Editorial
DE NUEVO LA AMENAZA SOBRE LAS PENSIONES Y EL SISTEMA PÚBLICO
De nuevo la amenaza sobre las pensiones y el sistema público. ¿Quién la pronuncia? Una vez más, el vocero es una institución nacional y gubernamental -nos negamos a llamarla ‘pública’, por más que esa sea la consideración oficial que usan para nombrarla aquellos grupos económicos privados que le escriben sus informes al dictado- reconocida por todos: El Banco de España.
En su Informe anual publicado el pasado 30 de junio, el Banco de España ha vuelto a ofrecer sus ya conocidas recetas respecto de la financiación y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Se trata de la misma cantinela de siempre, que no por repetida es menos mentira … que no por reiterada es menos falsa … que no por más oficial y de gobierno que se postule es menos servil ante los “fondos buitre” y el capitalismo de rapiña.
En este Informe anual, el Banco de España urge al gobierno sobre la necesidad de llevara a cabo una nueva contrarreforma del sistema de pensiones que «asegure su sostenibilidad, reforzando el vínculo entre el importe de la pensión a cobrar y las contribuciones efectivamente realizadas (o sea: ampliando el período de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral para rebajarlas todavía más), además de vincular el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida (es decir, retrasando de nuevo la edad de jubilación).
Dicho de otro modo, el gubernamental Banco de España, fiel a su papel de portavoz de los intereses de los grandes poderes económicos como la banca, las aseguradoras y los fondos buitre internacionales, vuelve a la carga con propuestas de recorte de las pensiones con el viejo y falaz argumento de su insostenibilidad.
¿Qué propuestas son esas? Básicamente: imponer desde la ley la “mochila austríaca” y estimular los planes privados de pensiones, retrasar la edad de jubilación y ampliar el período de cómputo; todo ello, con el objetivo declarado de reducir todavía más las pensiones públicas, convertirlas en un suculento negocio para bancos y aseguradoras y prolongar la vida laboral de la clase trabajadora.
Hasta el momento, la pensión se calcula según lo cotizado en los últimos 23 años, con tasas de sustitución de las pensiones de cerca del 80% respecto al último sueldo. La propuesta actual del Banco de España, defiende computar toda la vida laboral, con lo cual numerosas pensiones disminuirán en su cuantía a medio y largo plazo. Además, reitera su ‘recomendación’ de implantar la llamada “mochila austriaca”, que no es más que un perverso sistema de indemnización por despido que también puede utilizarse como una especie de plan de pensiones, que sirva para complementar la insuficiente, deliberadamente mezquina, pensión pública. Allí donde se implanta, la “mochila austríaca” arrasa con el derecho a indemnización por despido a cargo del empresario, convirtiendo de hecho en precarios a todos los trabajadores.
En resumen, el Banco de España propone una batería de medidas para profundizar en el recorte y privatización de las pensiones públicas y del derecho a la jubilación, proceso que arrancó en 1985 con el primer gobierno socialista y que desde entonces no ha hecho más que profundizarse con sucesivas contrarreformas, las últimas las de Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, respectivamente.
¿A quién va dirigido este Informe? ¿Ante quién formulan los altos ejecutivos del Banco de España estas “propuestas indecentes”? La respuesta es sencilla: a los integrantes del Pacto de Toledo, con el objetivo de que esta institución oficial convierta en ‘recomendaciones’ algunas de sus propuestas y les dé traslado imperativo a los gobernantes de turno.
De hecho, desde el inicio de la ‘desescalada’, el Congreso viene resucitando la propuesta de reformar el sistema público de pensiones, con la vista puesta en las consecuencias de sus decisiones respecto de la pandemia vírica. La Mesa del Pacto de Toledo, presidida por la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y los portavoces de los grupos parlamentarios, han mantenido ya varias reuniones a puerta cerrada para revisar y cumplimentar los compromisos y avances establecidos por la Comisión antes de la Covid 19. Entre ellos, penalizar la jubilación anticipada y, sobre todo, incentivar los planes de pensiones de empresa (no exclusivamente individuales y personales) en detrimento inevitable -añadimos nosotros- del sistema público de pensiones, pues se intenta trasladar los beneficios fiscales que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones, no menos privados y onerosos, previstos por las empresas para los trabajadores.
Precaviéndose de falsos amigos, la clase trabajadora, activa o pensionista, debe estar alerta y preparada para lo que seguramente intentarán y el Banco de España anuncia: ¡Una nueva agresión al sistema público de pensiones! Convendrá entonces recordar, una vez más, la máxima ¡Gobierne quien gobierne, el sistema público de pensiones y el derecho a una jubilación digna y en su tiempo se defienden …La lucha continúa!