CRÓNICA DE LA ARBITRARIA PROHIBICIÓN POR EL GOBIERNO DE UNA MANIFESTACIÓN EN MADRID
Había sido convocada por más de 70 organizaciones y grupos vecinales y sindicales
Hasta 70 colectivos y organizaciones vecinales y sindicales de los barrios y pueblos de Madrid, entre ellas la CGT, habían comunicado a la Delegación del Gobierno el pasado 1 de enero, la celebración de una manifestación el día 30 de ese mismo mes bajo el lema principal “Nos están matando”.
El llamamiento de CGT-Madrid para la participación en la manifestación convocada desde Cibeles a Sol, en consonancia con los repartidos por las otras organizaciones y colectivos promotores de la movilización, decía: “Exigimos un plan de rescate para la hostelería y el comercio local, exigimos un transporte público seguro y de calidad, exigimos luz para nuestras vecinas de la #CañadaReal que llevan meses sin electricidad y soportando unas temperaturas extremas en pleno invierno. Ninguna persona se merece malvivir cuando otro reparto de la riqueza es posible y urgente. Exigimos también una Sanidad Pública de calidad, no más recortes en nuestro sistema público de salud.”
En la comunicación al gobierno de las 78 organizaciones y grupos iniciales convocantes del acto, se hacían constar “las medidas sanitarias que seguiríamos durante la manifestación con la disposición de un “servicio sociosanitario” (uso de mascarillas y distancia física).
Sin embargo, el día 26, cuatro días antes de la fecha prevista, cuando ya se había difundido el anuncio de la movilización, hechos públicos sus motivos entre la vecindad y editados y distribuidos la mayor parte de los materiales gráficos y documentales, estalla la sorpresa. Un oficio de la Delegación del gobierno informa a los convocantes que “la manifestación queda prohibida”, basándose para ello en un «informe solicitado a la Consejería de Sanidad» recibido el día 20 de enero, en el que desaconseja la movilización. Curiosamente, la Delegación del Gobierno había autorizado una manifestación de grupos de la extrema derecha ‘negacionista’ el pasado sábado día 23, es decir, tres días después de recibir el citado informe.
Ante esta insólita y arbitraria decisión del gobierno, los convocantes decidieron celebrar el viernes 29 de enero, una asamblea general en la que tomar una decisión, bajo el lema “Nos están matando y también nos están amordazando; pero no vamos a consentir ni una cosa ni la otra. Solo con la unidad y la lucha conseguiremos avanzar en derechos civiles, laborales, sociales y políticos”. Al mismo tiempo que convocaban para el sábado, día 30, a las 12,30h, en los aledaños de la Plaza de Cibeles, acera del Banco de España, a la prensa para informarles de lo decidido.
La Asamblea emitió un comunicado en el que informa de que va a denunciar al delegado del Gobierno en Madrid por prevaricación al no autorizar con la excusa falsa de “motivos sanitarios” una manifestación prevista para esta tarde “en defensa de los servicios públicos”. Se trata de “una decisión política” arbitraria e “ilegal”. Además, se informa de que la manifestación prevista para este día 30 de enero se celebrará el 14 de febrero, a las 12:00h y con el mismo itinerario.
Fuente: Coordinadora 25S