Editorial
Un dramático suceso, ocurrido en un taller textil de Tánger el 8 de febrero costó la vida de 28 trabajadores, la mayoría mujeres, de una plantilla total de apenas 50. Bajo el eufemismo de “accidente laboral” se encubre la crónica de unas conductas criminales reiteradas, celebradas por sus responsables con frialdad y plena consciencia, a las que la clase obrera de todo el mundo debe combatir, internacionalmente unida.
¿Qué o quienes son estos responsables a los que se alude? Todos lo saben y nadie lo ignora. Por un lado, los Consejos de administración y Corporaciones financieras que operan en cada eslabón (local, nacional y multinacional) de las cadenas de producción y comercialización en el mercado textil global. Por el otro, los agentes políticos, administrativos, judiciales encargados de construir la obscena legalidad e impunidad local e internacional de sus prácticas habituales.
Al menos 28 trabajadores han muerto el pasado 8 de febrero en un taller de confección, situado en el subsuelo de una mansión residencial en el céntrico barrio de Branes II, en la ciudad marroquí de Tánger. En el taller trabajaban casi 50 personas, hacinadas en un sótano de apenas 150 m2, sin ventilación, sin vías de escape, sin ventanas. Bastó una lluvia torrencial, por otro parte nada infrecuente en la región, para que el agua entrase a raudales en el taller textil, produciéndose de inmediato corto circuitos y chispazos en los enchufes y maquinarias, electrocutando a los operarios que pese al riego debían mantenerse trabajando.
¿Era realmente un taller clandestino tal y como afirmaron las autoridades en un primer momento, en un intento de eludir su propia responsabilidad?
No, en absoluto. Adil Defouf, empresario textil en Tánger, miembro de la Asociación Marroquí de Industria Textil y Ropa, afirmó que, si bien los talleres clandestinos son una práctica normal no solo en Tánger sino en todo Marruecos “éste de la tragedia no es clandestino”, sino que “figura su inscripción oficial en el Registro Mercantil desde 2017 con el nombre de A&M Confection”.
¿Cómo se permitía, entonces, su funcionamiento?
Dado que A&M Confection no es ninguna empresa fantasma, se pone de manifiesto que el problema no es la “ilegalidad” de una conducta privada sino la “legalidad” vigente, que promociona, ampara y protege unas condiciones de producción y trabajo, rayanas en la esclavitud. Y que, a mayor desgracia, persigue y sanciona, cuando no encarcela, a los trabajadores que se organizan y reivindican por su libertad, por su pan y por su dignidad.
¿Qué realidad escondía esta mansión señorial en su sótano?
La realidad del sector textil en Tánger es bien conocida, un abuso sistemático en todos los órdenes de la penosidad laboral: La mayoría de la plantilla son mujeres, excepto en la categoría de encargados y oficinas. Más de un tercio de los trabajadores en los talleres ‘oficiales’ y la totalidad en los ‘clandestinos’ (pero tolerados, cuando no protegidos por las autoridades locales), no están dados de alta en la seguridad social. En todos los casos, los salarios son ínfimos y, en su gran mayoría (según las encuestas, un 70%) no superan el umbral de la pobreza. El ritmo de trabajo es tan intenso que la plantilla llega con frecuencia al cansancio extremo y cronificación de la fatiga. Las jornadas de trabajo oscilan entre las 55 y las 60 horas semanales (en las fábricas ‘oficiales’) y entre las 60 y las 70 e incluso más, en las ‘clandestinas’. Las normas de seguridad y riesgos laborales, prácticamente inexistentes. La persecución y represión a los trabajadores que se sindican y unen, es constante.
Entonces, ¿Qué intereses confluyeron en esta mansión para construir finalmente esta tragedia cotidiana -la del trabajo en condiciones de riesgo y explotación – y el drama repetido de un accidente laboral, que se lleva por delante en un mismo lugar y espacio la vida de 28 personas?
En estos momentos, nadie parece saber adónde iba destinada la ropa que se fabricaba en ese taller, aunque todos sepan que el receptor final es alguna gran multinacional francesa o española —según las declaraciones de una superviviente del taller inundado, este producía para Zara y Mango—, que el receptor intermediario es alguna de las grandes fábricas textiles de Marruecos firmante del contrato con la firma europea que, a su vez, se garantiza la producción recurriendo a subcontratas ‘legales’ y estas, a su vez, subcontratando a otras ‘clandestinas’, cuando el pico de la demanda lo exige. Es una maraña de contratas y subcontratas con las que, además de empujar hacia abajo los costes laborales, todas las empresas implicadas desdibujan la responsabilidad criminal e inhumana de su proceder.
¿Qué empresas españolas están detrás de todo esto al firmar contratos de provisión de ropa confeccionada a las empresas marroquíes (y otros países), sin exigirles que respeten un código de conducta y unas condiciones laborales, económicas y sociales dignas a sus trabajadores, que en todo caso deben ser equiparables a los costes laborales que rigen en sus propias fábricas en España?
Tánger, situada al otro lado del Estrecho de Gibraltar, se convirtió para muchos empresarios españoles, en la meca de la mano de obra barata, la sobreexplotación y el beneficio desmedido. El grupo textil internacional Inditex -aludido como el receptor final de la mercancía, por una de las trabajadoras supervivientes- cuenta con alrededor de 250 fábricas en Marruecos que emplean a más de 64.000 empleados, en «condiciones precarias», donde se cifra en «178 € el salario de un mes con jornadas de 65 horas semanales». En 2007, el 10% de la ropa de sus marcas Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Pull & Bear, Zara Home y Massimo Dutti se confeccionaba en Marruecos.