Editorial

Durante este mes de enero, más de un centenar de organizaciones, colectivos y entidades del movimiento sindical y social no-gubernamental, entre ellas la CGT, han firmado al escrito elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), por el que reclaman al gobierno la derogación, sin retrasos ni excusas, de la “Ley Mordaza” y el cese inmediato y definitivo de las “devoluciones en caliente” y el “rechazo a pie de frontera” de emigrantes.

Ambas exigencias, vienen siendo reclamadas por la CGT de Pontevedra desde el mismo momento en que, para desgracia de todos, se impusieron. Fue en julio de 2015, cuando la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” convirtió en “legal” de forma efectiva, entre otras, la inhumana práctica de las “devoluciones en caliente” de emigrantes.

Hace ya seis años, el 1 de julio de 2015, entraba en vigor la “Ley Mordaza”. Ley que en los tiempos más descarnados y en su terror menos eufemistas de la dictadura se llamaría “de Orden Público” y que ahora, en la neo-lengua oficial e institucional al uso democrático, lleva por nombre: Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Esta Ley Mordaza se diseñó en aquel momento con el indisimulado objetivo de acallar la protesta ciudadana que se estaba produciendo a resultas de la crisis económica y política iniciada en 2008 o, al menos, lograr amedrentarla dotando a los tribunales y a la policía de nuevos y agravados instrumentos represivos. Todo ello en aras de garantizar que resultase impune para sus autores -¡cómo así sucedió y sigue sucediendo!- la explotación de la clase obrera, la opresión de la ciudadanía, el saqueo del patrimonio público hacia bolsillos privados o el empobrecimiento general de la sociedad española. De hecho, aquella ‘crisis’ (en realidad un fraude monumental a la ciudanía del mundo, impuesto por el sistema financiero y la banca internacionales) fue resuelta en nuestro país en favor de los grupos más poderosos y buitres del capitalismo mundial y nacional.

En aras de ese lamentable objetivo y de poder garantizar la impunidad del fraude neoliberal, la Ley Mordaza agravó la acción punitiva en todos los sentidos y buscó convertir el conflicto social que se avecinaba en un problema de orden público, criminalizando el movimiento social y sindical reivindicativos.

La Ley Mordaza: equipara el ejercicio de reunión pacífica al empleo de armas; abusa de la prisión provisional como pena anticipada, contra la que no cabe reclamación aún cuando los afectados resulten absueltos; impone al sancionado la carga de la prueba de su inocencia; facilita a la policía la detención arbitraria; criminaliza la contestación social ante actuaciones injustas de los poderes económicos o de las propios poderes del estado; mantiene los antecedentes penales, aún después de haber cumplido la condena prescrita por ellos -con la secuela de impedir el acceso a la función pública u obtener visado en algunos países-; amplia la impunidad de la policía para reprimir violentamente manifestaciones, incluso pacíficas; faculta a los agentes fronterizos para las “devoluciones en caliente” de emigrantes, lo que contraviene abiertamente los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas.

El 16 de julio de 2015, en el curso de una concentración realizada por nuestro sindicato en Pontevedra decíamos: “Esta Ley Mordaza … está construida con los mismos mimbres (amenazas de cárcel, sanciones y multas) y con el mismo objetivo (la represión y violencia del estado contra los trabajadores que luchan por sus derechos) que la “ley de Orden Público”, promulgada bajo la dictadura franquista. Por ello, los jueces y fiscales que apliquen esta Ley contra la protesta obrera y los movimientos sociales reivindicativos, merecen en justicia ser nombrados como aquel Tribunal de Orden Público, de infausta memoria.”

Desde aquella fecha hasta hoy, los tribunales y las autoridades gobernativas no cesaron de aplicar la Ley Mordaza y ejercer la más indigna represión, sin que en nada se notasen los cambios producidos en la representación política institucional.

Sólo en los cuatro primeros meses de aplicación de la Ley Mordaza más de 300 sindicalistas fueron encausados en todo España por participar en piquetes informativos de huelga y en los años siguientes miles de trabajadores fueron sancionados con multas o penas privativas de libertad por su mera participación en actos de reivindicación y protesta laboral y social.

Según reconoció la propia estadística oficial de ‘criminalidad’ el 20 de enero de 2020: “Desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana no ha dejado de aplicarse en todo España. Es más, cada año se han puesto más sanciones y se ha recaudado más en multas, con un incremento del 80% de 2015 a 2018”. Las principales víctimas de estas sanciones fueron -y siguen siendo- los activistas y manifestantes en la vía pública, los partícipes del movimiento sindical y social, los testigos de los abusos de las fuerzas de orden público, entre ellos los periodistas gráficos, los artistas y compositores, etc.

La clase trabajadora y la CGT de Pontevedra participará con las organizaciones firmantes del anterior manifiesto en todos los actos que se promuevan para la total derogación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Solamente desde la lucha sindical y social, desde abajo y en apoyo mutuo indeclinable, articulando organizativamente el compromiso colectivo de defensa mutua y solidaridad, podremos los trabajadores hacer frente a la represión que se nos impone y amenaza: ¡Derogación inmediata y total de la Ley Mordaza!

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