Editorial

Las Encuestas de la Población Activa (EPA) del último trimestre de 2020 y del mes enero 2021, tras considerar que los trabajadores somos meras mercancías en un ‘mercado laboral’ sin otro derecho al trabajo bajo el régimen capitalista que el que ofrece la “ley de la oferta y la demanda”, exponen en cifras, lo que la realidad exhibe como sufrimiento, individual y colectivo:

Personas en paro: casi 4 millones, cada uno con su nombre y personalidad.

Adultos en edad laboral condenados a la precariedad y temporalidad arbitrarias: más de 11 millones, cada uno con sus anhelos y compromisos

Familias en la pobreza: 5,1 millones viven ahora mismo con menos de 16 euros al día y la pobreza relativa alcanza ya los 10,9 millones. El número de casas donde no entra ninguna nómina ha crecido hasta los 1,2 millones de hogares con todos sus miembros parados. 

2020 ha sido un año nefasto para la clase trabajadora, en el que España ha ‘perdido’ 622.000 empleos y ha ‘ganado’ 527.900 parados más, hasta llegar en enero a los casi 4 millones de parados, situándose la tasa de paro en más del 16%. Entre los jóvenes, la tasa de paro alcanza el 40,1%. Mientras tanto, se mantienen en ERTE casi 750.000 trabajadores, cuyo futuro laboral inmediato está en el aire y, conviene recordar, no son contabilizados como desempleados por la EPA.

La contratación de personal para el sector público, principalmente sanitarios y profesionales de la enseñanza, ha logrado paliar apenas -es de temer, que momentáneamente- el desastre. Pues mientras el número de ocupados ha caído en 748.000 personas en el sector privado, también ha habido un incremento público de plantillas de 125.000 personas. De los 662.000 empleos perdidos en todo el 2020, más de medio millón provienen del tercer sector, con la hostelería o el pequeño comercio con sonoras pérdidas de empleo. 

Con todo, la dimensión del aumento del paro y la caída del empleo es de tal magnitud, que ha provocado que los hogares donde todos sus miembros activos carecen de trabajo aumenten en 190.000, encontrándonos a finales del 2020 con 1.600.000 hogares donde todos sus miembros están en paro y que sobrepasen los 600.000 hogares donde no entra ningún ingreso.

En Galicia se destruyeron 15.100 empleos en 2020, provocando la desaparición del 1,4% de los puestos de trabajo y que el número de trabajadores ocupados haya caído a 1.080.900. La tasa de paro terminó el año en el 11,7%, el mismo nivel que al cierre de 2019.

Por otro lado, la EPA muestra también que mientras la media anual de horas trabajadas a la semana tiene una caída del 6,24% las horas extraordinarias aumentaron en el mismo porcentaje, 6,3%, que la disminución producida en las ordinarias, lo cual es un “contrasentido” desde la lógica humana y una absoluta injusticia social.

El paro, la precariedad y la pérdida de empleo no han golpeado por igual en todos los estratos laborales. El mazazo inicial lo encajaron los trabajadores con un contrato temporal, excluidos en la gran mayoría de los casos del blindaje de los ERTES, hasta el punto de que seis de cada 10 empleos perdidos vienen de un contrato eventual.

En paralelo a esta dura realidad que se impone a la clase trabajadora, nunca fue mayor el beneficio alcanzado por las grandes empresas financieras e industriales, con la excepción de algunos servicios, al tiempo que se mantiene la incompetencia de la clase política y el estado para resolver el más mínimo problema. Baste un ejemplo: Cuando hace siete meses aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Gobierno afirmó que con esta medida aspiraba a acabar con un 80% de la pobreza severa en España y, según sus cálculos, iba a beneficiar a 2,5 millones de personas, las que viven bajo esa pobreza severa, aglutinados en 850.000 hogares. Sin embargo, según los propios datos oficiales, el IMV tan sólo ha llegado a 160.000 de esos 850.000 hogares inicialmente previstos. Una cifra que crece a un ritmo mucho menor al que lo hace la pobreza, cuando más de un millón de personas han caído por debajo de la línea de la pobreza relativa en este año, de ellas 790.000 ya en la pobreza severa.

Desde la CGT no hemos logrado hasta el momento hacernos eco de todo este sufrimiento y devolvérselo a sus responsables en forma de movilización eficaz y exigencia reivindicativa urgente en defensa del reparto social del trabajo y la riqueza, por más que seguimos exigiendo y peleamos por ello, el reparto de la riqueza y el trabajo, con la reducción drástica de la jornada laboral para que todos y todas puedan trabajar y, sin reducción de salarios, vivir con dignidad y suficiencia.