CONTROVERSIAS ENTRE AMIGOS

Cuestiones de suma (o poca) importancia

Antípodo y Odopitán son dos amigos anarcosindicalistas y campaneros. Cada lunes los encontramos en el local del sindicato pontevedrés enzarzados en fraternales discusiones.

Odopitán – Las mismas instituciones y personajes que tantas veces nos traen por la calle de la amargura -me refiero a gobierno y parlamento-, estos días pasados nos han ofrecido una grande alegría.

Antípodo – Imagino que te refieres a la Ley orgánica de regulación de la Eutanasia.

Odopitán – Efectivamente. El pasado 8 de marzo, el Congreso ha aprobado de forma definitiva la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia. Según aseguran sus defensores, con esta ley se ‘ha creado un nuevo derecho’: el “derecho a una muerte digna”, ya reconocido en otros cinco países del mundo: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, pero no en todos los demás.

Antípodo – Alegrarnos sí, pero sin hacer gala de ignorancia ni repetir como bobos la propaganda oficial. Una ley del estado jamás podrá crear un ‘nuevo derecho’. A lo más que llega es a incorporar en su articulado el reconocimiento ocasional de una necesidad ampliamente sentida (un ‘derecho’, hasta ese momento negado), aunque siempre condicionando su acceso y disfrute restringido al criterio exclusivo del Estado, lo que, en prácticamente todos los casos, acaba pervirtiendo el impulso primero que dio origen a la nueva ley.

Odopitán – Por más que en muchos casos haya sido así, no tiene por qué repetirse en esta ocasión. Sobre todo cuando lo que se establece en la Ley es un procedimiento que, por un lado, garantice a toda persona consciente el derecho a exigir de la sociedad la ayuda necesaria para morir de la manera más digna posible y no sufrir un calvario, tan gratuito como inexorable, y, por el otro, la obligación de la sociedad de ofrecer esa ayuda.

Antípodo –Donde tú dices ‘sociedad’, la nueva Ley dice ‘Estado’, que en absoluto son la misma cosa, salvo en el delirio de los estatalistas y aquellos que anteponen a su propia responsabilidad la obediencia a la ley y el culto a un Estado protector inexistente.

Odopitán – En este caso, el Estado no pretende obligar a nadie a practicar sobre sí mismo el suicidio asistido, ni tampoco extender su protección a quien no se la solicite. No se trata de una ley imperativa, si no más bien asistencial, en la que pesa más el bien que propiciará, que los daños puntuales que seguramente se producirán durante su vigencia.

Antípodo – Mal vamos tu y yo, si ahora aplicamos a la reivindicación -necesidad, como antes la hemos nombrado- del respeto al libre albedrío frente a la vida y frente a la muerte, términos estadísticos o prejuicios serviles que excusen ‘daños puntuales’ que pueda llegar a provocar la autoridad. Te recuerdo que hablamos de una exigencia en pos de una muerte digna por la que hemos luchado desde hace bastantes años. Una necesidad que, si hasta ese momento estaba penalizada y considerada delito, a partir de su aprobación en forma de Ley, estará sometida a regulación, con criterios -no conviene olvidarlo- de razón de estado, que nada tiene que ver con la razón común, el buen sentido o el valor moral.

Odopitán – Acabar con la criminalización de aquellas personas que deciden poner fin a una vida insufrible y darse la muerte, ya sea por sí mismo o bien por mano de otros en caso de dependencia extrema, es, a mi modo de ver y como tu bien dices, una necesidad de imperiosa satisfacción social, pero también un derecho y ambas cosas no son contradictorias.

Antípodo – No puedes ignorar que el término ‘derecho’ tiene múltiples significados que, según quien lo use y en el contexto que se use, puede aludir a cuestiones muy distintas, también contradictorias entre sí. Repara en lo frecuente que es la dramática colisión entre aquello que una víctima considera como ‘derecho’ y el “Derecho” al que alude el tribunal que lo juzga.

Odopitán – Ese era justamente el caso de la ‘eutanasia’, hasta ayer considerado delito por más que muchos de nosotros -tu y yo entre ellos- nos movilizábamos en favor del ‘derecho a la muerte digna’.

Antípodo – A eso me refiero. Ambos términos, ‘necesidad’ y ‘derecho’, pueden no ser contradictorias, si en ambos casos las pronunciamos en minúscula. Sin embargo, entrarán inevitablemente en colisión si por ‘derecho’ nos referimos al Derecho, así en mayúscula, es decir, como señala la RAE “al conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”, esto es, actualmente, al Código Civil, Código Penal, Leyes del Estado … con sus aparatos ejecutivos: tribunales, policías, cárceles, sanciones …

Odopitán – Una disquisición terminológica no nos amargará la alegría de hoy, por más que soy perfectamente consciente de que no había derecho, ni antes ni ahora, a que quienes ayudaron a Ramón Sampedro a morir pudieran ser perseguidos y amenazados por los Tribunales de justicia como autores de un delito.

Antípodo – No se trata de una mera discrepancia lingüística respecto de los significados posibles de un vocablo, polisémico donde los haya. Todo lo contrario. Se trata de una cuestión decisiva, central … una cuestión que, según se resuelva, posiciona a cada uno respecto del poder y su legitimación, pongamos por caso, como Estado de Derecho.

Odopitán – Siempre ha de sucedernos lo mismo. Como en las malas series de televisión, pondremos el cartel ‘continuará’ en un momento particularmente tenso del debate. ¡Hasta la próxima semana!