VII Época - 30

LA REPRESIÓN INCESANTE DE LA PATRONAL Y LOS MINISTERIOS DE INTERIOR Y JUSTICIA, SIEMPRE UNIDOS

Piden tres años de cárcel para 7 trabajadores acusados por manifestarse en una huelga

El pasado martes, 12 de marzo, iba a tener lugar en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cádiz el juicio contra siete trabajadores acusados de participar en los incidentes originados en la huelga del metal de noviembre de 2021. La Fiscalía solicita inicialmente para cada uno de ellos dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otro año por un delito de atentado. Sin embargo, nada más iniciarse, el juicio fue suspendido y enseguida aplazado, con el argumento de que la autoridad ‘competente para juzgar’ este caso no es el Juzgado de lo Penal sino la Audiencia Provincial de Cádiz y no el Juzgado de lo Penal. La violenta amenaza de las autoridades de llevarlos a la cárcel por defender sus justas reivindicaciones relativas al Convenio sigue vigente.

Una vez más el interés de la patronal del metal y la violencia del estado (ley, tribunales y cárcel) se confabulan para ejercer una furiosa represión contra siete trabajadores, acusados de participar en las protestas de la huelga del metal que paralizó durante nueve días el sector en Cádiz. Independientemente de la pena que finalmente se les imponga, la mera amenaza represora sostenida por el Fiscal durante meses es inadmisible, máxime cuando tiene en sus manos la posibilidad real de hacerla efectiva. Semejante atropello, destinado a amedrentar tanto a sus víctimas directas, hoy en el banquillo, como a sus compañeros huelguistas, no debiera tolerarse sin enfrentamiento sindical y social, acorde al nivel de la amenaza y la violencia ejercidas por el estado.

Los hechos enjuiciados se produjeron entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021, en las vísperas del acuerdo que firmaron a espaldas de los trabajadores y en contra de su voluntad expresa, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal del metal gaditano FEMCA tras nueve días de huelga en un sector con cerca de 25.000 trabajadores empleados en unas 700 pequeñas y medianas empresas, auxiliares y subcontratas de las compañías gigantes del sector aeronáutico y naval. Los siete acusados son trabajadores de empresas auxiliares del metal, la mayoría con contratos temporales, fueron detenidos días después de los hechos, tras una redada policial –‘brutal’ según el vecindario testigo- en el barrio donde vivían.

Los incidentes tuvieron lugar en la barriada de Río San Pedro de Puerto Real, una zona de unos 6.000 habitantes que tiene en su polígono industrial una de las factorías metalúrgicas más importantes, los astilleros de Navantia. Fue allí donde se produjeron las manifestaciones, barricadas, intercambio de lanzamientos de diversos objetos, pelotas de gomas y botes de humo entre fuerzas antidisturbios y manifestantes, y donde intervino, incluso, una tanqueta de la Policía. Los ‘delitos’ de los acusados, según la Fiscalía, consistieron en la “colocación de barricadas para cortar el tráfico de la vía pública” y lanzar “botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, sin que en los autos se haga referencia a daño alguno material o personal causado por el lanzamiento de objetos por los trabajadores. Así pues, todo se redujo a usar contenedores de basura a modo de barricadas para impedir el despliegue de la Policía armada, el vuelco de un contenedor de reciclaje de vidrio y el corte de las vías públicas.

En contraposición a la conducta de los trabajadores, la intervención de la Policía fue absolutamente desmesurada y agresiva. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), denunció ante la misma Fiscalía que ahora les acusa y pretenden encarcelar-, el lanzamiento por las fuerzas de orden público de 900 pelotas de goma en tan solo dos días, de 50 a 60 botes de gas lacrimógeno por día y de 800 disparos de salva en una mañana. Como era previsible, la Fiscalía decidió desestimar la demanda y eximir a las jefes de la operación de toda responsabilidad en la violenta representación que ejercían los agentes a sus órdenes. En la resolución de sobreseimiento de la denuncia, la Fiscalía llega a escribir: “El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal”, lo que contrasta con su decisión posterior de imputar, ahora sí, pero a los trabajadores, una actuación que sí entraña ‘tintas de tipicidad penal’ de hasta tres años de cárcel. El descaro y la función represiva contra los trabajadores del aparato judicial del estado, no pueden manifestarse de modo más palmario.

Según el abogado defensor, “en estos últimos 40 o 50 años ha habido muchas movilizaciones en la provincia de Cádiz en el sector del metal y nunca ha habido semejante represión, hasta el punto de llegar a pedir tres años de cárcel, lo que no puede tener otro objeto que la criminalización de la acción sindical.

Tanto en la huelga como en la movilización en la calle de esos días participaron miles de trabajadores por lo que, en frase los manifestantes a las puertas del juzgado el día 12, “todas y todos participamos por igual y todas y todos fuimos culpables de defender nuestros derechos, por lo que todos debemos estar en el banquillo”.

Crónica La Campana (Fuente: CTM)

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