Editorial

El gobierno aprobó este viernes, 29 de mayo, el llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta renta mínima fue diseñada con la loable y declarada pretensión de establecer una reducida prestación dineraria a familias en riesgo, cierto y acreditado, de exclusión social y, con ello, alcanzar el objetivo de reducir la pobreza y, en particular, la miseria más severa.

Así pues, el IMV, tanto por su cuantía como por su naturaleza (renta dineraria) y extensión (una fracción de la población española más necesitada), podrá servir como paliativo temporal a la desgracia de una sociedad empobrecida, pero de ningún modo parará la sangría social del paro y la precariedad que pronto vendrán, ni tampoco resolverá la pobreza, ni siquiera la pobreza extrema ni la exclusión social de cientos de miles de personas.

La cuantía de esta prestación (no contributiva) de la seguridad social oscilará entre los 462 euros para quienes vivan en hogares unipersonales, a un máximo algo superior a mil euros (1015), en función de los miembros que conformen las familias beneficiarias, lo que representará unos costes para el estado de aproximadamente 3.000 millones de euros.

Según los cálculos del gobierno, se beneficiarán de esta medida cerca de 850.000 hogares, cuyos ingresos por “unidad de consumo” sea inferior a los 230 € al mes, por lo que la medida previsiblemente alcanzará a un total de 2,3 millones de personas. Se espera, de este modo, dar respuesta a la actual situación económica y social del país, con un 21,5% de la población (aproximadamente 12 millones de personas) en riesgo de pobreza y un 5,4% (aproximadamente 2,5 millones, unas 600.000 familia) en pobreza severa, teniendo en cuenta además que, con absoluta seguridad, su número aumentará de modo insufrible como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la epidemia de Covid-19.

Como señaló el presidente del Gobierno, “el IMV servirá para amparar a cuatro de cada cinco personas que en España sufren pobreza severa» y “acercar así al país a la media de la pobreza existente en la Unión Europea”. Reconoce, con estas palabras, que el IMV no trata de revertir la pobreza estructural en un país -el nuestro- donde más de un cuarto de la población se encuentra en la pobreza y casi un millón en pobreza extrema o amenaza inminente de exclusión.

Por más que el gobierno alardee y magnifique la importancia del IMV, lo cierto es que España era apenas el único país de la Unión Europea que no contaba con una renta de estado contra la pobreza. En este sentido, el IMV aprobado no es más que un pequeño subsidio para pobres, que ya existe en numerosos países y que en España ya estaba presente en las 17 comunidades autónomas, si bien con cuantías, nombres, condiciones y exigencias a sus beneficiarios diferentes.

En la actualidad, antes del IMV, se vienen pagando subsidios y prestaciones sociales por las administraciones autonómicas, que alcanzan apenas a un 7% de la población pobre. Por supuesto, en ninguno de aquellos países europeos, al igual que en ninguna de las Comunidades autónomas españolas en que se aplican rentas mínimas de esta naturaleza, disminuyeron la desigualdad social, la inequidad económica, la pobreza, ni la exclusión social, sino que aumentaron. Según todos los avisos y experiencia, sucederá en esta ocasión lo mismo, por más que el gobierno multiplique la ayuda a algunos de los más pobres hasta los 3000 millones de euros.

¿Será una ayuda permanente? Esta parece ser la voluntad del gobierno. Pero tal como se diseñó, el concepto de “permanencia” de una renta “dineraria” como el IMV es siempre un concepto vacío, no siendo que se le añada alguna cláusula de garantía, como, por ejemplo, ligando su incremento periódico a algún parámetro más o menos objetivo, como el Índice de Coste de la Vida. Por propia naturaleza, una renta dineraria estará forzosamente ligada al vaivén de la Economía, tal y como entienden esta herramienta política los gobiernos de turno, esto es, cumplir servilmente el mandato recibido del capitalismo más poderoso y hegemónico: actuar como gestor en su propio ámbito (en nuestro caso, España) de los intereses y decisiones del capitalismo global.

Parchear no es transformar, del mismo modo que la propaganda eficaz de un producto nada dice de su utilidad o, de la misma manera, que una cosa es predicar y otra dar trigo, ni tampoco es igual la apariencia que la verdad, ni un simulacro que la realidad. Frente a los parches, propagandas, predicaciones, apariencias y simulacros… transformación de la sociedad, utilidad social, trigo, verdad, realidad, ¡eso es lo que queremos y por lo que lucharemos!