VII Época - 32

A LAS COSAS POR SU NOMBRE: La Policía española, la Policía racista

En los últimos días hemos asistido, gracias a personas que graban este tipo de actuaciones, a un nuevo episodio de violencia o terrorismo policial en las calles de Lavapiés, en Madrid. Describir la actuación de los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que fueron descubiertos apalizando a dos ciudadanos negros, provoca enfado en quienes tienen muy claro que no sirven a los intereses de las de nuestra clase, y que su existencia no se debe a ningún deber (altruista) de garantizar la “seguridad” de nadie. Es demasiada casualidad que sea siempre en estos distritos, los más humildes y racializados de cualquier ciudad, donde las personas migrantes encuentren tantos problemas para poder sobrevivir, incluso que se topen de bruces con la propia muerte mientras huyen o se defienden de los cuerpos represivos del Estado. Como le ocurrió al senegalés Mame MBayé, cuando el 15 de marzo de 2018 emprendió una frenética carrera para huir de la policía municipal desde donde se encontraba vendiendo productos en la Plaza Mayor hasta su barrio, Lavapiés (otra vez). Un infarto puso fin a sus sueños de intentar tener una vida mejor en Europa, y cayó al suelo justo en la calle del Oso. Durante varios días la rabia se apoderó de plazas y calles, y no solo en el barrio donde este joven de 35 años vivía. Muchos entendieron entonces que lo de Mame no había sido un accidente, sino una situación provocada, producto del acoso, del hostigamiento continuado al que son sometidas estas personas día sí y día también. Pero no fue suficiente. El Estado volvió a poner en marcha su maquinaria para defender y blanquear, obviamente, a quienes conforman su escudo impenetrable (por el momento). Y aquello se atajó rápidamente con varias denuncias y algunas noticias de policías haciendo “cosas” que “solo” pueden hacer ellos: detenciones de supuestos terroristas, incautaciones de grandes cantidades de droga, intervenciones en casos de violencia machista, etc. Los medios les llaman héroes, los portavoces de las asociaciones policiales denuncian en programas de máxima audiencia a quienes se quejan o critican a los agentes señalados por su brutalidad, y a la par se emiten otras noticias sobre casos donde han fallecido miembros de estos cuerpos represivos en el ejercicio de sus funciones, para recordarnos que ser policía es una profesión de riesgo.

La represión y el racismo institucional nos tocan muy cerca cada día. Por eso la respuesta de rechazo no se ha hecho esperar demasiado por parte de muchas organizaciones y colectivos sociales con este nuevo episodio contra dos personas indefensas, estando una de ellas totalmente tranquila y en actitud colaborativa con las “fuerzas del orden”. Incluso en esta ocasión periodistas y comunicadores –que se deben a sus empresas mediáticas-, han explicado que la “secuencia de imágenes”, que corrieron como la pólvora en las redes sociales y medios alternativos y no tan alternativos, no tienen justificación. Pero la verdad es que esta “crítica” tampoco ha sido muy contundente, y no han ahondado demasiado en el asunto. No han entrado en el debate sobre la impunidad policial, quizás porque no interesa, ni tampoco en las razones que originan este tipo de violencia contra la clase trabajadora (nativa o extrajera).

De nuevo se evidencia la importancia que tienen los verdaderos espacios alternativos de difusión de información y comunicación. Es urgente defenderlos y promocionarlos, porque son la únicas plataformas que nos quedan donde reflejar los verdaderos problemas de la mayoría social, y desde luego donde no se hace (o no se debería hacer) publicidad a ningún enemigo de clase.

Hacer esto significa no andar fijándonos en el dedo cuando se nos está apuntando a la luna. Es decir, está genial exigir la dimisión del político de turno cuando estos episodios ocurren (¡y nos enteramos!). Pero no se trata de quedarse ahí, en un “comunicado” o en una reivindicación puntual, o como mucho en un artículo. Vamos muy tarde para hablar claro y llamar a las cosas por su nombre. Porque apelar a la “voluntad” o la “conciencia” de un ministro que está más que acostumbrado a escuchar su nombre relacionado con denuncias de tortura (*), que ni se inmuta con la cantidad de personas desaparecidas en las rutas migratorias hacia Europa y cómo son “acogidas” las que logran pisar suelo español en las fronteras del Estado, no está sirviendo de mucho. Prácticamente de nada, porque no se trata de un determinado personaje político, no es un policía concreto ni una formación política, sino que hablamos de todo un sistema institucional heredado de años de opresión y de engaños. Nos han hecho dóciles y fáciles de moldear cuando las injusticias tienen lugar delante de nuestros ojos. Por eso, desde nuestros rincones no debemos dar voz ni crédito a sus defensores, ni mucho menos comprar el mensaje ni utilizar su mismo lenguaje, porque todo ello justifica sus actuaciones: “es que algo estarían haciendo”, “es que traficaban con droga”, “es que habían empezado primero”, etc.

Desde nuestros espacios anarcosindicalistas y libertarios no caben “comunicados oficiales” en los que se reflejen la relación directa (inexistente) entre estos cuerpos y la supuesta “seguridad ciudadana” que tienen el deber de mantener. Desde nuestros espacios hay que señalar directamente también a los ejecutores de este terrorismo, porque todos los policías (absolutamente todos) conocen muy bien, antes de hacerlo, donde se meten cuando deciden traicionar a su clase social e ingresar en academias donde les enseñan a reprimir en nombre de la “seguridad” de las personas.

En CGT, necesitamos más acción directa contra la policía y sus violencias, y menos comunicados que sirvan para demostrar que “algo se dijo” cuando ocurrió tal cosa. En CGT necesitamos tener –como siempre se ha tenido en organizaciones ácratas-, muy claro quiénes son nuestros enemigos y cuál es la hoja de ruta que como militantes debemos seguir basándonos en el apoyo mutuo y la solidaridad contra ellos. Por nuestra memoria y por nuestro futuro, basta de hacer creer que la Policía, -la institución que tiene el monopolio de la violencia en nuestra sociedad-, puede ser “reformable”.

(*) El Estado español ha sido condenado en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar suficientemente las actuaciones policiales que rodearon el caso de las denuncias de un miembro de Ekin, detenido en nombre de Fernando Grande Marlaska en 2011.

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