Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

El dramático tributo en muertes y graves daños personales que cobra en este país la siniestralidad laboral no lo reclama el “Trabajo”, sino las condiciones laborales en que ese trabajo se realiza. En su inmensa mayoría, los accidentes laborales y, más aún, los más graves y letales, no son fruto de un aciago azar o de un ‘suceso’ fortuito e imprevisible, sino más bien, la consecuencia inexorable de un orden político-económico y sistema de producción, basados en el lucro privado y la supremacía jerárquica del empresariado en la organización del trabajo.

Los informes estadísticos oficiales confirman que, en España, cada día de 2024, han fallecido de media más de dos trabajadores en accidente laboral (796 personas en total, de ellas 58 en Galicia), contándose por decenas los que cada día han quedado mutilados o incapacitados por largos años, sino definitivamente. 2025, sigue los mismos fatídicos pasos de 2024, pues los accidentes laborales se cobraron la vida de al menos 98 personas (93 asalariados y 5 ‘autónomos’) entre enero y febrero de este año. En total, en 2024, además de los ‘accidentes mortales’, se registró la insufrible cifra de 628.300 accidentes laborales con baja, lo que no puede ser tolerado por la clase trabajadora y las organizaciones sindicales que la representan.

En esta violencia sobre la clase trabajadora, no hay pausa ni tregua en todo el país, por más que, pese a su dramática dimensión, estructural persistencia y a la responsabilidad que cabría exigir a sus causantes, apenas trascienda las páginas de sucesos locales. Por más que tan elevada mortandad y gravedad lesiva producida en los centros de trabajo o in itinere, tenga su mayor origen causal en el desinterés manifestado por multitud de empresarios respecto de la seguridad laboral -por tener el interés puesto en otro lugar: las cuentas de resultados- y en la desidia consciente de la administración política en el estado español estatal, protagonizada por una Inspección de Trabajo deficiente y una Legislación y jurisprudencia, ambas incompetentes en el cumplimiento de su teórica y siempre desmentida función.

En el sistema capitalista, las medidas de cautela y seguridad en el trabajo son “costes a ahorrar en lo posible, siempre a la cola de los gastos e inversiones necesarios”. Esto es así, porque bajo el sistema capitalista cada persona asalariada de su plantilla está condenada, en el mejor de los casos, a ser valiosa solamente para sí misma, su familia o para sus compañeros de clase (de lo que se lamentará el patrón), pero no lo es en absoluto para el propietario, consejos de administración y/o gestores empresariales. Para estos, los trabajadores/as no somos más que individuos, números, de cuyo esfuerzo y fuerza de trabajo es posible obtener un beneficio económico, al menor coste posible. Esto es, bajo este sistema cada persona asalariada ha de aceptar ser un sujeto inmediatamente sustituible -cuando no, meramente, cosas, mercancías y objetos-, un mero recurso. Ya, con absoluto descaro y brutal realismo, se designan en la jerga público-mediática a los departamentos de personal, como de ‘recursos humanos’ y al derecho al trabajo como ‘mercado de trabajo’, en las que la ‘mercancía’, ya apenas humana y sin otro derecho que el de consentir su propia explotación y exposición de cuerpo y mente, es adquirida por el poderoso a conveniencia e interés propio.

Es en ese contexto que el número y gravedad de los accidentes de trabajo se dispara, tal como evidencia el hecho fehaciente de que el 95% de los ‘accidentes’ está directamente relacionado con la precariedad, jornadas abusivas, ritmos de trabajo desquiciados, subcontratación entre empresas … o bien, con la reducción de las políticas efectivas de prevención de riesgos laborales, con la negligencia e incumplimiento (a menudo flagrantes y casi siempre impunes) de la normativa de seguridad e higiene, con las deficiencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o con el nulo reconocimiento de la voluntad positiva y autonomía del trabajador ante una situación de riesgo de accidente frente al poder decisorio y represivo de la empresa, siempre con capacidad de proceder al despido (de modo procedente o improcedente, pero siempre barato y efectivo) del trabajador reacio a jugarse la vida y la salud.

Según reconocen y muestran las propias estadísticas y estudios oficiales la abrumadora mayoría (más del 90%) de los siniestros laborales son evitables o, lo que todavía es más sangrante, predecibles, como frutos maduros de las bodas de sangre entre las grandes organizaciones empresariales y los gobernantes, puestos de acuerdo en Leyes y normas de Seguridad e Higiene, siempre sesgadas, tanto en su definición como en su aplicación, en favor de la supremacía del empresario sobre la vida, la seguridad y la salud de la plantilla. Además, todos, absolutamente todos, los informes conocidos señalan que el mayor número de los accidentes laborales, en particular los letales y graves, eran previsibles con sólo observar las condiciones en que se obligaba a trabajar a las víctimas. Limitándose el azar o la suerte a escoger quienes serán las personales víctimas, hasta cosechar los cadáveres y mutilados diarios que exige mantener los beneficios actuales de las empresas.

Somos la clase trabajadora quienes hemos de tomar plena conciencia de las causas que están detrás de la mayoría de los accidentes laborales. Y, enseguida, desarrollar esa conciencia en una acción sindical decidida que, llegado el caso, reivindique la iniciativa de las plantillas para parar la actividad cuando se producen situaciones ciertas de riesgo y amenazas a la vida y la salud, no delegándola exclusivamente o prioritariamente en servicios e inspecciones de trabajo estatales, siempre insuficientes y frágiles. Pues se trata de un crimen alevoso y cotidiano, hecho a golpe de ley, reglamento, norma incumplida, complicidad e impunidad.