TRABAJAN DURAMENTE Y EN CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y, SIN EMBARGO, LA LEY NO LAS CONSIDERA TRABAJADORAS

España ocupa el segundo puesto a nivel europeo en la contratación de empleo doméstico y cuidados en hogar, casi el 3% del total de los trabajadores en activo, frente al 0,3% de países como Finlandia o Bélgica. Sin embargo, a estas alturas (y así se mantendrá, al menos hasta 2023), los trabajadores de este sector, ocupado en su abrumadora mayoría por mujeres, no tienen todavía para el gobierno español y sus leyes de estado, la consideración de trabajadores. Ni se ha ratificado para ellas el Convenio 189 de la OIT, ni se equipararon sus derechos con los del resto de trabajadores, por lo que más de un tercio recibe un salario con el que vive por debajo del umbral de la pobreza.

Se trata de un sector altamente feminizado que sufre cuatro veces el trabajo parcial involuntario que en el resto de sectores laborales, y rebasa con creces los índices de parcialidad, 80% frente al 55%.

Como señala la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos, además “nada se dice sobre la enorme tasa de informalidad en el sector, que afecta al menos a unos 200.000 empleos sin contrato de trabajo, alrededor de un tercio del total”. Tendría que ser obligatorio para todas estar de alta en la Seguridad Social, y en una altísima proporción no lo están.

También indica la Plataforma que en este tiempo de pandemia, las condiciones laborales de las empleadas de hogar y cuidados se han deteriorado aún más, al verse obligadas muchas de ellas por sus empleadores a convivir con ellos durante el confinamiento, o bien fueron despedidas de manera inmediata. 20.000 estuvieron en ese último caso. Además, los salarios se han mantenido en igual cuantía que en 2019 o incluso reducido debido al impacto de la crisis económica, por tanto, “sus pensiones continúan siendo las más bajas de todas las ramas económicas, alcanzando poco más de la mitad de la pensión media”.

Durante 2020, el año más duro para las empleadas de hogar, reconocidas durante la crisis sanitaria como esenciales, se estableció el subsidio extraordinario para aquellas que, contrato en mano, hubieran perdido su trabajo o hayan visto reducida su jornada debido a la pandemia. De las 43.635 solicitudes (a 28 de febrero de 2021), “solo fue concedido a un 10% de las trabajadoras afiliadas y tras su extinción, el 21 de julio de 2020, se ha vuelto al punto de partida, manteniendo a este sector como el único que no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo” según denuncia la Plataforma.

A todo ello, hay que sumar las circunstancias que atraviesan más de 200.000 mujeres que trabajan en la economía sumergida por la imposibilidad de regularizar su situación con una Ley de Extranjería que impide conseguir la residencia hasta cumplir al menos tres años de estancia en España, y por tanto se han quedado fuera de todas las medidas.

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