Editorial
La traición se ha consumado. El viernes de la semana pasada la Comisión del ‘Pacto de Toledo’ aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos participantes (del PSOE al PP, de Unidas Podemos a Vox, de ERC al Grupo Mixto) un conjunto de “recomendaciones” sobre el Sistema de Pensiones en el estado Español que, con seguridad, tras el correspondiente trámite parlamentario, acabarán convirtiéndose en una nueva ley de reforma de las Pensiones.
En un editorial premonitorio de La Campana (VI Época, nº 12 del 22 09 2020), la CGT de Pontevedra escribía: “Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera ver, que vea. Pronto se bajará el telón y el Acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones caerá como un brutal mazazo sobre los pensionistas actuales y futuros, sobre la clase trabajadora entera y sobre el Sistema Público de Pensiones.”. Así ha sucedido este viernes, 23 de octubre.
¿De qué recomendaciones se trata? Seleccionamos tres apartados, que por su relevancia condicionan el valor del texto y desvelan su significado social.
En primer lugar, el Acuerdo actual no deroga la ley de 2011 (la del PSOE, apoyada por CCOO y UGT) ni tampoco la de 2013 (la del PP), aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y desaparecería el factor de sostenibilidad). La vigencia (no-derogación) de estas leyes significa que la edad de jubilación ordinaria se mantendrá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%. Con estas previsiones, la mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea y unánimemente defendidos por todo el movimiento social de Defensa del Sistema Público de Pensiones.
En segundo lugar, se penalizará la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Estas penalizaciones representarán un grave e indigno daño económico para aquellos trabajadores que se ven obligados a jubilarse de forma anticipada, procedentes del desempleo de larga duración, después de haber acumulado largas carreras laborales.
En tercer lugar, se ‘recomienda’ incrementar la privatización de las pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas claramente insuficientes, provocando la erosión del Sistema Público de Pensiones. Evidentemente, ya se irán encargando los gobernantes de turno de ir acentuando -todo lo rápido que puedan- esta ‘insuficiencia estructural de las pensiones públicas’, tal y como sucedió con el ‘desmantelamiento forzado’ del Sistema Nacional de Salud a partir de la Ley 15/97, que dio el pistoletazo de salida para su privatización paulatina.
Esta recomendación tiene por objetivo implantar en todo España el modelo británico de privatización de las pensiones, basado en planes colectivos de pensiones privadas. Es éste un modelo neoliberal que busca, además de la privatización, lograr la complicidad de las centrales sindicales, CC OO y UGT, mediante soborno comisionista y cohecho corrupto. Pues esto significa y no otra cosa, poner ambos a la par -sindicatos y patronal conchabados- las aportaciones para la pensión del trabajador y la empresa en manos de las entidades financieras. Tal como decíamos en el editorial campanero citado, “al amparo de los sucesivos gobiernos, estos dos “sindicatos” (en este caso, no actúan como tales sino como comisionistas de turbio negocio a expensas del Sistema público de pensiones) han creado con el Banco Bilbao Vizcaya una empresa, Gestora del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, de cuyas ganancias el banco se lleva el 70% y los sindicatos CCOO y UGT el 30%, o sea, el 15% cada sindicato”.
Así pues, el contenido del actual acuerdo del Pacto de Toledo está muy lejos de las reivindicaciones del movimiento social de los pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones. Y lejos también de la posición que parecía defender Unidas Podemos cuando estaba fuera del gobierno. Queda claro que, tal como preveíamos desde la CGT de Pontevedra, aquel pronunciamiento insincero no significaba otra cosa que propaganda electoral, volatilizada en cuanto sus líderes sintieron los beneficios privados del poder y la moqueta ministerial.
Tras la declaración del estado de alarma y el ‘toque de queda’ el ambiente social en España -mezcla de miedo inducido, impotencia y desorientación-, se hará irrespirable, cuando no paralizante. Habrá que hacer un esfuerzo inaudito de inteligencia y voluntad, para conseguir parar esta maquinación del capitalismo buitre con los parlamentarios del Estado español, antes de que finalmente aprueben estas ‘recomendaciones’ del Pacto de Toledo en el Pleno del Congreso de Diputados.