VII Época - 29

ANOTACIONES A UN ARTÍCULO

Frente a frente: Acción sindical y/o confianza en la acción política

La última edición de la revista confederal Libre Pensamiento (nº 116, invierno 2024) dedica la mayoría de sus páginas a un dosier ‘de debate’ en torno a lo que se da en llamar “Renovación sindical”. Uno de los artículos incluidos en ese dosier lleva por título “Nuevas formas de sindicalismo para la juventud trabajadora” del que son autoras Myriam Santidrian y Antea Izquierdo, militantes de la sección sindical CGT de Telepizza Burgos.

Tras realizar una genérica introducción sobre las lamentables condiciones laborales y de explotación a las que las empresas de estos sectores someten diariamente a sus trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes, el artículo dedica sólo unos breves párrafos finales a la cuestión que enuncian su título y aparentemente definen su propósito: “tenemos la tarea primordial de generar nuevas formas de lucha, nuevas estrategias sindicales que encajen con las realidades que vivimos muchas de nosotras, de realizar demandas más allá del entorno estrictamente laboral”.

Dicho de otro modo, primero se describe una situación laboral inaceptable -tipo de trabajo, formas de contratación, temporalidad, jornadas parciales, horarios que cambian cada día, precariedad, bajos salarios- y luego se concluye que las ‘demandas’ han de realizarse en otros ámbitos distintos de las propias patronales. En expresión de las articulistas, “más allá del entorno laboral”. Aunque no lo dicen expresamente, ese “más allá’ parece aludir al ámbito de lo “político” y en la rivalidad de los partidos por hacerse con el poder parlamentario, gubernamental y judicial, pues, según las articulistas, “necesitamos cambios legislativos que refuercen las bases de los derechos de las trabajadoras …”.

Y esto parece ser, a nuestro juicio, el meollo de la cuestión planteada, puesto que en todo el artículo, no se hace mención alguna -más allá de generalidades, que nada aportan- a esas “nuevas formas de lucha”, “nuevas estrategias sindicales” o “nuevas formas de sindicalismo” aludidas en el título y preámbulo. Del mismo modo que tampoco no hace referencia alguna al propio régimen de producción y económico capitalista del que esas empresas forman a día de hoy una parte significativa, aunque en ningún caso mayoritaria.

El planteamiento del artículo, por más que apenas concreto y definido, alude al menos a dos controvertidas cuestiones sobre las que toda organización sindical de clase, inexcusablemente, ha de pronunciarse y definirse. Según se resuelvan estas cuestiones, estamos ante un tipo de organización sindical -p.ej. anarcosindicalista- u otros -sindicatos institucionales, reformistas.

Las compañeras señalan que las condiciones laborales que rigen en estos sectores empresariales son tan agresivas que hacen “prácticamente imposible llegar a negociar ningún derecho, aunque sea el más básico …dificulta la autoorganización … tritura sindicalistas”. Ante esa dificultad -¡no recordamos tiempos en que la lucha sindical y social, reivindicativa y transformadora, fuese sencilla para la clase trabajadora!- las articulistas concluyen que “nuestra estrategia sindical (la de CGT) no puede depender únicamente de las compañeras que trabajen allí”. Pero lo que en principio parece ser una llamamiento a la solidaridad de clase, siempre necesaria en toda lucha social, se tergiversa en la continuidad de la frase, “tenemos (la CGT) que ir más allá, extender el conflicto fuera de las empresas, buscar alianzas con otros colectivos para dañar la imagen pública de las empresas, lanzar boicots y exigir una renta básica garantizada”, que muchos afiliados y sindicatos de CGT, este colectivo en concreto y el sindicato de Pontevedra rechazan por injusta y reaccionaria.

Según las autoras, vivimos cambios en el mundo del trabajo asalariado en los que la precariedad es la normalidad, máxime en aquellas empresas que ocupan y abusan mayormente de la juventud de sus trabajadores. Esta doctrina de la ‘amplia precariedad del sistema asalariado actual’ considera que esa precariedad que padece sobre todo la juventud trabajadora es más el fruto amargo de la ‘carencia de derechos sociales en el cuerpo legislativo del Estado’ y no el resultado directo de unas prácticas empresariales, frente a las que los trabajadores afectados se sienten indefensos e incapaces de combatir por si solos, sin que la CGT, al menos hasta ahora, logre romper ese aislamiento más que en contados casos.

Este planteamiento ideológico trae consigo el sometimiento, cuando no la sustitución pura y dura de la lucha sindical, que ha de ser llevada a cabo por los propios trabajadores, autoorganizándose en sindicatos autónomos y libres de toda tutela ajena, por la confianza -contra toda razón, recto juicio y experiencia histórica- en que serán los partidos políticos, una vez llegados al poder (parlamento y gobierno) quienes elaborarán leyes, códigos, y decretos etc, que ‘humanizarán’, sino el capitalismo o el estatismo autoritario, al menos las prácticas más brutales de algunos de sus patronales. No es otra cosa que una burda actualización de la vieja doctrina leninista de los sindicatos como correas de transmisión de los partidos políticos y organizaciones de masas, bien al servicio del poder político o de quienes aspiran a conquistarlo.

