LEGALISMO Y ACCIÓN DIRECTA, FRENTE A FRENTE
Chile, 1914 – 1925: Huelgas de arrendatarios
Al inicio del siglo XX, en Chile había unos cuarenta grupos de afinidad anarquistas, la mayoría de ellos afincados en las ciudades de Santiago y Valparaíso, pero con presencia también en otros lugares de concentración obrera como Concepción, Iquique o Valdivia.
Ya en 1914, distintos grupos anarquistas y anarcosindicalistas chilenos, habían llegado a la conclusión de que debían impulsar desde una perspectiva libertaria -regida por los principios de formación en la lucha y por la lucha cotidiana, finalismo y revolucionario, organización y acción antiautoritaria y autónoma y solidaridad entre combatientes contra toda injusticia- las campañas reivindicativas de los inquilinos urbanos, frente a los patrones y dueños de los terrenos y edificios habitacionales.
Con ese objetivo, ese mismo año crearon la denominada Liga de Arrendatarios que llegó a movilizar a unos diez mil hombres y mujeres solo en la capital, con la reivindicación de abaratar los arriendos e higienizar los alojamientos y calles. En el contexto del tradicional servilismo de las autoridades hacia los propietarios, el 18 de octubre nada más terminar en Santiago un mitin reivindicativo, preparatorio de protestas, impagos colectivos y huelgas de alquiler, los gendarmes apresaron y encarcelaron a ocho dirigentes de la Liga,
En 1925, se reactivaron en todo Chile las luchas por la vivienda. Al igual que había ocurrido en 1914, los anarquistas tuvieron un rol preponderante en la creación de organizaciones de arrendatarios y en la coordinación de sus conflictos.
En enero de 1925 comenzó́ el movimiento en Valparaíso con un mitin organizado por la Liga de Arrendatarios al que asistieron unas treinta mil personas. Exigían pagar solo el 50% de lo que se les cobraba, higienizar los conventillos y evitar los desalojos contra los morosos. Pocos días después otros contingentes se sumaron a la campaña en la capital, Santiago, donde el mitin celebrado el 8 de febrero logró reunir a unas ochenta mil personas.
Las Ligas de la capital y el puerto acordaron una huelga general para el 13 de febrero que lograse imponer las reivindicaciones planteadas. En el curso de la misma, pronto se hizo notar la división entre anarquistas y los partidarios de acercarse e intervenir en política para que las medidas ansiadas las llevase a cabo el gobierno y se impusiesen legislativamente. Quedaron entonces los anarquistas en minoría, sobre todo desde el mismo momento que la Junta Militar que gobernaba creó los Tribunales de Vivienda, estableciendo esas instituciones para mediar entre arrendatarios y dueños de conventillos, con la promesa implícita de paralizar los desalojos, reducir significativamente el precio global de los alquileres y que el estado se haría cargo de la higienización de las calles y entorno de las barriadas, aunque no de las viviendas y estancias.
A principios de marzo una fracción libertaria de la organización en Valparaíso, señaló que la Junta Militar, más pronto que tarde, incumpliría con sus compromisos, por lo que era más necesario que nunca renunciar a la pretendida ‘mediación’ del gobierno y, por el contrario, continuar directamente -sin intermediarios- la movilización popular y la huelga. Así nació la Liga de Arrendatarios en Resistencia, distinguiéndose de la Liga pactista, reformista y pro-política.
El 8 de abril los anarquistas de la capital, Santiago, coordinaron una huelga general por los arriendos. Los comunistas se abstuvieron de apoyarles y la huelga fracasó, como también se cumplió el vaticinio de los anarquistas chilenos, pues el gobierno no cumplirá sus promesas. Finalmente, tanto legalistas como libertarios, fueron todos anulados por la oficialidad gubernamental, continuaron los desalojos de las víctimas de la miseria y bajos salarios, los precios de los alquileres apenas bajaron y habrá que esperar muchos años para resolver los problemas de higiene y salubridad pública en los barrios obreros y que logre reducirse la elevada mortandad en los barrios obreros.
Desde aquel mes de abril de 1925, ya nunca los habitantes de los barrios urbanos chilenos tendrán la fuerza suficiente para imponerse ante los propietarios, como si había sucedido en 1914 y en febrero de 1925 cuando en ciertos sitios, lograron bajar o congelar los precios de arriendo. Hasta hoy.