KÔTOKU SHÛSUI Y SUS COMPAÑEROS

Terrorismo de estado contra la razón anarquista y sindicalista en Japón / y 2

En el anterior memorial libertario (La Campana, nº 42), recordábamos que este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento del anarquista Denjiro Kôtuku Shüsui, asesinado junto con otros 11 compañeros por el Estado japonés, tras urdir contra ellos un complot policíaco-judicial. Narrábamos, como el joven pacifista Denjiro Kôtoku tras cumplir condena por manifestarse contra la guerra y el militarismo y después de un corto pero activo exilio en las filas del movimiento anarquista estadounidense, había regresado a su país, dispuesto a continuar la lucha y difundir el ideario anarquista, proclamando la ruptura con los partidos políticos: “No será por medio del sufragio universal y la política parlamentaria como se hará una verdadera revolución; para lograr los objetivos del socialismo, no hay otro medio que la acción directa de todos los trabajadores unidos”.

Kôtoku iniciará una frenética labor de propaganda, colaborando con los periódicos anarquistas que iban surgiendo en numerosas ciudades y zonas rurales, los más de ellos clandestinos, mientras la policía se incautaba una y otra vez de las ediciones y perseguía a sus promotores. Los postulados kropotkinianos de Kôtoku a favor de la explotación comunal de las tierras a través del apoyo mutuo, penetraban rápidamente en las poblaciones campesinas, que empezaban a sufrir las consecuencias del cada vez más agresivo capitalismo agrario. “Debemos construir -se decía en los escritos y discursos de propaganda- el ‘comunismo libertario’, en donde podremos desarrollar la explotación comunitaria con los más avanzados desarrollos científicos y con la superior moralidad del apoyo mutuo”.

Sin embargo, si bien el movimiento anarquista se difundía y arraigaba fácilmente en el mundo rural, el anarcosindicalismo, aunque con importante presencia en el mundo urbano, tenía grandes problemas para desarrollarse. No siendo el menor de ellos, la fortísima represión policial y la publicación por el gobierno de la denominada “Ley policial de pacificación pública” que dejaba las manos libres a las autoridades para prohibir, sancionar y reprimir brutalmente cualquier atisbo de movilización social de los anarquistas.

Este hostigamiento gubernamental llevó a un grupo de anarquistas a desesperar por la lentitud de los progresos en cuanto a la movilización del proletariado y a concebir un plan para atentar contra el emperador. Esta decisión fue inmediatamente aprovechada por el gobierno, no para castigar a sus autores, aunque también, sino para montar la gran farsa judicial conocida como “Proceso de Alta traición”, concebida como un instrumento para descabezar a sangre, tortura y horca todo el movimiento libertario.

Además de detener a los cuatro implicados directamente en los intentos de fabricación de las bombas, el gobierno organizó una intensa represión, encarcelando a cientos de anarquistas a lo largo del país y, finalmente, llevó a cabo un juicio sumarísimo y fraudulento contra 26 de ellos, entre los que se encontraban Kôtoku, su compañera Kano Sugano y otros seis compañeros, quienes nada tenían que ver con el grupo que pretendía el atentado.

Los medios libertarios occidentales se hicieron eco de la situación, como ocurrió en la revista norteamericana Mother Earth, que inició una campaña de protesta, rápidamente seguida por Freedom en Inglaterra, Les temps nouveaux en Francia, Tierra y Libertad en España o Le Réveil en Suiza.

Sin embargo, la movilización no logró parar el crimen.

“Kôtoku y otros -se decía en el editorial de Mother Earth del 12 de febrero de 1911- fueron arrestados bajo el cargo de conspiración, aunque la policía no pudo hallar ninguna prueba. La policía de Tokio ha fabricado las ‘evidencias’ y alterado las ‘pruebas’, usando a infiltrados policiales y agentes provocadores, llevando a los detenidos ante un juzgado especial … el juicio no fue abierto para el público, salvo quince minutos en el primer día, pero nunca más. Los abogados defensores estaban designados por el gobierno”, mientras que a un grupo de abogados que intentaron en verdad defender a los acusados, se les amenazó con su propia ejecución inmediata.

En estas condiciones fueron juzgados los 26 detenidos. Apenas un mes después se dictó la sentencia: 24 condenados a la pena de muerte y 2 condenados a 8 y 11 años de condena. Posteriormente, se conmutarán 12 penas capitales por cadena perpetua, ejecutando la sentencia sobre los demás el 24 de enero de 1911. Ese día perdieron su vida ahorcados de uno en uno doce anarquistas inocentes del presunto crimen que nadie había cometido: Kôtoku Shûsui, Kano Sugano (compañera de Kôtoku), Unpei Morichika, Tadao Niimura, Takichi Miyashita, Rikisaku Hurukawa, Keushi Okumiya, Seinosuke Ooishi, Heishiro Naruishi, Uichita Matsuo, Uichiro Niimi y Gudo Uchiyama,

Al terror del cadalso siguió una oleada de terrorismo de estado contra los anarquistas, considerados por la prensa y secuaces del régimen militarista como “demonios occidentales”.

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