Editorial

Te han sitiado corazón
y esperan tu renuncia.
Los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues, corazón libre.
No te entregues.

Rafael Amor

El 3 de febrero el gobierno aprobó un pomposo “Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud” con el que -tras una azarosa e imprevisible tramitación en el Congreso en los próximos meses-, pretende reemplazar la Ley 15/97, por más que manteniendo la definición del Sistema Nacional de Salud establecida en aquella Ley, como un “sistema de colaboración público-privada”.

Definición que, en lenguaje coloquial y certero, no sólo abrió la puerta de par en par a la privatización sanitaria, sino que, además nos ha traído al dramático punto en que hoy estamos: el deterioro controlado y programado del Sistema nacional de salud, en favor de una tupida y dañina red de intereses económicos y políticos, que, a la vista está, incluye tanto a la clase política gobernante en todos los años del siglo XXI como a los grandes consorcios económicos de la industria sanitaria. De hecho, pese a la intensa movilización social contra las privatizaciones en el sector hospitalario y la lucha por la derogación de la Ley 15/97, durante décadas la sanidad pública ha ido cediendo en todo España cada vez más centros y unidades de servicio a la empresa capitalista privada. Baste con señalar que el número de hospitales privados que han sido integrados en la red pública se ha incrementado de tal modo que uno de cada tres hospitales de la sanidad pública (estatal) está ahora mismo gestionado por una empresa privada.

En la retórica de los anunciantes, el ‘Anteproyecto’ busca ‘poner algún freno’ a las privatizaciones en el sector hospitalario propiciadas por aquella Ley, pero de ningún modo prohibirlas, impedirlas o suspenderlas. Sin embargo, esa supuesta intención no puede ser veraz. Pues es absolutamente contradictoria con la declaración central del Anteproyecto, según el cual el sistema sanitario futuro continuará siendo de participación público/privada en el marco de una economía capitalista, basada en el beneficio dinerario. Fue esa definición la que. además de excluir legal y/o normativamente del ámbito público (estatal) a subsectores sanitarios esenciales, tales como los socio-sanitarios de atención a la dependencia y ancianidad, higiene, investigación bio-médica, etc, etc., ha logrado provocar el que solo algunos centros y servicios (cada vez menos) se mantengan bajo titularidad y gestión directa del Estado (los mal llamados, públicos, pues el estado no representa lo público y común, sino que lo usurpa) y otros (cada vez más) disfruten de gestión directamente privada.

En estas circunstancias, La Campana no solo denuncia la vacuidad torticera de este Anteproyecto -¡vuelve la burra al trigo, como vuelven la clase política y el estado al engaño, que le es consustancial!- sino que reitera su llamamiento a continuar la defensa a ultranza de los servicios públicos, sean de atención y cuidado socio-sanitario, de educación, de pensiones, de abastecimiento o de investigación biotecnológica o red de transporte social, entre otros sino que reclama una movilización social, sindical y colectiva que ha de llevarse, con mayor énfasis si cabe en lo relativo al servicio de Salud Pública, en aras de lograr un Sistema Sanitario verdaderamente público y social, que ahora mismo no existe, al estar sustituido por un estatalizado “Sistema Nacional de Salud” de amigable compinchería estatal-privada, que ahora se pretende prolongar.

En este sentido, nuestras bases reivindicativas en defensa del servicio público de salud centrado en los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad, universal, gratuito y de calidad en el momento de la prestación, han de señalarse con claridad:

+ Derogación de todas las normas, decretos y leyes que impiden y obstaculizan la consecución de un sistema sanitario verdaderamente público, universal gratuito y de calidad acorde con los avances científicos y médicos. Sea la Ley 15/97 o cualquiera que la sustituye que pretenda mantener la posibilidad del concierto con fondos públicos de empresas privadas. No a la segregación y privatizaciones de unidades o centros sanitarios ‘rentables’.

+ Gestión de la sanidad pública con estrictos criterios de atención sanitaria, a cuyas necesidades deben subordinarse otros aspectos, como los mercantiles y/o políticos.

+ Por una industria sanitaria, farmacéutica, de investigación bio-sanitarias y centros de formación médica y sanitarios públicos, en ningún caso sometidos a régimen de concesión o de cualquier figura privatizadora. Reconocimiento como servicios socio-sanitarios de la atención a dependientes, mayores, y asistencia en domicilio e inmediata incorporación a la red pública sanitaria.

+ Fin de la precariedad laboral en todo el ámbito sanitario y de un sistema de contratación fraudulento y en abuso de ley. Aumento de plantillas y servicios sanitarios, que garanticen permanentemente la atención debida a todos los pacientes.

+ Avanzar hacia la autogestión social de los servicios públicos. Que se habiliten los mecanismos auditores necesarios e impulse la participación de organizaciones públicas y sociales en la gestión económica y control del Sistema nacional de salud, al objeto de impedir “la mercantilización global de los sistemas sanitarios” o la “implantación cada vez mayor de mecanismos propios de la empresa privada capitalista en los sistemas estatales”.

Como señalábamos en el anterior editorial de La Campana: “sin producirse estos cambios … la sanidad seguirá siendo, cada vez en mayor proporción, un suculento negocio privado a costa de la salud y los pacientes. Un asunto de ‘lucro dinerario’ en el que regirá la ley de los empresarios siempre dispuestos a ‘maximizar beneficios’, valiéndose de la ‘corrupción estructural’ que necesariamente le acompaña.”