Editorial

En esta última semana, la CGT de Pontevedra participó en la convocatoria y organización de dos movilizaciones en el sector sanitario. En primer lugar, en las concentraciones (días 7 y 14 de junio) de las trabajadoras y trabajadores ante el Hospital Miguel Domínguez-Quirónsalud. En segundo lugar, en la concentración llevada a cabo el 12 de junio, en defensa de la Sanidad Pública y por la Derogación de la Ley 15/97 y del Artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

Ambas acciones de la CGT son la manifestación de una misma voluntad y un mismo planteamiento: Considerar como ejes centrales de la lucha sindical, organizada y autónoma, tanto la defensa de los intereses socio-económicos inmediatos de la clase trabajadora como la exigencia finalista de una sociedad, en la que todas las personas participen tanto en la producción como en el disfrute de la riqueza social; es decir, una riqueza que ha de ser colectiva y solidariamente definida y conseguida, y, también, colectiva, autogestionaria y solidariamente compartida.

Esta decisión de la CGT -compartida con la clase trabajadora consciente de su situación actual- está condenada a confrontarse con la voluntad de las empresas que ostentan la propiedad y titularidad (privada o estatal) de la gestión de los medios de producción, tanto en los ámbitos de la producción industrial y financiera generales como en el de los servicios públicos: sanidad, educación, transporte, justicia, pensiones, comunicación, etc, etc.

Es bajo este planteamiento anarcosindicalista, que este editorial campanero trata de expresar con toda la contundencia posible una posición incuestionable. El reconocimiento de que la movilización actual de la plantilla de Quirón frente a su empresa -contra la precariedad, contra la explotación económica, contra las contrataciones en fraude de ley y justicia, contra el abuso patronal etc- y la reivindicación frente al Estado de la derogación de las Leyes sanitarias privatizadoras, son dos episodios de una misma lucha y consciencia, pues ni Quirón y su poder ni el Estado y sus Leyes expresan lo Público, sino que lo usurpan.

Si no se participa en la gestión, da igual el Patrón.

La estatalización de un servicio o un bien patrimonial social no significa por sí misma una administración y gestión verdaderamente pública del mismo, y mucho menos una garantía de servir al fin social que se anuncia. Como decíamos en anteriores editoriales:  El estado no representa lo público, antes bien, lo usurpa, sea en beneficio o interés propio -nunca jamás del de la sociedad sobre la que se impone y ejerce su poder- o en beneficio de sus poderosos amigos y compinches, a los que entrega y regala lo que no es suyo.

Frente a esta realidad, las exigencias de la CGT de Pontevedra en el acto del sábado 12 y de los lunes 7 y 14, son claras y tienen la misma dirección: caminar luchando -único modo de hacerlo- hacia el logro de un Sistema sanitario público y social, que ahora mismo no existe y que sólo se logrará cuando los trabajadores consigan arrebatar su gestión de las manos privatizadoras del Estado y de las grandes Corporaciones Sanitarias.

Para ello:

Primero: Derogación de la Ley 15/97 y del Art. 90 de la LGS, aprobadas por práctica unanimidad de los grupos parlamentarios del momento, con las que el Estado hizo saltar por los aires cualquier mínima posibilidad de que el Sistema Sanitario Nacional tuviese carácter público y social. Lo mismo había ocurrido y sigue ocurriendo -cada uno a su hora, cada uno en su momento- en los ámbitos educativo, de relaciones laborales, del aprovechamiento de los recursos naturales o cualquier otro … Y así se mantendrá mientras Estado y Capitalismo persistan. Mientras se mantengan en pie ambas instituciones, parasitarias de la sociedad y del esfuerzo colectivo, conniventes en absoluta simbiosis y complicidad.

Segundo: El 23 de marzo comenzó la negociación del convenio colectivo de Quironsalud de Pontevedra, que había caducado el 31 de diciembre de 2020. Después de 7 reuniones, a principios de junio la empresa se descolgó con una propuesta insultante: un incremento salarial  del 0,5%, sobre una tabla con sueldos ya muy bajos, modificar el texto del convenio, con pasos atrás en materias como, vigencia,  vacaciones, licencias y permisos, LD, permiso no retribuido, carrera profesional, promoción interna, etc y, además, mantener la congelación salarial que viene imponiendo a prácticamente el 20% de la plantilla desde la firma del Convenio Colectivo 2016-2020, protagonizado por CC OO.

Ante esta situación, la plantilla decidió unitariamente iniciar el camino de la presión y la movilización, en defensa de su convenio, con el objetivos de poner fin a la congelación salarial, por una subida salarial lineal de 300 €, poner coto a la precariedad laboral, aumentar la plantilla en función de las necesidades reales de los servicios y la atención debida y de calidad a los pacientes y mejorar las condiciones sociales, laborales y de seguridad y prevención, tanto en los protocolos de actuación como en las instalaciones con deficiencias registradas. Fue, por esto que, en estos últimos siete días, se realizaron sendas concentraciones (días 7 y 14 de junio) ante las puertas del Hospital, en horario de cambios de turno, secundadas por una parte muy importante de la plantilla.

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