Editorial

Ante la desolación del mundo real -tal es la mejor descripción de lo que viene sucediendo en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela- corresponde a los gobernantes responsables de los hechos, la tarea de disimular, esconder, ignorar, exculpar y, finalmente, negar en la conciencia de sus ciudadanos la crudeza del trato inhumano que se ofrece a los enfermos en este sanatorio estatal, en manos del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

Pero si esta es la enajenada y tradicional ocupación de los gobernantes -y la actitud de la Xunta de Galicia en este caso ofrece un meridiano ejemplo de conducta, entre la mentira y la ocultación- es también obligación nuestra y de la ciudadanía comprometida abrir los ojos y ver, aprestar los oídos y oir, desbaratar la ignorancia y conocer, romper el silencio y combatir la violencia y brutalidad a que están siendo sometidos en Conxo decenas de enfermos mentales, así como la injusticia y humillación que sufren sus familias y allegados.

Una inspección sorpresa, realizada en 2017 por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, halló en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, enfermos que llevaban ingresados hasta siete y más años (cifra muy distante del tiempo deseable de estancia, que está establecido en 6 a 12 meses), pacientes atados de pies y manos como castigo por su conducta o con carácter preventivo, instalaciones ruinosas y un modelo asistencial inaceptable, completamente alejado de los criterios recogidos en todos los protocolos de atención a los enfermos mentales.

Casi cuatro años después de aquella inspección, en Conxo sigue habiendo personas que llevan toda su vida allí sin esperanza de rehabilitación, sometidas a la tortura de unas condiciones de vida desquiciantes. Como constata el Informe, de varios de los 200 alojados en sus dependencias y sometidos a su custodia, se han perdido incluso sus historiales médicos, llegando a desconocerse la razón por la que fueron internados y permanecen en el centro.

Y, entretanto, la Xunta da la callada por respuesta y la gerencia del Hospital se niega a contestar a todos los requerimientos que desde la sociedad civil se le hacen.

Conxo fue el primer manicomio que se abrió en Galicia, en 1885, a iniciativa del Arzobispado compostelano, en alianza con inversores privados de las familias más adineradas de Santiago. La mayoría de los ‘clientes’ eran ofrecidos por la beneficencia estatal a cargo de las Diputaciones gallegas, quienes corrían con los gastos a tanto por enfermo, lo que de hecho, convirtió al centro en una lucrativa empresa privada, regida con criterios no sanitarios o de atención psiquiátrica, sino de rentabilidad económica para sus propietarios. La consecuencia de este proceder fue la frecuente aparición de denuncias por malos tratos a los residentes, escasez de comida, desatención médica, prácticas crueles con los internos, instalaciones decrépitas y condiciones de trabajo del personal cada vez más míseras y despóticas, lo que derivó en varias huelgas, la sindicación de la mayoría de la plantilla y su adhesión en 1931 a la central anarcosindicalista, CNT.

No fue hasta 1969 que la Diputación de A Coruña compró el centro psiquiátrico al Arzobispado y en 1993 pasó a manos del Servicio Gallego de Salud de la Xunta (Sergas).

Desde entonces, muy pocas han sido las inversiones para adaptar Conxo a los nuevos tiempos y a las exigencias de la atención sanitaria y psiquiátrica en debidas condiciones. De hecho, todo lo que viene sucediendo desde hace años y actualmente en el Hospital Psiquiátrico de Conxo es una aberración rutinaria, mezcla de desidia e irresponsabilidad delictiva de las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia.

Por los pasillos, dependencias y habitaciones del Hospital abundan las paredes desconchadas, frías y con manchones verdinegros por la humedad. Las viejas ventanas de madera, algunas desbaratadas por la podredumbre, apenas aíslan del frío exterior. El tejado, sin reparar desde hace décadas, provoca la aparición de goteras en amplias zonas del interior. Los enfermos han de convivir en las mismas habitaciones, lúgubres e impersonales, de tres camas, con un solo baño comunitario por galería, que denunció el Defensor del Pueblo en su Informe. En la unidad que atiende a los pacientes que necesitan un alto nivel de supervisión, las paredes no son acolchadas, las estanterías no están ancladas.

Nunca se debe atar a un enfermo, ni tampoco sedarlo excesivamente, como castigo o como medida preventiva, lo que sin embargo sí se sigue haciendo en Conxo, contraviniendo todas las indicaciones y normas exigidas por los protocolos sanitarios para la atención debida a estos pacientes.

La reforma psiquiátrica, impulsada en la década de los ’80 del pasado siglo, decretó el cierre de los manicomios, pero 35 años después no se han extendido alternativas adecuadas y eficaces. En la salud mental, señalan los psiquiatras, “se necesitan unidades hospitalarias de rehabilitación, pero siempre con la idea de que el enfermo pueda llegar a recuperarse y volver a la comunidad”, pero ese retorno, sin embargo, es casi una quimera en Conxo. En los últimos cuatro años, sólo se registraron cuatro altas, lo que da la medida exacta de la magnitud del desastre.

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