Editorial

El gobierno español, a través del fiscal del estado amenaza “de oficio” (por voluntad y ánimo punitivo propio, no amparado en otra denuncia privada) con llevar a la cárcel por cuatro años y tres meses a cada uno de los cuatro pacifistas ‘culpables’ de enfrentarse al comercio internacional de armas y munición mortíferas, colaborador necesario en la perpetración de ‘crímenes contra la humanidad’. Todo ello, al mismo tiempo que se incrementa la partida de gastos militares en los Presupuestos Generales del Estado, se fomentan las ‘puertas giratorias’ entre políticos y altos cargos de la administración con las empresas de la Industria militar y se participa y alienta el militarismo internacional como aliado de la OTAN y de los conflictos bélicas más agresivos y criminales del momento actual: Israel, Arabia Saudí, regímenes de la región del Sahel …

Pasado mañana, 13 de mayo, tendrá lugar el juicio contra cuatro pacifistas que en febrero de 2018, se habían encaramado al ‘barco de la muerte’ saudí, Bahri Tabuk, en el puerto de Bilbao, mientras procedía a cargar armas con destino a la continuada masacre que el ejército saudí está ejecutando en Yemen.

La Fiscalía de Bizkaia pide penas de tres años y cuatro meses de cárcel para cada uno de ellos. Les acusa de obstaculizar una ‘estiba legal’ de un barco con ‘mercancía documentada’, cuya exportación estaba ‘autorizada por el gobierno español” pues la naviera Bahri, consignataria del buque saudí, viene utilizando la ruta española desde al menos 2016, ya con Arabia Saudí plenamente inmersa en la guerra contra Yemen. Desde entonces, 33 ‘barcos de la muerte’ de esa compañía han hecho escala en Bilbao, Santander, Motril y Sagunto. 

El gobierno actual del PSOE-Unidas Podemos, al igual que los anteriores gobiernos de cualquier pelaje político, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales franquista (ampliada por el gobierno socialista de 1987 al declarar confidenciales las actas de la Junta Interministerial encargada de tramitar oficialmente las licencias de ventas de armamento), rechaza ofrecer cualquier tipo de información sobre las cargas de estos barcos. Trata de encubrir así su papel de colaborador consciente y cómplice directo en los crímenes de guerra que está llevando a cabo el régimen de Arabia Saudí, principal autor de los bombardeos contra la población civil en Yemen, sobre la que se usa el tipo de munición y armas que los ‘buques de la muerte’ cargan en los puertos españoles.

La desproporcionada petición de cárcel pone una vez más de manifiesto la violenta y arbitraria condición de la Justicia española, en todo coherente con el militarismo estatal. No hay más que recordar que:

+ Los Presupuestos Generales del Estado español para 2021, elaborados y aprobados en plena pandemia, incrementan un 10 % la partida destinada al gasto militar, mientras quedan sin cubrir, como es de sobra conocido, necesidades sociales y sanitarias inaplazables. La partida de I+D (Investigación + Desarrollo) militar prevista para 2021 en los Presupuestos, unos 861 millones de euros, triplica la presupuestada en materia sanitaria, que es de unos 287 millones. 

+ Según informa el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una treintena de ex altos cargos de las Fuerzas Armadas y del ministerio de Defensa pasaron a formar parte de los órganos de dirección de las principales empresas del país contratistas de Defensa y exportadoras de material militar, cuya exportación depende de la autorización ministerial.

Basten a modo de ejemplo: Fernando Alejandre Martínez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (en 2020), contratado por la empresa Sener Aeroespacial en calidad de “asesor”; Salvador María Delgado Moreno, exjefe de Apoyo Logístico de la Armada, ahora en la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos, una compañía del sector de la innovación tecnológica de Defensa, Seguridad e Inteligencia, cuyo presidente del Consejo Asesor es Julián García Vargas, exministro de Defensa socialista, quien también estuvo al frente de TEDAE, la patronal de las empresas de armamento, entre 2009 y 2013: Pedro Morenés, quien llegó a ocupar distintos cargos públicos ha estado en los consejos de dirección de varias empresas armamentísticas y ha estado vinculado a Expal, fabricante de misiles. Esta misma empresa, Expal, tiene como presidente a José Luis Urcelay, Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada entre 2018 y 2019: El exministro de Defensa, Eduardo Serra, está hoy al frente de Everis, una consultora que cuenta con una empresa dedicada al ámbito de la Defensa, que cuenta con el 50% del capital de la compañía armamentística NTGS, que en 2018 tuvo como principal cliente al ministerio del Interior de Arabia Saudí.

+ La coalición gubernamental PSOE – Unidas Podemos hizo caso omiso -despreció con su silencio- a la petición el 20 de mazo de más de 50 organizaciones internacionales de Derechos humanos, para que abandonase su complicidad con la ocupación israelí de Palestina, dejase de participar en maniobras militares con el ejército israelí, pusiese fin a la intervención de empresas con participación pública española en la ocupación y colonización sangrienta por Israel del territorio palestino y, por último, deje de alinearse con la amenazante política militarista impulsada por Estados Unidos, responsable de que el gasto militar mundial alcanzase en 2020 casi 2 billones de dólares (un aumento del 2,6% respecto del año anterior, mientras que el Producto Interior Bruto mundial cayó un 4,4%).

Toda nuestra solidaridad para los cuatro pacifistas alemanes, responsables de aquella laudable acción de asalto pacífico al ‘buque de la muerte”, del mismo modo, que toda nuestra repulsa a la administración de justicia y gobierno español.

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