Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

La regulación de inmigrantes, aprobada el 27 de enero por el gobierno español de modo ocasional y excepcional transitorio, representa una decisión que nuestro sindicato celebra y valora positivamente.

No en vano el logro de esta reivindicación -tenazmente reclamada desde hace años- supone, en primer lugar sacar de la clandestinidad administrativa a cientos de miles de personas que residen, trabajan y conviven entre nosotros, sin el miedo constante a la amenaza de deportación o falso y humillante acogimiento. En segundo lugar, iniciar el camino para superar la condena a la marginalidad y a la explotación que, por decisión gubernamental, vienen sufriendo los emigrantes excluidos administrativamente de personalidad por la burocracia del Estado, pero también una fracción cada vez más amplia de la población habitante en España. La pobreza afecta a 12,5 millones de personas (26% de la población), de los cuales más de 4 millones están en situación de pobreza severa, en situación de marginalidad y riesgo cierto de exclusión social.

Según lo anunciado, el proceso de regularización incluirá a todas y cada una de las personas que hubieran llegado a España procedentes de un país extranjero no comunitario antes del 31 de diciembre, puedan demostrar al menos cinco meses de presencia en el país y no tengan antecedentes penales en su país de origen. Esta última exigencia, provocará un sinfín de problemas a los solicitantes pues muchos de ellos se encontrarán con enormes dificultades, sino imposibilidad, de recibir dicho documento desde su país de origen, en situaciones de guerra civil y corrupción política y administrativa generalizada.

La actual será la novena gran regularización de inmigrantes ‘sin papeles’, realizadas por gobiernos tanto del PSOE como del PP. La previsión del gobierno es que las solicitudes se tramiten en un corto plazo, entre abril y junio de este año, aun cuando el cálculo del número de personas afectadas por el proceso de regularización en los términos anunciados no se conozca todavía. Oscilando entre las 500.000 que apuntan las cifras oficiosas y las 840.000 que señalan algunas ONGs y los colectivos de emigrantes.

El gobierno se ha impuesto realizar esta importante regularización excepcional por vía ejecutiva, sin pasar ni ser debatida en el Congreso, por lo que es necesario recordar el proceso de movilización social que nos ha traído hasta la celebración de hoy, pese a los obstáculos impuestos por las castas políticas hegemónicas de este país.

En abril de 2020, la Plataforma ‘Regularización Ya’, con el aval de más de 1200 colectivos sociales co-firmantes, envió una carta al gobierno de entonces, PSOE-Unidas Podemos, solicitando una regularización urgente. Resultaba ya entonces evidente que desde la última regularización extraordinaria, en 2005, el número de personas inmigrantes en situación ‘irregular’ no había cesado de crecer, hasta los más de 800.000 actuales. Todas esas personas y sus familias eran víctimas de la exclusión administrativa impuesta con violencia institucional por el gobierno (aplicación de la Ley de Extranjería y política de fronteras y acogimiento xenófobas y racistas) tras negarles el acceso a papeles que les reconociesen como personas, con todos sus derechos al trabajo, la dignidad social, la vivienda, la salud, etc. Todos ellos, con su dignidad a cuestas pero clandestina, condenados administrativos a la muerte civil, a sufrir todo tipo de agravios y exclusiones en razón de su etnia, origen, nacionalidad …

Dado el silencio con el que el gobierno respondió a esa primera iniciativa, se realizó entonces la propuesta de una “Proposición No de Ley”, que fue rechazada en el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra del propio PSOE y del PP.

En esta situación, la plataforma ‘Regularización Ya’ inició una campaña por todo España, con el objetivo de reunir las más de 500.000 firmas necesarias para la consideración por el parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Lo que se logró en diciembre de 2022 aunque no llegaron a tramitarse hasta el 2024. Hasta el 9 de abril de ese año, la movilización social en favor de la regularización se intensificó extraordinariamente, impulsada no solo por el colectivo Regularización Ya, sino también y a la par por otras organizaciones, como CGT, solidarias en defensa de los emigrantes y por la igualdad.

Tras la movilización general en abril de 2024 se reemprendió la presentación en el parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el amplísimo respaldo de más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones sociales. Sin embargo, contra todo lo admisible y exigible en términos de justicia y necesidad social, la coalición gubernamental PSOE-Sumar, decidió entonces no abordarla, secuestrándola en algún cajón vergonzante, sin otra justificación que su voluntad de hacerlo así, tal como ahora demuestra su decisión -tras la exigencia del tenaz movimiento social- de abordarla por el atajo posible, antes y ahora, del ‘decreto’ gubernativo. Celebramos ahora, que hayan cambiado su decisión.

Queda ahora por delante un largo camino por recorrer, en lucha y movilización sindical y social constante y conjunta por alcanzar el acceso al trabajo efectivo en unas condiciones económicas, laborales y sociales justas para toda la clase trabajadora, hasta lograr -todas y todos mano a mano, sin diferencias por razón de sexo, etnia, origen, nacionalidad o condición particular alguna- una sociedad más justa que la actual, en la que los bienes de la naturaleza y la riqueza colectivamente producida, sean por todos disfrutados, sin privilegios ni desigualdades.