Editorial
La gestión sanitaria privada demuestra su eficiencia en Madrid
… la identificación de los costes, la medición de los costes y la valoración monetaria de los mismos.
El próximo 17 de octubre están previstas movilizaciones en todo España en defensa de un sistema sanitario público, universal, de calidad y al margen del ánimo de lucro.
Los problemas son similares en todo el estado y la acción de denuncia por darles solución nos compromete a todos: infrafinanciación, deterioro del Sistema sanitario, privatización, insuficiencia de plantillas, precariedad laboral, mercantilización de la investigación médica, farmacológica y bio-médica, concesión a empresas privadas de servicios públicos del ámbito sanitario, infamia de la atención a los mayores y ancianos, etc. Ahora mismo, el sistema está al borde del colapso en amplias zonas del país, lo que conllevará muertes evitables, pues “cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana”. Es hora de olvidar diferencias y luchar todos unidos contra las causas de la destrucción controlada y programada del Sistema nacional de salud.
La convocatoria de esta movilización, realizada bajo los lemas “Nuestras vidas valen más que vuestras carteras”, “¡Nunca más muertes evitables!, ¡Nunca más negocio con la sanidad!, “Derogación de la Ley 15/1997 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad!”, fue definida inicialmente e impulsada por la Coordinadora Antiprivatizadora de la Sanidad Pública (CAS). A esta Plataforma se sumaron a lo largo y ancho de todo el país otras muchas entidades del movimiento sindical y social reivindicativo, entre ellas, la CGT de Pontevedra, que ya venía formando parte de la Marea Blanca, responsable en nuestra ciudad de la convocatoria de las concentraciones cada tercer sábado de mes en Defensa de la Sanidad Pública.
Nuestras exigencias son claras. En primer lugar, derogación inmediata de las leyes privatizadoras del sistema sanitario, e, inmediatamente, gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios de atención a los pacientes y prevención, de investigación médica y farmacológica, de calidad de los servicios socio-sanitarios, de respeto laboral y de salud pública universal, de calidad, a cuyas necesidades deben subordinarse otros aspectos, como los económicos y mercantiles. Todo ello, en defensa de un Sistema Sanitario verdaderamente Público y Social, que ahora no existe.
En 1997, el PSOE, Partido Popular, PNV, Colación Canaria y CiU se pusieron de acuerdo y aprobaron la Ley 15/97 de “Habilitación de nuevas formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”, cuyo Artículo único.1, decía: “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se sucedió la apertura de centros sanitarios gestionados por empresas privadas. Paralelamente se fueron desmontando centros públicos de “gestión directa” para favorecer la instalación de empresas privadas, a las que pagar con fondos públicos el canon correspondiente. Añadido a ello, la proliferación de empresas privadas para prestar servicios dentro de los Centros sanitarios y socio-sanitarios estatales -ya no públicos-, como limpieza, transporte sanitario, mantenimiento, investigación, gestión clínica, etc.
En paralelo, se va provocando por las propias autoridades estatales el deterioro de la Atención Primaria, a la cual debería asignarse, como mínimo, un 25% del presupuesto sanitario de cada territorio, incluyendo además servicios actualmente apenas cubiertos, como la atención a los mayores y ancianos o la odontológica.
El Decreto 16/2012, impulsado por el PP, abolió el derecho a la salud (800.000 personas perdieron su tarjera sanitaria) e introdujo el copago sanitario. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el RD-Ley 7/2018, que bajo el título -como siempre falso, propio de la neolengua que ahora se usa desde la cúpula estatal- “Sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud”, pero que en su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho -inherente a todo ser humano- según la situación administrativa de las personas extranjeras. Lo que, por otra parte, en situaciones de epidemia como la que vivimos actualmente, atenta directamente contra la salud pública.
El sector que más descarnada y cruelmente refleja la lógica capitalista que se usa y apoya actualmente desde el Estado, es el ámbito de la dependencia y atención a los mayores. Multinacionales y fondos buitre han desembarcado en el sector sociosanitario y de atención a la tercera edad. El Estado rige las residencias y centros que son de su titularidad -sea ‘directa’ o ‘indirectamente’- otorgando primacía a criterios economicistas y privados frente a los asistenciales y sanitarios, Las consecuencias de esta voluntad política están a la vista de todos: la pandemia del Covid-19 ha tenido efectos dramáticos en las residencias de mayores, que representan cerca del 60% de las muertes en el estado español.
Con estos motivos, cargados de justa razón y verdad solidaria, participemos todos en las movilizaciones que se van a producir -también en Pontevedra- el próximo 17 de octubre.