Editorial

Pese a la insistencia del propio gobierno en que el sistema sanitario español continúa amenazado de colapso al carecer el estado de recursos, infraestructura y personal para enfrentarse al brote actual y rebrotes posibles en otoño e invierno de la pandemia Covid-19, las previsiones de gasto militar para el 2020, se mantienen en la mareante cifra de 20.030 millones de euros. Por sólo comparar dos datos: 1) Previsión presupuestaria para Ingreso mínimo vital, 3.000 millones de euros, destinados a aliviar de la pobreza extrema y amenaza de exclusión social de 800.000 familias: 2) Previsión presupuestaria para 5 fragatas militares F-110: 4.325 millones de euros, que surcarán amenazantes los mares frente … ¿a quién? … frente a enemigos señalados por la OTAN y las potencias occidentales aliadas o bien frente a inmigrantes osados, dispuestos a invadir la patria ajena en patera.

Dos de las modalidades del arte general del engaño, inherente al ejercicio del poder, son el “camuflaje” y la “maniobra de distracción”. En términos bélicos, ambas tienen como objetivo disimular armas, tropas o material de guerra, ocultándolas a la mirada o a la percepción del “enemigo”. Actualmente -quizá también desde antiguo, pero sobre todo ahora en los países con democracia representativa, en que los gobernantes se juegan su puesto en el teatro electoral- ambas formas de engaño han de ser ampliamente utilizadas por la clase política al objeto de disimular las acciones propias, ocultándolas a la inteligencia del “enemigo” a conquistar, que, en este caso, no es otro que la ciudadanía sobre la que se gobierna.

Un ejemplo de manual de esta conducta, es el intento de sucesivos gobiernos de España de escenificar (aparentar) ante la ciudadanía que su gobernanza se limita a dos o tres iniciativas que, como cortinas de humo cegadoras, ocultan todas las demás. Y obviamente no es así. Ni la pandemia es el único ni el más grave y mortífero problema del mundo, ni se gobierna sólo desde el Ministerio de Sanidad o de “Bienestar social”. La acción de este gobierno, como la de cualquier otro habido o por haber, se extiende a todo el arco de sus ministerios, desde la Educación o la Sanidad, hasta la Defensa militar o Interior, de modo que las decisiones gubernamentales en cada una de esas áreas están valoradas en relación unas con otras –“saco de aquí, pongo allí”-, sin que a ninguna de ellas pueda renunciar gobernante alguno.

Lo que ocurrirá en materia de gastos militares está escrito, previsto y calculado en el BOE y en las páginas económicas que expresan la voluntad del ejecutivo. Según lo plasmado en ellas los presupuestos prorrogados para 2020 asignan un total de 10.199 millones de euros al Ministerio de Defensa, una cifra que, sumada a gastos escondidos en partidas de otros ministerios, alcanza los 20.030 millones de gasto militar real.

En esos gastos escondidos, esto es, camuflados, debemos incluir todos aquellos que, aun siendo militares, no se incluyen en los créditos de Defensa, sino en las partidas de otros ministerios. Por ejemplo, las clases pasivas de los militares en servicio, en la reserva o pensionistas; la mutua militar; la Guardia civil que se rige por la ordenanza militar; las aportaciones a organismos militares internacionales, como la OTAN. Baste para reconocer esta operación de camuflaje a gran escala, detallar un solo ejemplo: para el desarrollo tecnológico y las actividades en I+D+i en armamentos, los créditos de 2020 están repartidos en dos programas; uno de Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con una asignación de 467 millones que en su totalidad van destinados a las empresas militares (como ayuda para desarrollar los nuevos programas de armas anteriormente indicados); y un segundo de Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas dotado con 211 millones.

¿Qué sentido tiene este monumental gasto a costa del erario público, incluso en tiempos de necesidad sanitaria y epidemiológica? ¿Qué temible enemigo cerca a la ciudadanía española, que nos exige armarnos hasta los dientes, disponer de una flota de fragatas renovada o mortíferos aviones de combate y culminar un gasto en cacharrería militar de 12.991 millones de euros?

La llegada de la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias de la sanidad pública, víctima de los recortes a que fue sometida tras la crisis de 2008, además de acrecentar el endeudamiento y el déficit público y empobrecer en su conjunto a la sociedad española. ¿Cómo calificar entonces, el hecho de que el gobierno siga entregando cantidades exorbitantes de dinero público al ejército para fragatas, uniformes y material para matar y que continúe el infame desatino armamentístico? ¿A quién obedece, ante qué intereses políticos y económicos se pliega el gobierno para adoptar esta política? Todos lo saben, por más que ninguno de ellos lo reconozca y, sin embargo, lo acaten. De ahí la necesidad del camuflaje, de la maniobra de distracción, del engaño.

 

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