Violación de los Derechos Humanos sobre la población saharaui

Amnistía Internacional lo denuncia ante la ONU

Dado que España sigue siendo ante la ONU y la legislación internacional la fuerza administradora del Sáhara Occidental (esta región africana, en proceso de descolonización frustrado tras la invasión y ocupación por Marruecos en 1975, fue provincia española hasta esa fecha) se debe y tiene que exigir a las autoridades españolas que asuman su responsabilidad sobre ese territorio hasta que culmine el proceso de descolonización y se respete la voluntad del pueblo saharaui.

Sin embargo, las autoridades ‘progresistas’ del gobierno actual -exactamente igual que el anterior y el anterior …- se hacen los ciegas y sordas ante el sufrimiento del pueblo saharaui y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ejercidas por el ejército y la policía marroquí, que también se extienden a los campos de refugiados de Tinduf, controlados desde hace más de 40 años por el Frente Polisario.

Todas las evidencias apuntan al hecho de que tras la ocupación militar del territorio, son el pan nuestro de cada día para el pueblo saharaui los encarcelamientos y detenciones por meses y años sin juicio, torturas, actos de represión colectiva y de brutalidad y ensañamiento policial y militar.

En este contexto, Amnistía Internacional ha pedido a la ONU, ante la próxima reunión del Consejo de Seguridad, que su Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) debe contemplar en sus actuaciones y constar en su mandato internacional la vigilancia de los Derechos Humanos. Lo que no ha hecho.

Según señala Amnistía Internacional, en la excolonia española las autoridades marroquíes no permiten el acceso de periodistas y organizaciones independientes de Derechos Humanos, lo que, además de “impedir la observación de los abusos contra los derechos humanos” también “consolida la impunidad de las fuerzas de seguridad marroquíes en el Sáhara Occidental”. Ante estas circunstancias y la constatación de graves sucesos en los que resultan víctimas saharauis, la ONU no puede mirar para otro lado, por más que lo esté haciendo, como lo demuestra el hecho de que el 28 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU haya sometido a votación la renovación del mandato de la MINURSO, en base a un texto que “no incluía un componente de derechos humanos” a lo que, sin embargo, estaba “obligado por la legislación internacional”. En este aspecto, AI recuerda que esta misión se estableció en 1991 “con objeto de hacer seguimiento de un acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas armadas de Marruecos y el Frente Polisario, movimiento independentista saharaui que administra los campos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia”.