Editorial

Ha pasado un año desde el inicio en España de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en todo ese tiempo, las administraciones sanitarias de este país, no dispusieron los medios ni adoptaron las medidas necesarias que evitasen situar el sistema sanitario público al borde del colapso, cuando más necesario resulta. Por el contrario, aprovecharon la emergencia dramática que sufrimos y el desconcierto general que provoca su impacto, para impulsar la privatización de cada vez más áreas, servicios e instalaciones sanitarias y mantener en grave situación deficitaria en medios y personal el conjunto del sistema sanitario público. El escándalo internacional del negocio de las vacunas, es el ejemplo extremo de esta infame decisión.

En el contexto de la actual pandemia, la creciente aceleración de las privatizaciones en la investigación y asistencia sanitaria, ofreciendo a las multinacionales del sector ingentes cantidades de los presupuestos de los Estados correspondientes, lleva tanto a la precariedad de la atención a las personas enfermas como a la precariedad laboral de los trabajadores asistenciales.

Por esta razón, las organizaciones sindicales CGT-Pontevedra, PROSAGAP y STG y la Coordinadora CAS-Galiza, hacen un nuevo llamamiento a la sociedad pontevedresa y a todas las entidades del movimiento social reivindicativo y asociativo para que acudan y participen en una nueva concentración en defensa de un sistema sanitario público, universal, de calidad y al margen del ánimo de lucro, que tendrá́ lugar este sábado, 27 de febrero, a las 12:00 h. en la Plaza de la Peregrina.

Esta concentración se hace coincidir con las movilizaciones que tendrán lugar el mismo día y por los mismos motivos generales – ¡Contra la privatización! ¡Contra la destrucción controlada y programada del Sistema nacional de salud! ¡Nunca más negocio con la sanidad! – en decenas de pueblos y ciudades de toda España, en respuesta a la convocatoria iniciada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS).

Como decíamos en octubre del año pasado, en el editorial de La Campana (nº 15, de 13.10.2020): CGT-Pontevedra viene reivindicando desde su constitución la defensa de los servicios públicos y en particular de la Salud Pública y de un Sistema Sanitario verdaderamente Público y Social, que ahora no existe. Del mismo modo que exigimos y luchamos por un Sistema Público de Pensiones o por la Enseñanza Pública, que ahora mismo, tampoco existen, ni siquiera en aquellos de sus subsectores bajo titularidad y gestión directa del Estado y mucho menos, en aquellos sometidos a concesión estatal pero de gestión directamente privada.

El estado no representa lo público, antes bien, lo usurpa, sea en beneficio o interés propio -nunca jamás del de la sociedad sobre la que se impone y ejerce su poder- o en beneficio de sus poderosos amigos y compinches, a los que entrega y regala lo que no es suyo.

Las exigencias de la CGT de Pontevedra y CGT de Galicia son claras. En primer lugar, derogación inmediata de las leyes privatizadoras del sistema sanitario -Ley 15/97 y Art. 90 de la Ley General de Sanidad- e, inmediatamente, gestión de la sanidad actualmente bajo titularidad del estado con criterios sanitarios de atención a los pacientes y prevención y no criterios mercantiles o de recortes presupuestarios.

Es objetivo de la CGT ir avanzando hacia la deseada autogestión y control social efectivo del Sistema de Salud, que logre impedir “la mercantilización global de los sistemas sanitarios”, “las privatizaciones aceleradas de las partes rentables de los sistemas sanitarios”, la “implantación cada vez mayor de mecanismos de la empresa privada, basada en el ánimo de lucro, en los sistemas estatales, lo que genera deterioro de la calidad asistencial e incremento de los costes”.

El resultado de la actual legislación y gestión (estatal o privada, que no pública) en materia sanitaria es, precisamente, el deterioro global del Sistema Sanitario que sufre la sociedad pontevedresa, gallega y española: infrafinanciación; deterioro de la Atención Primaria; disminución acelerada y generalizada de las infraestructuras sanitarias, servicios y camas en relación a las necesidades de atención de la población; insuficiencia de plantillas; precariedad laboral; mercantilización global de los sistemas sanitarios y de la investigación; desvío de pacientes y servicios propiamente sanitarios a entidades privadas; concesión a empresas privadas de servicios públicos del ámbito sanitario, infamia de la atención a los mayores y ancianos, etc, etc.

Como ya dijimos en octubre, es por estos motivos, cargados de justa razón y verdad solidaria, por lo que participaremos todos en la concentración de este 27 de febrero, abierta en su convocatoria a todas aquellas entidades y personas que compartan estas mismas reivindicaciones en defensa de la sanidad pública.

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