Editorial

Entre el silencio y la descarada impunidad, la violencia homicida que preside la mayor parte de los fríos datos de siniestralidad laboral mortal en nuestro país pasa desapercibida, por más que los accidentes de trabajo mortales hayan aumentado casi un 10% en 2020 respecto de 2019, pese a la ralentización sin precedentes de la actividad económica y productiva a consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno ante la pandemia.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social en su avance publicado el 12 de febrero, el año pasado murieron de media cada día laboral entre dos y tres trabajadores en accidente de trabajo, hasta un total de 708 fallecidos, aún cuando la cifra puede aumentar sensiblemente ya que en la definición oficial de accidente de trabajo mortal se ha de incluir a aquellas personas que mueren en los 12 meses siguientes al siniestro. 

Y la desgarradora crónica homicida, sigue creciendo en 2021, pues sólo en el mes de enero y principios de febrero, ya han muerto 47 personas en siniestros laborales, la gran mayoría de ellos evitables, con sólo poner por delante la salud y la vida de las personas frente al beneficio empresarial y frente a las políticas laborales y de prevención diseñadas y ejecutadas por los gobiernos de turno.

Pues la mayorís de los accidentes laborales (hasta el 95%, según los expertos en siniestralidad laboral) tienen su causa primaria en la impunidad con que las empresas someten a los trabajadores a condiciones de explotación laboral. En particular, el abuso de la subcontratación y la precariedad, lo que conlleva inevitablemente, ritmos extenuantes, jornadas abusivas, condiciones materiales y de trabajo inseguras y deficientes, etc, llevado a cabo ante la vista ‘gorda’ de la inspección de trabajo y autoridades laborales e, incluso, la falta de formación ofrecida a los trabajadores en el desempeño de su labor.

Contra estas evidencias, la única respuesta real que se está ofreciendo es el silencio y el ocultamiento, la callada por respuesta para que todo continúe igual y no se pongan en cuestión las exigencias y el coste en vidas y sufrimiento del sistema de producción capitalista, regido por el logro del beneficio privado y basado en el principio de jerarquía funcional del empresario-propietario sobre sus asalariados, ambos garantizados por la legislación y normativa laborales vigentes.

Basta con observar la estadística oficial histórica de siniestralidad laboral para caer en la cuenta de la veracidad de esta afirmación, pues después de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se produjo un descenso notable en el número de accidentes, y a partir de la Reforma laboral de 2012 -que todavía sigue vigente- se produce el incremento”. Efectivamente: la precariedad mata.

Por sectores, es el agrario donde se produce la mayor subida de accidentes mortales, con un aumento del 64%. Le siguen de lejos, la industria, donde crecieron un 22,6% y los servicios, con un aumento del 7,5%. Solo la construcción ha registrado un menor número de accidentes mortales. 

¿A qué se debe, entonces, el aumento de fallecimientos precisamente en estos sectores cuando hay más empresas cerradas y menos personas trabajando, con cientos de miles de trabajadores en ERTE, en casa, y otros están teletrabajando (lo que hace que bajen los accidentes in itinere, un 35,9 % menos)? Sencillamente a que la política de prevención de riesgos laborales, con la excusa de la COVID, está siendo ‘descuidada’ (por calificar con un vocablo suave, lo que es directamente una práctica criminal injustificable) por parte de las empresas ante la pasividad, cuando no complicidad, de la inspección de trabajo y la ‘autoridad laboral’, que permite la creciente externalización por las empresas de la gestión preventiva

En anterior editorial de La Campana nos preguntábamos: Ante esta sangría reiterada, ¿Qué cabe hacer? ¿Qué responsabilidad cabe exigirnos a la propia clase trabajadora?

Pues, en primer lugar, tomar conciencia de las causas primeras y principales que están detrás -cuando no los provocan directamente-, de la mayoría de los accidentes laborales: las deficientes condiciones de trabajo, la precariedad, la amenaza del paro, las cadenas de subcontratación laboral en condiciones cada vez más míseras, el descuido inducido de los protocolos y equipos de protección y, claro está, la omisión por la empresa de la obligación inexcusable de ofrecer la información y formación en materia de seguridad laboral adecuada a la tarea y proporcionar todos los medios materiales y organizativos para cumplirla.

En segundo lugar, tras la conciencia cabal del problema: la movilización y la lucha para acabar con esos males homicidas y mutiladores. Contra el paro, la precariedad, la subcontratación en cadena, la preminencia del beneficio empresarial sobre la salud del trabajador, la desinformación, los ritmos de trabajo insufribles y fatiga, el descuido interesado, etc, etc. ¡Derogación inmediata y sin excusa de las últimas Reformas Laborales!