Editorial

La traición está siendo anunciada y los responsables están ya comprometidos en su ejecución inminente. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera ver, que vea.

Pronto se bajará el telón y el Acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones caerá como un brutal mazazo sobre los pensionistas actuales y futuros, sobre la clase trabajadora entera y sobre el Sistema Público de Pensiones. La vergüenza, la honestidad o la palabra dada a los crédulos electores hace pocos meses por los actuales gobernantes, se desploman a esta hora como castillo de naipes. Todo ello, en favor de los fondos buitres, los seguros privados de pensiones, la gran Banca y el reparto de migajas con sus cómplices necesarios: CC OO y UGT

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha presentado el pasado 9 de septiembre ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para urgirle a cerrar un acuerdo a fin de que el Gobierne legisle y, con ese dato en la manga, pueda iniciar la ‘negociación’ de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

“Urgirle a cerrar un acuerdo”, dice el ministro, pero, claro está, NO cualquier acuerdo. NO un acuerdo que recoja y garantice las promesas y palabra dada a los electores, a los pensionistas y a los trabajadores en defensa del Sistema Público de pensiones. Todo lo contrario. Se trata de suscribir un acuerdo que SI impulse la privatización del Sistema de pensiones, que degrade las condiciones laborales y jubilación y que alinee a la clase política -sea cual sea su pelaje- con los intereses del capitalismo internacional más voraz y destructivo.

Según el ministro -voz del gobierno- el acuerdo que deberán alcanzar los grupos políticos en el Pacto de Toledo, ha de contener las “recomendaciones” que ya le habían hecho llegar a la Comisión tanto el propio gobierno como el Banco de España en el curso de las opacas reuniones celebradas a puerta cerrada en los últimos meses y semanas. Medidas que, en el pasado -pero no ahora-, habían sido rechazadas por Unidas Podemos y ERC.

Por si hubiera alguna duda, el propio ministro reiteró esas “sugerencias” en su comparecencia del 9 de septiembre:

+ El déficit previsto de la Seguridad Social se elevará este año al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) y se moderará al 1,4% en 2023, frente al 1,2% con el que cerró 2019.

+ Incentivar la demora de la jubilación y retrasar la edad efectiva de jubilación para que quien se jubile lo haga a los 67 años o incluso más tarde.

+ Implantar el modelo británico de privatización de las pensiones, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio en la ‘negociación colectiva’.

Es esta una práctica neoliberal que busca, además de la privatización, lograr la complicidad de las centrales sindicales, mediante soborno comisionista y cohecho corrupto. Pues esto significa poner las aportaciones del trabajador y la empresa para la pensión en manos de las entidades financieras y convertir a los sindicatos en vehículos de conexión con los bancos. De hecho, al amparo de los sucesivos gobiernos -estos dos “sindicatos”, han creado con el Banco Bilbao Vizcaya una empresa, Gestora del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, de cuyas ganancias el banco se lleva el 70% y los sindicatos CC OO y UGT el 30% , o sea, el 15 % cada sindicato.

+ Rebajar sustancialmente las pensiones de los futuros jubilados ampliando otra vez el período de cálculo de la base reguladora de la pensión inicial (que ya está en 25 años) a toda la vida laboral.

Dos días después de formular el ministro Escrivá ante la Comisión sus exigencias se produjo un encuentro entre la Presidenta del Pacto de Toledo y el Movimiento de Pensionistas de Euskalherria. A la salida, la representación de los pensionistas mostró su “decepción porque tras dos años de nuevos Gobiernos no se hayan adoptado las decisiones necesarias y prometidas por ellos para garantizar el Sistema Público de Pensiones y Pensiones Públicas Dignas” y criticó que, ahora, se anuncie por el gobierno que “la mayor parte de las reivindicaciones urgentes y fundamentales quedan fuera del inminente acuerdo en el Pacto de Toledo” y ya “no albergan esperanzas de que lo que vaya a salir de las actuales negociaciones sirva para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas; al revés no actuar ahora tal como exigimos derogando reformas y recortes va a empobrecernos aún más.

La confabulación de la clase política con el poder económico del Capital es la Ley suprema del momento. Para vencerla, no cabe otra que la movilización, formación y organización de la clase trabajadora. A esa movilización, lo más unitaria posible (aunque excluyendo a los cómplices y sobornados), debe dirigirse la acción de nuestro sindicato.

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