Editorial

La lucha de CGT-Pontevedra por lograr una Sanidad Pública tiene una de sus expresiones más contundentes en la reivindicación histórica de “una industria sanitaria, farmacéutica e investigación bio-sanitaria públicas”, que frustren las expectativas y prácticas criminales de las grandes corporaciones capitalistas y fondos buitre, como aquellas a las que estamos asistiendo con motivo de las vacunas contra la Covid-19.

Para la CGT, tanto la investigación sanitaria y farmacéutica como los frutos que de ella se obtengan han de ser públicos, universal y comunalmente disfrutados, pues el conocimiento, la ciencia o el saber tecnológico acumulados por la humanidad en aras de la salud y el bienestar es el resultado de un esfuerzo colectivo, todavía inacabado.

Nada más aparecer en China, a finales de 2019, los primeros casos de infección por Covid-19 y extenderse la epidemia en los meses siguientes con cierta rapidez por todo el mundo, surgió la imperiosa necesidad de hallar una vacuna eficaz contra el nuevo virus recién descubierto en humanos. Con ese objetivo loable, los estados nacionales (como EE UU, China o Rusia) y administraciones supranacionales (como la UE) económica y tecnológicamente más poderosos, volcaron importantes partidas financieras en los centros de investigación a su alcance para lograr la vacuna.

Sin embargo, en lugar de dirigir esos fondos a los centros de Investigación bio-sanitarios y farmacéuticos propios bajo titularidad del Estado (por ejemplo, en España, Universidades, institutos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, etc), los dirigieron hacia las más importantes Corporaciones Farmacéuticas Privadas del mundo, todas y cada una de ellas, en manos del Capitalismo financiero más voraz. El antiguo paradigma del capitalismo brilló con más fuerza que nunca: ¡Colaboración Público – Privada!, allí donde debiera escribirse ¡Colaboración Estado -Capital!, pues el Estado no es una institución pública sino privada al servicio de la clase más poderosa.

Siguiendo este criterio ‘colaboracionista’, los gobiernos de EE UU, China, Rusia y la Comisión Europea, ofrecieron a los gigantes de Industria privada farmacéutica -y, por tanto, a los fondos financieros que las sostienen y dirigen, lucrándose por ello- presupuestos multimillonarios para que ‘investigasen la vacuna’ a cambio de la promesa de ser los destinatarios en cantidades suficientes de las primeras dosis que, una vez homologadas, pudieran producirse. Los contratos firmados entre las multinacionales farmacéuticas y los gobiernos respectivos, al igual que las cláusulas económicas y de producción suscritas nunca fueron hechos públicos.

En poco más de diez meses, los consorcios farmacéuticos privados, financiados con fondos públicos, lograron el descubrimiento de varias vacunas contra la covid-19. Sin embargo, este gran éxito científico, apenas tardó unos pocos días en manifestar la cruda realidad de los intereses que en verdad animaban a sus dueños: la acumulación y el crecimiento de sus beneficios, aún a expensas de las enfermedades y sufrimiento de los seres humanos que pueda causar su especulación.

Una vez que los Estados y centros de poder político más poderosos del planeta han creado la figura jurídica internacional denominada “propiedad intelectual farmacéutica y bio-sanitaria” y los “derechos de patentes”, ya la salud pública y el alivio de las enfermedades curables no son otra cosa que un negocio privado, que se rige por sus propias e inhumanas reglas. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK). Por ello, cientos de miles de niños pueden morir cada año víctimas de la tuberculosis, el cólera o el sarampión, sin que les llegue, por barato que sea, el tratamiento, el medicamento o la vacuna que les salvaría la vida.

En el caso de la Covid-19, la primera preocupación de los gobiernos fue la ‘batalla’ para convencer a los habitantes de cada país de que sólo debían adquirirse las ‘vacunas’ de determinadas empresas (aquellas cuyas sedes y centros de fabricación cotizan en los países ‘amigos’, esto es, aquellos que nos mandan) y no en empresas de la competencia, por baratas, eficaces o tempranas que fuesen. Así, desde el primer momento, los gobiernos europeos desdeñaron cualquier vacuna que no llevase el sello de ‘occidental’, sin importarles que ello conllevase en dos o tres meses el retraso del plan de vacunación.

Ahora mismo, el ‘enfrentamiento’ entre la UE y las empresas farmacéuticas con las que firmó de tapadillo los contratos de suministro de vacunas, está bloqueando los planes de vacunación previstos. El nuevo paradigma de la ¡colaboración público-privada! (financiación pública – beneficio privado) está estallando en toda su demencial crueldad, por más que la UE pueda terminar vacunando a su población, mientras más de la mitad de la población mundial quedará inerme ante el Covid, pero en realidad muriéndose por cientos de miles cada año, de modo recurrente, de hambre, diarrea, tuberculosis, cólera, malaria … o, sencillamente de miseria y la falta de medicamentos que esta colaboración Estados-Corporaciones les niega, pues prima su interés privado sobre cualquier otra consideración, aún de pura humanidad y dignidad.

 

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