SINDICATOS Y DEBATE EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN
Soy un firme partidario de que el sindicato favorezca, promueva y acoja en su seno todos los debates, discusiones y controversias posibles sobre las instituciones sociales, desde el ejército o la contaminación a la conducta sexual y la prostitución. Es, precisamente, al calor de esos debates e intercambio de pareceres multiformes y polémicos, que se va forjando el compromiso y conciencia social de la afiliación y, en consecuencia, podrá el sindicato cumplir con su propia responsabilidad histórica en la lucha por una sociedad justa y libre, comunista libertaria.
Pero todo ello ha de cumplirse respetando escrupulosamente una premisa, clara y tajante: el debate sobre estas cuestiones ha de ser abierto e inacabado, al menos, hasta el momento en que la clase trabajadora concernida -sea a través de los sindicatos, asambleas propias o cualesquiera nuevos modos de organización que hoy ni siquiera estamos en condiciones de sospechar- no se hagan cargo directamente, autogestionadamente y sin mediaciones, de todas y cada una de las instituciones relacionadas con el problema.
Dado que ese momento -la lucha final victoriosa- no sólo no ha llegado, sino que ni siquiera se vislumbra su posibilidad a corto plazo, ninguna de estas cuestiones debe ni puede ser zanjada por una asamblea del sindicato, a riesgo de confirmar aquello que niega la lucha por la libertad, alineándose o poniéndose a disposición de sus enemigos.
Aplicando el razonamiento anterior al caso concreto del debate en torno a la prostitución una asamblea del sindicato CGT debe y puede, claro está, acordar y pugnar por una reivindicación sentida como justa y necesaria que afecte a las prostitutas; pero, lo que sería un sinsentido, es que esa misma asamblea particular pretendiese acordar, por ejemplo, la ilegalización y abolición punitiva o, por el contrario. la regularización mercantil o laboral de la prostitución.
Hubo un tiempo -el breve periodo en que pareció posible y real la revolución social, en la España de 1936 / 1937, durante los primeros meses de la guerra civil – en el que la federación anarquista “Mujeres Libres” creó los que denominó “liberatorios de prostitución”. Se trataba de unos espacios libres de toda influencia estatal y normativa jurídica o penitenciaria, centrados en la investigación y tratamiento médico-psiquiátrico, la curación psicológica y la afirmación ética y solidaria, orientación y capacitación profesional, ayuda moral y material en el momento que fuese necesario, incluso después de salir la mujer del liberatorio.
Con todo, las compañeras de “Mujeres Libres” sabían -así lo afirmaban en su revista homónima y escritos – que dicha iniciativa no representaba la solución al problema, sino que asumía un fin paliativo, que permitiese a la prostituta acogida salir de su dolorosa condición. Reconocían que el problema de la prostitución -y aún el más general de la sexualidad libre y consciente- solo tendrían solución si se producía en conjunto y al unísono con la Revolución social, pues de otro modo, cualquier ‘solución’ sería siempre falsa. Claro está, que el hecho de que no haya solución al problema de la prostitución -como de tantos otros hechos sociales ignominiosos- mientras el capitalismo y el autoritarismo estatal pervivan, no quiere decir que nos resignemos a ellos y, mucho menos, que los aprobemos. Todo lo contrario.
Los términos en que se está produciendo actualmente el debate -más mediático y político, que verdaderamente social- en torno al abolicionismo, regularización o desnormativización de la prostitución por el Estado, mientras se mantiene vigente el régimen de organización económica y de producción capitalista, son inaceptables de raíz. Ni la historia, ni la experiencia, ni la razón amparan semejantes ‘soluciones’.
Defiéndase finalmente la “resolución” que se defienda (abolicionista, legalista-reglamentaria o alegalista), lo cierto es que, mientras se pretenda imponer esa ‘solución’ desde el compartido liderazgo estatal y de la propiedad privada, sólo cabrá considerarla como una triste componenda, que nada serio podrá resolver, ni siquiera paliar.
No faltan ejemplos históricos, pasados y recientes, de las consecuencias reales de estas falsas, a menudo fanáticas, pero también crueles e hipócritas ‘soluciones’ al fenómeno de la prostitución. Entre ellos, baste con citar la abolición legal de la prostitución en España durante la II República, entre 1935-1936, después bajo la dictadura de Franco, entre 1963 y 1975 y, de seguido, durante los primeros años de Democracia, ente 1975 y 1995. El resultado infame de estas reformas legislativas abolicionistas, es bien conocido. Las prostitutas pobres -la abrumadora mayoría- podían ejercer su oficio esclavo gracias a la ‘tolerancia’ de la autoridad, a expensas de sufrir de vez en cuando (cuando a ‘alguien’ del régimen interesaba, por la razón que fuese) redadas, detenciones, palizas y humillaciones, que las llevaban a la cárcel o a siniestros centros especiales de ‘integración’, abocadas siempre a la miseria y a la sordidez más extremas en cuanto llegaban a la mediana edad.