Así pues, según las articulistas, la ‘renovación sindical’ y las ‘nuevas formas de sindicalismo para la juventud trabajadora’ quedan reducidas a poner como centro de la actividad sindical la acción política (se supone que en favor de aquellos partidos que tienen posibilidades reales de conquistar el ‘cielo’ gubernamental) y crear nuevas “alianzas con otros colectivos”, que ni siquiera se referencian.

A estas alturas todos deberíamos saber y no ocultar a qué nos referimos cuando se habla de conseguir ‘derechos sociales’. Se está hablando de Leyes, de Constituciones, de legitimación del Estado y sus tareas, pues tales Derechos sociales solo existen en la medida que el Estado los instituye, regula y desarrolla.

Como ya afirmábamos en otras ocasiones, en lengua española la palabra “derecho” tiene al menos dos sentidos muy diferentes. Por un lado, podemos referirnos a una exigencia fundada en la necesidad y la sociabilidad propias del ser humano. ¡No hay derecho – decimos- a que unos mueran de hambre mientras otros se sacian! Pero por el otro, está el “Derecho”, el que se estudia en la carrera de Derecho, el relativo al conjunto de normas jurídicas de que se dota un Estado, que lo conforman y legitiman su actuación.

Mientras las reivindicaciones y exigencias a las que nos referimos en primer lugar (el “derecho” con minúscula, para entendernos) se incorporan con naturalidad en la actividad sindical, no sucede lo mismo con el Derecho y las Leyes del Estado, que están dedicados a legitimar y garantizar la desigualdad económica, la opresión política y la fractura social.

Como señala un documento aprobado por la CGT de Pontevedra para el orden del día de un Congreso: “Una cosa es la movilización en defensa y exigencia de reivindicaciones concretas, socialmente definidas y sindicalmente compartidas, al trabajo, a la salud, a la enseñanza, a la vivienda, etc., y otra bien distinta, contradictoria con ella, reivindicar una Carta de Derechos Sociales fundamentales … La primera consecuencia de la inclusión de una determinada reivindicación social como un Derecho –fundamental o no- en el ordenamiento jurídico, no es ni mucho menos su satisfacción y materialización honrosa. Al contrario. La primera y más decisiva consecuencia es el sometimiento de las personas a dicho orden jurídico y, todavía peor, el acatamiento a la autoridad del estado -única referencia práctica de la realidad jurídica desde hace al menos dos siglos- que, a partir de ese momento se reconoce como única legitimada para estimar si hay o no vulneración del derecho, es decir, para definir y concretar el Derecho”.

El intento de situar como eje fundamental de la acción sindical de CGT la promoción y logro de cambios legislativos y gubernativos en favor de la clase trabajadora es inadmisible para un sindicato, considerándola sindicalmente reaccionaria y conceptualmente delirante. Por cuanto sustrae a las personas trabajadoras la conquista y tutela de sus reivindicaciones.

Pues toda persona trabajadora, por explotado que esté, por oprimido que esté, por temeroso que esté, por víctima que sea de las represalias y hostigamiento de “jefecillos” en empresas en las que abunda las condiciones laborales extremas definidas por las articulistas en su sector, es también -para los anarcosindicalistas, para la CGT- la persona de dignidad inalienable, con decisión de hacer valer la justicia y combatir, con firmeza y seguridad, por un futuro distinto a la miseria actual. Y es desde esa dignidad, desde esa rebeldía consciente, desde ese saber transformador, que se está en la circunstancia de reclamar la solidaridad necesaria a todos los compañeros de este o del otro sector. Pues por eso defendemos la necesidad histórica de un sindicato, es decir, la unión de los trabajadores y trabajadores en la lucha común, auto-organizada y nunca delegada, contra toda explotación y opresión económica, laboral y social.

Como escribió en su día nuestro compañero Isaías Santos en el órgano portavoz de CGT-Galicia (Mallón, no 4): “Uno puede ser explotado por otros, oprimido por otros, dominado por otros, esclavizado por otros, etc., pero nunca tiene por qué, en esas situaciones, dejar de ser persona con dignidad, con derechos inalienables, con decisión para hacerlos valer y para luchar con otros, nunca puede ser precario por decisión u obra de otros, a lo más podrá estar en precario frente a otros o respecto a otros. No accederemos a ser precarios salvo que abdiquemos de nuestro ser persona, de nuestro ser humano, cuyo ser no depende de lo que digan las leyes, salvo que sean leyes de animales no humanos o de divinidades inhumanas”, como por ejemplo, el Estado y sus Cartas de Derechos, sus Leyes y Códigos laborales.

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