos laborales, mejoras salariales …”. ¿Quién es el garante de esos ‘derechos laborales” y quien el fiscalizador de esas ‘mejoras salariales’? No cabe duda alguna a quien se refieren. Consideran que las relaciones laborales han de estar regidas por el derecho positivo europeo y nacional, con su corpus de leyes, jueces y demás instituciones, en aras de garantizar un orden ‘justo y equitativo’ entre el empresario y el trabajador. Acaso pretendan los autores del manifiesto de que por medio tan “simple”, como lo pueda ser el imperio de la ley y el derecho, elaborado por legisladores en estado de beatitud y gracia inefables, se logre en un abrir y cerrar de ojos, en transición pacífica, el fin universal de la lucha de clases, de la preminencia de la propiedad privada y el dinero sobre cuanto pueda haber de digno en esta existencia, y, con ello, el fin de la ‘odiosa’ confrontación social o la generalización de la servidumbre pactada.
La confusión entre lo que es una reivindicación -más o menos cercana, más o menos alcanzable a corto o mediano plazo– y la pretensión de erigirse en una alternativa de gobierno (sustituir un equipo por otro), a costa de mantener sin cambios la estructura económica capitalista y la organización política autoritaria, representa un dislate inadmisible que, a la postre, deriva en la conformidad servil respecto del aparato (la democracia representativa no es menos autoritaria, ni menos destructiva que los otros regímenes totalitarios, baste con recordar el papel de la democracia estadounidense o de países europeos, en el saqueo del planeta y la opresión de los pueblos).