Editorial

El pasado 14 de mayo, el Juzgado de lo Social nº 4 de Pontevedra, dictó sentencia sobre la demanda de nuestro compañero, David Crespo, en la que reclamaba la anulación de su despido efectuado por la Diputación de Pontevedra, cuyos responsables habrían cometido a sabiendas el fraude de “disfrazar de beca lo que no es sino una relación laboral ordinaria” y, además, “vulnerar la garantía de indemnidad”, al proceder al despido como represalia de la acción sindical y reivindicativa llevada a cabo por David y la CGT de Pontevedra.

Tras comprobar la veracidad de los hechos denunciados en la demanda, la jueza de lo social emitió el fallo declarando nulo el despido y condenando a la Diputación al abono a David de los salarios de tramitación y a indemnizarlo por los daños ocasionados.

¿Cómo se ha llegado, hasta aquí?

El 1 de abril de 2017, la Diputación Provincial de Pontevedra concedió a David una beca (bolsa de práctica laboral) con destino en la Estación Fitopatológica de Areeiro. Nada más incorporarse, David pudo comprobar que las tareas que se le exigían no tenían como objetivo -ni principal ni secundario- su formación (esa es la razón de ser de un becario), sino obligarlo, en condiciones económicas precarias, a desempeñar su trabajo con total autonomía, bajo tutoría ficticia que no real, sin asesoramiento y sin programa formativo de ninguna clase.

En principio, David intentó sin éxito que los responsables de “recursos humanos” de la Diputación (los sindicatos deberíamos exigir la supresión de esa denominación infame, que degrada a los trabajadores y a las personas al rango de mercancías) reconociesen los hechos tal como sucedían, no sólo en su caso personal sino también en el de otros muchos becarios. A la queja, seguía el silencio, cuando no la amenaza solapada. Esta situación se mantuvo inalterable durante 2018.

Mientras tanto en el último semestre de 2018, se conoce la decisión del gobierno de España entrante de proceder a una Campaña con el objeto de que las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social realicen “el control de las relaciones no laborales de empresas y becarios”. En el marco de esa Campaña, la Inspección de Trabajo de Pontevedra efectuó diversas visitas a centros de trabajo, entre ellas, el 18 de octubre 2018, a la Estación fitopatológica de Areeiro, en la que trabajaba David.

Cuando aún no se conocía el desenlace del expediente abierto por la Inspección de Trabajo, la CGT de Pontevedra decide constituir el 20 de diciembre de 2018 la “Sección sindical de la CGT en la Diputación Provincial” y designar como “delegado sindical al compañero David … que representará a esta Sección sindical ante la empresa … disfrutando de las garantías establecidas en la Ley 11/85 Orgánica de Libertad sindical”. Esta decisión de CGT se le comunica a la empresa el 28 de diciembre.

Las primeras acciones de la Sección sindical de CGT y de su delegado, nada más comenzar el año 2019, se dirigieron a difundir y explicar al resto de la plantilla de becarios y también funcionarios y laborales de la Diputación, el abuso que se estaba cometiendo con los becarios, condenados a ser considerados como mano de obra precaria.

En un acto de represión sindical infame, el 13 de marzo de ese mismo año, la Diputación comunica a David que no le prorrogarán la beca y tramitarán su baja como “bolseiro” el día 30. El 1 de abril, David, juntamente con un compañero testigo del sindicato, acude a su lugar de trabajo, pero no le dejan entrar. Es en esa circunstancia, cuando David, asistido por la letrada del sindicato, Luz, presenta ante el Juzgado la demanda por despido, que da pie a la reciente sentencia del 14 de mayo de 2020, que declara nulo su despido.

Mientras estos hechos sucedían -ya presentada la demanda por despido y en espera de sentencia- la Inspección de Trabajo concluye su investigación con la declaración de “la naturaleza laboral de la relación jurídica que vincula a la Diputación de Pontevedra con los trabajadores”. Tras negarse la Diputación a acatar esta decisión, el 22 de marzo de 2019, se inicia de oficio por la propia Tesorería general de la Seguridad Social un procedimiento judicial contra la Diputación. Finalmente, el Juzgado de lo Social, dicta sentencia el 12 de mayo de 2020, cuyo fallo declara la efectiva relación laboral (y no formativa, ni de prácticas, ni bolsa precaria) que vincula a la Diputación con los trabajadores entrevistados, entre ellos David.

Ante este fallo, la Presidenta de la Diputación y sus apoyos (pacto PSOE-BNG), empecinados en continuar la política de precariedad y explotación laboral de sus antecesores, deciden el 29 de mayo recurrir la sentencia y, con absoluto desprecio a los trabajadores, declarar a la prensa local “Llegaremos si es necesario hasta el Tribunal Supremo”.

A estas alturas, ignoramos si la presidencia de la Diputación también recurrirá o no la sentencia por el despido nulo de David. Si lo hace, no representará otra cosa que una nueva muestra de abuso, vulneración de los derechos de la clase trabajadora y usurpación del patrimonio público, al utilizarlo perversamente para impulsar políticas de precariedad y explotación laboral.

¡Apoyo y solidaridad en la lucha por los derechos laborales y las reivindicaciones más sentidas de la clase trabajadora! Ese es el único camino por el que la CGT de Pontevedra está dispuesta a avanzar.

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